De ANÁLISIS DIGITAL

La audiencia in voce en la causa ATER se realiza frente al tribunal de Juicios y Apelaciones para que los defensores puedan mejorar en forma oral los cuestionamientos en cuanto a los procesamientos dictados por la jueza de primera instancia, Marina Barbagelata. La magistrada dictó 128 procesamientos en diciembre de 2017 e imputó a personas físicas entre las que se contaron cuatro ex empleados “infieles” de la entonces Dirección General de Rentas (DGR), posteriormente denominada ATER.

La instancia de apelación de procesamientos estira un proceso que comenzó en 2014, con la denuncia del titular del ente recaudador y ex ministro de Economía de la provincia, Marcelo Casaretto -hoy a cargo del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda-. Entonces, Casaretto denunció que cientos de contribuyentes en la provincia realizaron compensaciones “truchas”, en connivencia con algunos empleados de ATER que manipularon el sistema informático para hacer “desaparecer” deudas impositivas. El cálculo sobre la defraudación fue variando con el tiempo, porque a medida que se avanzó en la investigación se fue ampliando el período investigado y aumentando el monto defraudado. El último cálculo rondó los 46 millones de pesos.

Los abogados que ayer se presentaron en el Tribunal de Juicios y Apelaciones fueron Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Santiago Halle y Alfredo Roude. Entre los argumentos que dieron para apelar los procesamientos, se refirieron a la buena fe de sus representados, cuestionaron que en la causa no se haya hecho una pericia informática, atacaron algunos testimonios que refrendan la acusación y apuntaron a quien ocupaba la cabeza del organismo estatal.

Contadores y empleados

El primero en alegar fue Raúl Barrandeguy. El abogado representa al contador concordiense Luis Alfredo Speroni. Al imputado se le atribuyó acordar con la entonces jefa de Despacho, María Estrella Martínez de Yankelevich y Daniel Gaggión, ex jefe de Mesa de Entradas, manipular el sistema informático de ATER en algunos casos para él como contribuyente y en otros casos para otros contribuyentes, a cambio de beneficios económicos. Barrandeguy señaló “dificultades o defectos” en la valoración probatoria que llevó a esa acusación formal.

Para el abogado, no existe prueba de un supuesto acuerdo entre su defendido y los ex empleados del organismo recaudador.

--¿Cómo se puede probar un acuerdo? Con escuchas telefónicas, correos, whatsapp o con testigos – preguntó y respondió el abogado, aunque sabía que whatsapp no existía al momento de la denuncia, y que las escuchas telefónicas se realizan cuando un juez las permite para una investigación en curso (algo que no ocurrió en este caso).

Luego deslizó que “un acuerdo para poner en marcha esta modalidad y semejante injusto” no se puede hacer de modo tácito. “Speroni no vino ni a tomar un café con Estrella Martínez de Yankelevich; con Gaggión o Barreto (Darío, ex director de Interior del organismo). Tampoco se probó que las computadoras o el sistema informático de ATER fueran manipulados. Si bien se hizo un esfuerzo por demostrar que las computadoras fueron manipuladas, un experto en informática puede decirnos cuándo y cómo ocurrió y en qué consistió la manipulación”, desafió.

Barrandeguy remarcó que el mecanismo de compensaciones es lícito. Atacó la declaración de una testigo que refirió en el expediente a los supuestos pagos realizado por contribuyentes que compensaron con Barreto. A esa declarante, el abogado le achacó supuestos inconvenientes de salud que le habrían impedido dar un relato fidedigno.

Se quejó por el cómo se castiga la estafa en esta época y lo comparó a la era de Pericles o la Antigua Roma. Luego dijo que “uno puede ser estafado por un ardid, un engaño o por abuso de confianza” y en esa línea fundamentó la atipicidad del delito en el caso de Speroni.

A ese alegato cuestionando el auto de procesamiento para Speroni, adhirió el abogado Candelario Pérez, en representación del contador Jorge María Zuttión.

Por su parte, Santiago Halle, defendió la inocencia de la empleada del ente recaudador, Daniela Miño. Dijo que su pupila era una empleada contratada en el Área de Despacho de ATER cuando estalló el escándalo. “Ella recibió órdenes, trabajaba en un pasillo. Tenía 25 años y era estudiante. Hoy sigue siendo empleada de ATER. Primero fue acusada de cargar cientos de compensaciones al sistema pero pudo demostrar que la mayoría de esas cargas tenían un respaldo resolutivo. Sólo le costó encontrar nueve resoluciones y por eso fue imputada. Es evidente que ella no tuvo connivencia”, manifestó el abogado y recalcó que el paso que cumplía su representada era uno de una cadena más larga. “Los expedientes no eran de Daniela Miño, ella cargaba lo que le llegaba, y lo hacía junto a Fabrizio Dayub -otro empleado imputado-”.

“Ella no tenía la potestad ni formaba parte de ninguna sociedad para engañar al Estado. Tampoco fue sancionada por ATER cuando se hizo la denuncia. Ella sólo cargaba el expediente, estaba al final del trámite. No se entiende el reproche a su conducta. No se la puede imputar ni por imprudencia. No puede haber atribución de dolo, no existe testimonio o indicio que la vincule a contribuyentes y la haga cargo de una operación fraguada”, insistió. “El modus operandi que atribuye la jueza no se le puede endilgar a mi defendida; y si aplicamos la razón con lucidez, encontramos más indicios desincriminantes que incriminantes para Daniela Miño”, completó.

Termas de Villa Elisa y Las Camelias

En el mejoramiento de apelaciones siguió el abogado de Colón, Alfredo Roude, representante de dos integrantes del directorio de Termas Villa Elisa SA (Conrado Gros y Abel Viollaz). El defensor también ejerce la representación del presidente de Las Camelias SA, Raúl Marsó. Al igual que sus antecesores, se quejó del auto de procesamiento y dijo que no está debidamente fundado.

Sobre los integrantes del Directorio de Termas Villa Elisa, Roude los describió como dos personas mayores, de campo. Dijo que los dos tienen más de 80 años, y que no conducen la empresa porque “está en mano de contadores”. “Ambos son personas del campo que llegaron a la escuela primaria de campo como máxima instrucción”, graficó. “Ellos fueron dos promotores en la búsqueda de agua termal en Villa Elisa, cuando el pueblo necesitaba expandirse. Y el agua apareció, y hoy es una delas termas más conocidas y visitadas. Pero ninguno de los dos estaba en condiciones de entender lo que los representantes del fisco pretendían en ese momento”, soltó.

El abogado señaló que “la versión de los empleados de ATER no siempre fue la misma”. Incluso mencionó que “en algún momento, la chica de allí (empleada) dijo que necesitaban recaudar para la campaña del gobernador”. “Para que haya dolo debe haber voluntad de causar un daño y ellos (en referencia a sus representados) fueron ajenos al hecho”. Por eso pidió el sobreseimiento de ambos y que, en el supuesto caso de considerar sus responsabilidades, que se lo haga a la luz de la Ley Penal Tributaria y que se ejerza “reprobación económica pero no penal”.

Roude también defendió a Raúl Marsó de Las Camelias SA. “La empresa tiene 1.216 empleados. Tiene frigoríficos, incubación, plantas de elaboración de alimentos, produce en toda la provincia, es exportadora y está manejada por seis contadores y un cúmulo de gente”, describió.

El abogado aseguró que la empresa creció exponencialmente entrada la década del 90, cuando comenzó exportaciones a “Europa y Asia”. Dijo que en un momento determinado “la empresa puso en venta una cantidad de vehículos”. “Yo propiciaba que se tercerizara el transporte por la cuestión de gremios y choferes”, dijo el abogado que se reconoció empleado de la firma. “Por eso se puso a la venta la planta de vehículos de forma muy económica, y se vendieron unidades por las cuales se produjo este problema”, identificó. Según señaló el defensor, algunos vehículos que ya se habían vendido en todo el país, tenían deudas impositivas por lo cual se hicieron moratorias con ATER. “Venía la gente de ATER y se reunía con los contadores de la empresa y no con Marsó”, sostuvo. Y agregó que en tiempos de crisis se dejaron de pagar esos convenios. Después “no se hicieron compensaciones sino que se retomaron las moratorias que se habían dejado de pagar por la crisis”.

“De pronto, la oficina de ATER San José le mandó una nota a Marsó diciendo que debían todas las patentes. A principios de 2015 le avisaron de ATER que tenía deudas atrasadas. Marsó mandó a pagar automáticamente. Ese pago se hizo el 26 de marzo de 2015. Por eso me presenté ante la secretaria de la causa y le dije que teníamos todo pago. Entonces ella me hizo una nota para presentar en ATER, para que se liquide la deuda a cargo de Marsó”, aseveró. Luego dijo que el procesamiento es por dos dominios y que “cosas pequeñas como el pago de patentes no llega al Directorio”. “Ellos están en cuanto evento mundial de promoción de alimentos, no le llegan estas cosas”, acotó.

Apuntando hacia arriba

Por último fue el turno del abogado Marciano Martínez, representante del ex empleado Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub; del contador Julio Schmukler y un contribuyente de Concordia. El defensor arrancó su alegato diciendo que “es la última vez en la historia de la justicia penal de Entre Ríos que se discute un auto de procesamiento”. “En vez de avanzar en todo esto, hemos retrocedido. Cientos y cientos de personas en toda la provincia han sido afectadas por un auto de procesamiento”, marcó.

--¿Cuándo hablamos de la Ley Penal Tributaria en todo el proceso? Nunca --dijo a poco de iniciar la exposición.

Para Martínez se acusó “la alteración dolosa del registro informático, pero sin conocer el registro informático. Nunca vi tanta arbitrariedad”, cuestionó y volvió a formular una pregunta:

--¿Durante diez años el director no se dio cuenta que su grupo de trabajo era una banda? ¿Quién era el principal sospechoso de esto? El jefe de rentas. Acá hay una responsabilidad importante, administrativa”, denunció.

Luego tornó la mirada acusatoria hacia el Tribunal de Cuentas de la provincia. “Hay gente del Tribunal de Cuentas que controla estas compensaciones. Pero acá, el más sospechoso, el director de Rentas se transformó en el represor número uno ¿y él? En realidad, el que destapaba todo era el director de Interior”, aseguró.

El defensor dijo que tanto el contador Schmukler como otros integrantes de su familia hicieron compensaciones truchas, pero engañados. Cuestionó los elementos probatorios de la jueza y fue tajante al decir que “no hay prueba”.

Martínez refirió a que después de la denuncia, Casaretto “empezó a sumariar y echar indebidamente”. “Solamente los que nombran pueden sumariar y él lo hizo. Además llamó a los que pagaron con simulaciones y les pidió que regularicen. El Estado tiene que dictar un decreto declarando nulidad de los pagos, porque la mayoría pagó por presión”, acotó.

El abogado volvió a cargar contra el ex director de ATER y dijo que “Rentas era un organismo desorganizado, sin controles ni nada”. “No hubo una auditoria informática”, criticó y pidió la revocación del auto de procesamiento.

En cuanto a la imputación que pesa sobre Dayub, el defensor le achacó la responsabilidad a Estrella Martínez de Yankelevich. “Hizo lo que Estrella lo mandó a hacer. Tanto ella como él tenían competencia para hacer compensaciones. Él lo hizo porque era empleado y el Estado le pagaba para hacerlo. Pero era competencia de ella que escribía a mano a quién había que compensar y él pasaba en la computadora”, narró.

Por último, sobre el contribuyente de Concordia dijo que fue imputado “por 2.500 pesos y se debió dictar el sobreseimiento”.