Vialidad: Cristina Fernández busca apartar al fiscal y al presidente del tribunal

La vicepresidenta anunció por Twitter que instruyó a su abogado para que recuse al fiscal Diego Luciani y al juez Giménez Uriburu en base a fotografías publicadas por Página/12, en la que ambos aparecen en el pasado jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Se espera una respuesta de la fiscalía sobre la teoría del lawfare. Además, qué fundamentó la fiscalía sobre las 51 obras denunciadas hasta el momento.

Este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expondrán en la cuarta audiencia de su alegato en el juicio oral y público contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de haber completado la descripción de las irregularidades y presuntos delitos en las 51 obras viales adjudicadas al exsocio de los Kirchner, Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La audiencia comenzará alrededor de las 8.30 de la mañana, horas después de que la vicepresidenta anunciara en su cuenta de Twitter que recusará al fiscal Luciani y al presidente del Tribunal Oral Federal número 2, que debe juzgarla por el caso conocido como Vialidad o presunta corrupción en la obra pública.

“He instruido a mi abogado -Carlos Beraldi- para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta”, dijo la expresidenta la noche del domingo. Al mencionar a “los jugadores de fútbol”, la exmandataria se refería al fiscal que encabeza su acusación y al juez Rodrigo Giménez Uriburu. Ambos deberán responder la recusación de la vicepresidenta.

Este domingo, Página/12 publicó un artículo con una serie de fotografías en las que se ve a ambos magistrados integrando el mismo equipo de fútbol y jugando un torneo que se realizó en Los Abrojos con dirigentes de Cambiemos. La quinta es propiedad del expresidente Mauricio Macri, a quien Fernández de Kirchner atribuye la motorización del juicio en su contra en 2019.

La adjudicación de obra pública a Báez había sido denunciada por Elisa Carrió en 2008, cuando Fernández de Kirchner acababa de asumir su primera presidencia y el kirchnerismo mantenía una buena relación con el poder Judicial, pero la Justicia no avanzó en la investigación hasta que en 2016 el gobierno de Cambiemos presentó un informe sobre las licitaciones sospechadas.

Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, los exfuncionarios Julio De Vido y José López y otros nueve acusados son juzgados por una supuesta asociación ilícita y defraudación a la administración pública en la adjudicación de las obras. “Una colosal defraudación en perjuicio del Estado”, definió Luciani a la maniobra, y agregó este viernes que se trató de un “saqueo del que fue víctima el Estado” y que “cartelización -de las obras viales en Santa Cruz-  no fue un simple acuerdo entre los competidores”, sino que “fue armada, diseñada y ejecutada por los máximos responsables del Estado” para favorecer a las empresas de Báez.

Los jueces Bassi, Gorini y Giménez Uriburu, en la primera audiencia del juicio de Vialidad. El tercero es actualmente presidente del tribunal y sería recusado por Fernández de Kirchner. Centro de Información Judicial (CIJ).

Si bien mantiene el hermetismo sobre cómo continuará su alegato, el fiscal ya adelantó que en las próximas audiencias, Luciani responderá las críticas de Fernández de Kirchner y otros imputados y sus abogados que realizaron durante el juicio en torno a la teoría del lawfare (guerra judicial) y a que la acusación que encabeza Luciani sería parte de una causa “montada” y “fraguada”.

Luciani reveló la semana última parte del contenido del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López, que incluye mensajes de texto y de WhatsApp nunca antes expuestos en público y que incluyen conversaciones y reuniones entre la entonces presidenta; su hijo, Máximo; López; y Báez, entre otros.

Además, este viernes, junto a su colega Mola, Luciani finalizó la descripción detallada de las 51 obras investigadas, que se adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz y que incluyeron proyectos de pavimentación de rutas, calles y caminos y la remediación de canteras.

Estas son las características de esas obras viales que se reiteraron tanto en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta (2007-2015), de acuerdo con los fiscales:

El fiscal Diego Luciani comenzó su alegato con un resumen de la acusación y la descripción de las 51 obras y sus irregularidades y supuestos delitos. Captura de YouTube.

No había competencia real entre los oferentes: las diferentes empresas de Báez competían entre sí, lo cual está explícitamente prohibido en la normativa. Por ejemplo, Austral Construcciones competía contra Kank & Costilla o Gotti Hermanos, adquiridas por Báez.

Uno de los patrones de las licitaciones es que no se publicitaban, como exige la normativa, en los diarios y medios de difusión habituales, para evitar que otras empresas se presentaran, afirmaron los fiscales. Incluso a veces se evitó anunciar el llamado a licitación en el principal diario de la provincia y sólo se publicó en los medios de la localidad donde se realizaría la obra.

Uno de los puntos de los pliegos de bases y condiciones que colaboraron con el objetivo de evitar una abierta competencia entre las constructoras para obtener las mejores ofertas para el Estado provincial y nacional fue el veto a la participación de empresas que no fueran de Santa Cruz o que tuvieran al menos diez años de experiencia en obras en la provincia.

A medida que se capitalizaba con los fondos públicos de los contratos viales, Báez adquirió también otras empresas de la provincia con esos años de experiencia para convertirse rápidamente en un oferente múltiple.

Existió una cartelización entre las empresas de Baéz y unas pocas constructoras que se prestaron a simular una competencia que no era real para “dar apariencia de legalidad” al proceso. Luciani contó que en 2016, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba a cargo del gobierno nacional, la administración de Cambiemos volvió a licitar un tramo de una obra de la ruta nacional número 3 que el Grupo Báez había dejado abandonado. Como el gobierno macrista no tenía un acuerdo con Báez, cambió esa exigencia de los pliegos: en vez de dos o tres constructoras, se presentaron 13 oferentes a la licitación.

Parte constante de la maniobra expuesta por los fiscales demostró, en base a los expedientes administrativos que expusieron, que cuando en las licitaciones se sumaba una tercera empresa para “simular” que las empresas de Báez tenían competencia en la provincia, este tercer oferente siempre quedaba sistemáticamente descalificada porque jamás se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”.

Luciani denominó a esta empresa sistemáticamente descalificada como “acompañante de cortesía”. Ese rol lo cumplieron las constructoras Petersen (de la familia Eskenazi), Esuco (de Carlos Wagner).

Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada.

Los fiscales también demostraron, a través de los expedientes de las licitaciones, algunos de los beneficios que recibieron las empresas de Báez. Se ampliaron sistemáticamente los plazos de las obras adjudicadas al grupo, superando incluso en una década el tiempo establecido en los pliegos y contratos, y sin justificación aparente. Esta extensión de plazos generaba, además, redeterminación de precios de las obras, también, en detrimento del Estado.

Los funcionarios también firmaron circulares que cambiaban las condiciones de contratación a favor de las empresas de Báez y en detrimento del Estado una vez que ya estaba adjudicada la obra (aumento de presupuesto en millones de dólares; obras adicionales a la original que deberían haber licitado; ampliación de plazos). A veces, estas modificaciones se realizaban incluso inmediatamente después de la adjudicación de la obra original.

Los expedientes evidencian celeridad, apuro en llevar adelante la licitación y adjudicar las obras, sin cumplir con los controles previos y análisis de ofertas (por ejemplo, las comisiones de estudios y preadjudicación de las ofertas de las empresas se conformaban después de la adjudicación de la obra).

A pesar del apuro inicial por licitar y adjudicar las obras que terminaban en manos de Báez,  luego la ejecución de la obra se extendía en los plazos sistemáticamente, una vez adjudicada; o se decidía que la obra arrancara meses después, por la veda invernal; o que incluso se suspendiera tras la adjudicación, por ejemplo, para expropiar tierras.

José López, exsecretario de Obras Públicas, es uno de los trece acusados en el juicio de Vialidad. El contenido de su teléfono celular fue una de las revelaciones del alegato de la fiscalía. Centro de Información Judicial (CIJ).

Los fiscales aseguraron que reinó la ausencia de control durante la ejecución de obras. Sólo 27 de las 51 obras fueron culminadas, de las cuales 24 sufrieron demoras severas, que superan en casos los diez años, con retrasos injustificados, encubiertos por la administración, afirmaron Luciani y Mola.

Además, otras 24 obras fueron abandonadas, quedaron inconclusas con plazos y presupuestos aplicados en millones, a pesar de que las empresas cobraron los adelantos financieros.

Una de las razones por las cuales las obras no pudieron ser culminadas o se extendían los plazos tras la adjudicación fue que las empresas de Báez ganaban las licitaciones sin contar con la capacidad técnica que requerían las obras (cantidad de maquinarias, profesionales, mano de obra). La capacidad técnica es una de las exigencias centrales de los pliegos de bases y condiciones que deben evaluar los funcionarios antes de adjudicar la obra para garantizar que el Estado no deberá desembolsar dinero de más y la obra estará a tiempo para cumplir su función social. “De antemano, se sabía que no iba a cumplir”, explicó Luciani el viernes.

(elDiario.Ar)

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