
Cabe recordar que a través del proyecto aprobado por su Legislatura, Córdoba pasó a ser la primera provincia en apartarse del acuerdo fiscal con dos décadas de aplicación, pero debe ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de dictaminar si los fondos retenidos deben volver o no al estado mediterráneo, consignó la agencia DyN.
El Ejecutivo provincial prevé que si se detiene esa deducción de recursos, que implica para las arcas cordobesas una pérdida de aproximadamente 2.000 millones de pesos en todo 2012, se equilibraría el déficit del sistema previsional local.
Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Reestatizado el sistema en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.
Dos días después de que fallara una audiencia de conciliación entre el gobierno nacional y el de Córdoba, convocada por la Corte Suprema para resolver un reclamo de la provincia por 1.040 millones de pesos por un acuerdo sobre deudas previsionales, De la Sota expresó esta mañana que “esto se trata de una cuestión de cobro. He dicho que queremos cobrar y damos todas las posibilidades para que nos paguen”.
En declaraciones a la radio Mitre de Córdoba que consignó La Nación, el mandatario insistió en que está dispuesto a ponerse "de acuerdo de la mejor manera" con el gobierno nacional. Y aseveró que está “actuando en defensa del patrimonio de la provincia. Me hubieran dicho sí o no antes, hubiéramos podido ejercer las acciones jurídicas. Siempre hemos tenido la predisposición mejor, de tratar de llevarnos bien, de ponernos de acuerdo”.