La vocal entrerriana, Susana Medina, conduce la política de género de una Asociación donde denunciaron al presidente por violencia laboral, acoso sexual y abuso de poder. No es el único problema institucional que estalla cerca de la jueza entrerriana, con aspiraciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Hace unos meses, trascendió la denuncia pública contra la segunda de Medina en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), la riojana Norma Abate de Mazzucchelli, que pidió coimas a una familia para acelerar un juicio sucesorio.

Según publicó Infobae este jueves, presentaron una denuncia contra Alejandro Patricio Maraniello, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, un instituto que también integra la vocal entrerriana Susana Medina como directora de Género.

Maraniello es juez en lo civil y comercial. Fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, comportamiento inapropiado en redes sociales, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del Reglamento para la Justicia Nacional. El magistrado es, además, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una asociación de jueces con varias reparticiones, entre ellas, una Dirección de Género que está a cargo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina.

https://aajc.com.ar/home/institutos/instituto-de-derecho-de-genero/

No se trata de una función nominal, sino que la Dirección de Género de la AAJC hace poco más de un mes organizó su primera actividad. En efecto, el 14 de junio a las 16, a través de una plataforma virtual realizaron un encuentro denominado “Juzgando con perspectiva de género. En homenaje a la doctora Carmen Argibay”. En ese encuentro virtual, se contó con la palabra del ahora denunciado colega de Medina, el juez Maraniello.

https://amja.org.ar/1660-2/

Violencia de género

Este jueves se difundió un informe sobre la denuncia contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura. La presentación fue realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN). “Resulta un imperativo moral y ético formular esta denuncia a los fines de que se investigue las conductas reprochables, se sancione al Dr. Alejandro Patricio Maraniello y, de esta manera, se contribuya a evitar mayores víctimas”, se sostuvo.

Se trata de una víctima a la que se le asignó el nombre ficticio de Andrea -con la intencionalidad incluso de que a través de ese nombre no se pueda identificar su género porque está habilitado para hombre como para mujer. “Los datos verdaderos y completos de la persona afectada surgen de la escritura pública que en copia se adjunta, en sobre cerrado, y cuya apertura solicitamos se realice, exclusivamente, ante las autoridades pertinentes del Consejo de la Magistratura de la Nación”, se advirtió.

Otra funcionaria, no obstante, ya había iniciado actuaciones administrativas contra el mismo juez por hechos que, en su mayoría, también son coincidentes -abuso de poder y/o autoridad, mal rato, desvío de fondos, peculado, todos ellos constitutivos, como mínimo, de un incumplimiento del Reglamento para la Justicia de la Nación-, sucedieron en un mismo ámbito laboral -Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5 y 6- y en una misma oportunidad temporal -período que va desde el mes de marzo de 2022 al mes de julio de 2024.

Lo cierto es que, ahora, Andrea “luego de mucho tiempo de temor y mantenerse en silencio decidió acercarse a algunos ex compañeros de trabajo y a las autoridades del sindicato” para contar su padecimiento. “Entre lágrimas, dolor y repugnancia por lo vivido”, dice la denuncia, Andrea contó que “los actos de humillación eran constantes y muchas de las personas que trabajaban” con ella estaban en condiciones de respaldar su acusación.

La denuncia describe a Andrea como una persona “hipervulnerable”. Vive en Villa Domínico, su padre es camionero (“particularidad que también utilizó el Sr. Juez, como término despectivo, para hacer efectiva su discriminación y agresión”), bon bajo grado de apoyo social y extremada dependencia económica.

“Desde un primer momento, Andrea fue víctima del acoso sexual del Dr. Alejandro Patricio Maraniello y pareciera que luego, cuando él no pudo seguir avanzando en este accionar, comenzó con e hostigamiento laboral y personal a niveles de humillación jamás pensados. Andrea terminó alejada del Poder Judicial de la Nación, nunca mas fue convocada por ningún juez ni funcionario para volver a trabajar y, a la fecha, se encuentra bajo tratamiento psicológico”, se afirmó. “Terne que el Dr. Alejandro Patricio Maraniello la persiga, la denuncie, amenace y lo que aún es peor; concrète sus amenazas. Según sus propios dichos, el Sr. Magistrado, en todo momento, se encargó de que le quede claro que tiene amistades y contactos ‘con gente de la política’, ‘en el Poder Judicial’ y ‘alardeaba de sus contactos en la Cámara del Fuero’”, dice la denuncia.

Tras la denuncia de la primera funcionaria, el juez le habría pedido a Andrea que le enviara una nota en donde ella tenía que dar cuenta del “buen trato que él le habría dispensado”. El texto que está en poder del Consejo de la Magistratura también adjuntó una serie de copias de mensajes que el juez le mandó por Telegram y por Instagram. “Existió por parte del Sr. Magistrado una clara violación al deber de observar buena conducta dentro y fuera del ejercicio de su magistratura. Ciertamente, mantener una conversación y enviar fotos a una persona con desempeño laboral ante el juzgado a su cargo, a través de la plataforma Instagram, los fines de semana, generando y/o propiciando conversaciones de carácter personal e, incluso, mostrando parte de lo que sería su casa constituye un comportamiento grave e inadecuado para un Magistrado”.

La presentación agrega la situación de los empleados y funcionarios con desempeño ante los juzgados a cargo del magistrado, que -se sostiene- “no tenían agua para beber, debían traerse los útiles de trabajo -lapicera, lápiz negro, goma de borrar, pegamento, entre otros-)”. Allí también se asegura que “Maraniello dispuso de fondos y el trabajo de personas en exclusivo beneficio propio y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional que él preside” cuando el dinero de la caja chica del juzgado son fondos asignados por el Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir necesidades propias de los órganos jurisdiccionales.

La presentación reclama además que se excusen de intervenir en el tratamiento de su caso el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, los consejeros Alberto Lugones -en representación de los Jueces del Poder Judicial de la Nación- y Jimena de la Torre -en representaciôn de la abogacía-, junto al secretario de la Comisiôn de Acusación, Andrés García. es porque todos forman parte de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. “Lugones es nada menos que el Secretario General de la Asociación de Argentina de Justicia Constitucional. Es de nuestro efectivo conocimiento la asiduidad del Sr. Magistrado denunciado con algunas de las autoridades recusadas que excede incluso la actividad estrictamente asociacional”, se aseguró.

“El agresor de Andrea es la cabeza máxima de un Juzgado Federal (Juez), integrante de una asociación civil dedicada nada menos que al derecho constitucional argentino (Presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional) y autoridad destacada de una organizaciôn mundial destinada a ésta rama del derecho (Présidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional). En esta línea de desigualdad también existe entre el agresor y la víctima una notoria diferencia de edad, disparidad académica, económica, de fuerza fîsica y disponibilidad de recursos de toda índole”, se afirmó.

En la denuncia se reclama además que se dicten medidas que garanticen a la víctima “su inmediata reincorporación al cargo más bajo del estamento administrativo y en una unidad laboral distinta a la que se desempeña el Dr. Alejandro Patricio Maraniello” y “la devolución de todas aquellas sumas de dinero desembolsadas por la víctima para afrontar su atención psicológica” a raíz del accionar del juez denunciado.

Y entre las medidas de prueba que se solicitan incluyen el pedido de una pericia psicológica al juez para establecer “conductas manipulatorias, fabulatorias, de omnipotencia y tendencias psicopáticas que le impidieran experimentar la necesaria e indispensable empatía con los otros que, por cierto, debiera encontrarse especialmente desarrollada tratándose de un Juez de la Nación”.

Medina y las bombas que estallan cerca

A principio de año, la otra bomba que estalló cerca de Susana Medina fue la denuncia contra la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). La vocal entrerriana es la presidenta de esa entidad.

La jueza riojana Norma Abate de Mazzucchelli se vio vuelta en un escándalo cuando trascendió la denuncia mediática, producto de una investigación de Telenoche que se presentó con el título “La jueza más rápida del Oeste”. El trabajo periodístico exponía a la jueza pidiendo coimas a una familia para acelerar un juicio sucesorio.

Cuando se conoció públicamente la conducta de Abate de Mazzucchelli, Susana Medina respondió al requerimiento periodístico televisivo y le pidió la renuncia a su segunda.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, impulsó un jury y la magistrada fue destituida del cargo la semana pasada.

La segunda de Medina en AMJA fue destituida por pedir coimas para agilizar expedientes