N.B. de ANÁLISIS

“Vimos incansablemente cómo se confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional. Esto se da, es posible por la anulación de innumerable cantidad de normativa. No hay control de los órganos de la Constitución Provincial. Vimos como un particular -Guillermo Berger- hizo los spots para el Estado. Berger mandando un mail a –Emiliano- Giacopuzzi y definiendo el logo de Turismo de Entre Ríos. Rina Deymonnaz desconociendo de dónde salió una marca de gestión. Giacopuzzi trabajando para el Ministerio de Cultura y Comunicación. Giacopuzzi mandando a Gerardo Caruso un render clandestino en el que aparece el parador. Vimos una empresa privada constituyendo domicilio en la casa del exsecretario de Justicia de la provincia. Vimos cómo el exministro de Turismo, Hugo Marsó, llamaba a Tep y queriendo hablar con Juan Pablo Aguilera para ver qué habían arreglado. Vimos a la contadora Corina Cargnel gestionando merchandasing para la provincia de Entre Ríos, igual que el empresario Germán Buffa. Vimos a un perito de parte que es empleado de la Legislatura. Vimos a empleados del ex Ministerio de Cultura gestionando para dos empresas privadas como Tep y Next, y cobrando sueldo ahí también. Vimos a Gustavo Tamay gestionando para Tep y Next. Vimos la intervención de familiares del exgobernador Sergio Urribarri gestionando con proveedores del Estado. Vimos cómo un empresario pagó a la familia Urribarri las suites presidenciales en un hotel de lujo de Mar del Plata. Vimos cómo un empresario proveedor del Estado –Diego Cardona Herreros- pagaba vuelos para la familia Urribarri”, enumeró el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull al concluir su alegato, cuando comenzó la jornada de este jueves en el megajuicio por corrupción.

El fiscal estuvo a cargo específicamente de la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015. “Todas las irregularidad se traducen en no poder encontrar el límite entre la función pública y la privada. Esta confusión no es inocente, se violaron innumerables normas. Esto no es un cúmulo de trabajo, de inexperiencia, de falta de previsión. Son irregularidades y se alejan del control de los órganos constitucionales. Irregularidades administrativas que siempre tienen como beneficiarios a funcionarios públicos. Se demostró que tienen el beneficio para funcionarios públicos y conllevan perjuicio al Erario público. No olvidemos que esta causa no son dos spots y un parador, la sumatoria de estas causas acumuladas contemplan un desvío de más de  9 millones de dólares, que traducidos a la actualidad significan 1000 millones de pesos. Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo, todo debe ser valorado en su conjunto. El interés particular de los funcionarios públicos, se sustituyó el interés público por el privado. No es un malentendido, no es una confusión, es corrupción”, dijo.

En referencia puntual a su legajo, comparó las irregularidades descriptas por el fiscal Gonzalo Badano en la causa por la difusión de los cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur en Paraná -causa Nelly-, con las irregularidades detectadas en el legajo que él investigó. “Luego de escuchar al fiscal Badano y advertir todas las irregularidades en la contratación de la empresa Nelly Entretaiment de Jorge Corcho Rodríguez, en la causa que me compete es muy similar; tanto que podríamos cambiar el nombre de las empresas Nelly por El Juego en que Andamos, o los nombre de Corcho Rodríguez por el de Gerardo Caruso. Se dan las mismas irregularidades, es el mismo modus operandi de una organización delictiva”, acusó.

Señaló que los expedientes administrativos para aprobar la difusión de los spots y para instalar el parador playero, fueron con carácter de urgencia sin esa necesidad. “Dejan transcurrir el tiempo para generar un motivo falso para reducir los plazos, y evitan así la presentación de oferentes para evitar la competencia que luego simulan, porque ya alguien estaba elegido”, manifestó.

“Se acusa en esta causa a Sergio Urribarri, Hugo Marsó, Gerardo Caruso, Juan Pablo Aguilera y Corina Cargnel. Se sustrajeron 14 millones 561 mil 870 pesos o más de 1 millón de dólares. Para llevarlo a cabo usaron el parador, direccionaron trámite administrativo en Caruso, titular de la empresa El Juego en que Andamos. Se confundieron los intereses del Estado y los particulares. El direccionamiento se hizo previo acuerdo entre Urribarri, Marsó y Caruso. Omitieron mecanismos legales vigentes y una prueba de eso es que la empresa se constituyó pocos meses antes de la adjudicación del Parador y dejó de existir poco después de la instalación. Contaron con Aguilera que acordó detalles de la instalación del parador con Caruso. Intervino Franco Urribarri que representaba los intereses de su padre, todo para instalar la precandidatura”, estructuró.

Al entrar en detalles, recordó que la “tramitación del expediente dio una apariencia de legalidad con el objetivo de ocultar el desvío de dinero o la finalidad que era la promoción de la figura de Urribarri. Se intentó dar una apariencia de legalidad y surgieron irregularidades que dejaron evidente la ilicitud”. Especificó que se inició el expediente con una nota que presentó Hugo Marsó como ministro de Turismo de la provincia al director de servicio contable de la Gobernación que era Gustavo Tórtul. “Se presentó un presupuesto que no se sabe de dónde salió, con un valor aproximado a los 15 millones de pesos. Se hizo una reducción de plazos, justificada en la proximidad de esta promoción que sería en enero de 2015. Pero esto tuvo un comienzo tardío que fue deliberado porque es una actividad que se podía prever. La urgencia no existía, fue presentado a último momento, se podía prever el inicio de temporada que comienza todos los años en la misma fecha. Dejaron transcurrir el tiempo para generar motivo falso para reducir los plazos y evitaron la presentación de oferentes, para evitar la competencia que luego simularon porque ya alguien estaba elegido”, alegó.

El exgobernador y actual embajador de Chipre e Israel, Sergio Urribarri, en la Asamblea Legislativa de Entre Ríos, hace dos días atrás. (Foto: ANÁLISIS)

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Recordó que los imputados consiguieron una ordenanza del municipio de Pueyrredón. Y retomó la declaración de Aguilera cuando explicó que pensaron en Mar del Plata porque allí se había trasladado “la rosca política”. “Y eso se ve en las notas periodísticas. Otra prueba de este direccionamiento es el uso de la empresa Castromil para simular la competencia”.

Ramírez Montrull aseguró que el empresario Caruso “contó con información privilegiada” y describió las coincidencias de día y lugar en la compra de pliegos, además de señalar que las dos personas que adquirieron los pliegos -en una sucursal del Banco de Entre Ríos, ubicada a pocas cuadras de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires- fueron posteriormente contratadas por la empresa de Caruso.

“El 12 de diciembre de 2014 se llamó a licitación. Las dos personas fueron juntas a comprar los pliegos el 18 de diciembre. Esta simulación afecta los principios de libre concurrencia y transparencia. Pocos días después, el 23 de diciembre, El Juego en que Andamos presentó una oferta que cotizó pocos más de 14 millones de pesos. Las dos propuestas, la de Caruso y la de Castromil tienen la misma tipografía. Las dos propusieron un parador de 2.400 metros cuadrados, aunque eso no estaba en el pliego”, alertó Ramírez Montrull.

El fiscal dijo que la empresa de Caruso presentó una nutrida agenda de actividades “5 días después”. “El 15 de diciembre se inscribió en el Registro de Proveedores de la provincia, un día antes que se publique el llamado a licitación. Además, fijaron domicilio en Larroque, en la casa del exsecretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué. La empresa no tenía experiencia en el rubro”, recordó y describió una serie de inconsistencias en el expediente administrativo de inscripción al Registro de Proveedores.

Cuestionó que la publicación del decreto de adjudicación en el Boletín Oficial de la provincia haya ocurrido el “26 de junio de 2015”.

“El 29 de diciembre de 2014 resultó adjudicado Caruso y el 3 de enero se inauguró el parador. Ese dato es suficiente para probar negociaciones incompatibles, es imposible hacer todo en 4 días sin conocimiento previo. En la tramitación no intervino Contaduría General, tampoco la Secretaría Legal y Técnica”, marcó y refirió a la “falta de control de organismos internos” y del cruce de llamadas entre los involucrados en la causa.

“De los informes surge que entre Urribarri y Caruso hubo 181 comunicaciones. La primera es el 20 de octubre de 2014, y el expediente inició el 5 de diciembre de 2014. Caruso en debate dijo que era constante hablar con Urribarri, esto no fue corroborado por los informes telefónicos. Desde el 1 de abril de 2014 hasta el 20 de octubre no existió llamada constatada entre Urribarri y Caruso que dijo que hablaban de futbol, del hijo de Urribarri. Eso no tiene ningún respaldo. Obviamente comenzaron a hablar por teléfono para acordar la instalación del parador, después del parador dejaron de hablar”, acusó.

Refirió después a que simultáneamente, Aguilera desplegaba sus redes con el mismo fin. Y que la familia Urribarri consiguió que el empresario Jorge Nigro -subcontratado por la empresa Nelly Entretaiment para difundir los spots televisivos con dinero de la Cumbre del Mercosur-, pagara una estadía en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata mientras funcionó el parador. “Esta confusión entre la actividad estatal y la privada es una confusión delictiva”, alegó.

Además retomó testimonios en el marco de la causa parador que daban cuenta del inicio de trabajos en la playa antes que se adjudique la contratación.

Viajes en avión y figuras de animales en vidrio

En otro tramo de su alegato refirió a un viaje en avión, en noviembre de 2014, que hicieron Franco Urribarri, Gerardo Caruso y Juan Pablo Aguilera. “Los tres en el mismo vuelo de Buenos Aires a Mar del Plata, el 11 de noviembre. Esto se acreditó con información de la empresa Interfly. El 10 de noviembre el empresario Diego Cardona Herreros se contactó con esa empresa y compró los pasajes para los tres. Ida y vuelta, de Aeroparque a Mar del Plata. La compra se facturó a nombre de Relevamientos Catastrales. Este tribunal no tiene conocimiento sobre Cardona Herreros, titular de relevamientos Catastrales, es un empresario que contrató varias veces con la provincia de Entre Ríos”, aseveró el fiscal.   

Ramírez Montrull recordó que Cardona Herreros es accionista de otra empresa que también contrató con el Estado provincial, Latin Outdoor SA. “Es titular de la empresa Sistemas Administrativos y Consultoría SA –agregó Ramírez Montrull-, una firma que usó Aguilera para adquirir la impresora de Formato Urbano, secuestrada y embargada. Esta información surge del disco externo de Cargnel y de sus correos electrónicos”.

Sumó después que Relevamientos Catastrales también compró pasajes a la esposa de Urribarri, Ana Lía Aguilera y el propio exgobernador. “Hay compras de Cardona Herreros en el exterior, a través de sus empresas, compra de bienes y servicios para la familia Urribarri”, apuntó, recordando el vuelo familiar a Grecia. Toda esa información fue secuestrada en allanamientos a las oficinas de Cardona Herreros donde, entre otras cosas, secuestraron un ejemplar del libro escrito por Urribarri, El pueblo manda, con una afectuosa dedicatoria del exgobernador al empresario. “en el mismo libro, en la solapa delantera cuenta de su candidatura a presidente. Además en ese allanamiento de Relevamientos Catastrales se secuestró comprobante de compra a nombre de Urribarri y Cardona Herreros, compraronuna figuras de animales de vidrio”.

“El objeto del parador era el posicionamiento de Urribarri y no la promoción turísitica, y no había urgencia en la tramitación administrativa”, valoró.

El retorno

En otro tramo de su alegato, el fiscal habló del esquema de retornos de la empresa El Juego en que Andamos a Juan Pablo Aguilera. Según declararon los imputados, Caruso debió recurrir a la ayuda financiera del cuñado del exgobernador por los gatos y explicaron la planilla que apareció con el nombre “esquema de devolución” armado por la contadora Cargnel.

Ramírez Montrull señaló que se trató de “4 millones 800 mil pesos” y que según declaró Caruso fue devuelto la mitad mediante transferencia bancaria y mitad cargando con pasivos de Tep. “En ese momento no había billetes de 500 ni de mil. Se imaginan que eran 50 mil billetes de 100 pesos, o sea 50 kilos en billetes de 100 pesos. Esto habla de lo insólito de la declaración. No me imagino cómo Aguilera, que fue en avión a Mar del Plata, hizo para pasarlo por el aeropuerto. Eso no fue un préstamo, fue un retorno. Esta operación, si fue un préstamo, tuvo que quedar registrada ¿tanta plata de palabra? Se tiene que hacer por transferencia o cheque, otro mecanismo, porque si no hay que dar curso a lavado de activos. Esto debió ser informado por lo que exige la ley. Hay elementos insólitos”.