El secretario del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer), Claudio Iriberry, explicó la postura de la entidad que solicitó al gobernador Gustavo Bordet “que ejercite su facultad de veto de una futura ley sin sentido y que, de promulgarse, acarrearía muchos más problemas que soluciones”.
En un comunicado emitido por el Colegio, se alertó que “se ha tomado conocimiento que, de manera oculta y especulativa, aprovechando el inminente cambio de gobierno, fue aprobado un proyecto que pretende regular las actividades de fabricación y comercialización de los llamados ‘productos médicos’, ignorando por completo la existencia de reglamentaciones ya vigentes a nivel nacional y provincial”.
Al respecto, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Iriberry afirmó que “el malestar del Colegio viene, en principio, porque entendemos que no fuimos partícipes en el armado de un proyecto de ley en el que estamos involucrados como profesionales de la salud, y segundo porque todo el trabajo que se ha venido haciendo en la provincia de Entre Ríos –que es pionera en cuanto a fiscalización, reglamentación y habilitación para la fabricación de los productos médicos- no va en sintonía con esta ley que han armado para regular la fabricación de productos médicos en la provincia”.
Ahondó que “no hay ninguna normativa nacional ni provincial que impida hoy la fabricación y comercialización de productos médicos en Entre Ríos; al contrario, ya está todo normatizado está todo reglamentado, todo en sintonía con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT; como así también tenemos normas y reglamentaciones en sintonía con la Organización Mundial de la Salud y todas las resoluciones del Mercosur. Por eso decimos que esto más que solución es un inconveniente”.
Explicitó que “en la práctica diaria tenemos una cadena de comercialización que debe respetar la salida del laboratorio, la droguería o distribuidora y la farmacia. Este proyecto de ley, en principio, vendría a alterar esa cadena de comercialización de medicamentos y productos médicos que hoy está reglamentada y trazada por la ANMAT. Y segundo, nos dejaría afuera de lo que tiene que ver con aquellas cuestiones sanitarias, y de seguridad y eficacia de un producto médico dado que estaríamos perdiendo esa trazabilidad del producto”.
Puntualizó que “en la provincia hay alrededor de 400 farmacias y alrededor de 700 farmacéuticos” y consultado sobre la apertura incesante de ciertas cadenas de farmacias refirió que “en el Colegio de Farmacéuticos tratamos de abogar para que cada farmacia esté en manos de un farmacéutico. Sabemos que las reglas del juego permiten la entrada al rubro de algunas cadenas que están habilitadas y tenemos que respetarlo, pero siempre tratamos de que las farmacias estén en manos de farmacéuticos y buscamos la manera, políticas y trabajar en función de eso. No lo tomamos como una problemática pero estamos atentos”.
Respecto de las perspectivas con el recambio del gobierno nacional, sostuvo que “hay cierta incertidumbre porque las autoridades nacionales que nos representan todavía no han podido mantener algún tipo de diálogo con quienes puedan integrar el directorio de PAMI, la Superintendencia de Salud o el Ministerio de Salud propiamente dicho. No hay tenido reuniones todavía y hay más que nada incertidumbre, porque las autoridades salientes han dicho que dejan, especialmente en el PAMI, las prestaciones cubiertas, al menos por el mes de diciembre”.
“Respecto a la provincia no estamos preocupados básicamente porque el diálogo que se tiene con las autoridades de la obra social provincial nos dejan tranquilos porque aseguran que el cumplimiento de las prestaciones de diciembre y enero estarían cubiertas, aunque están atentos a cuál sería la política del nuevo gobierno provincial y nos han pedido un poco de tiempo para ver cómo se adaptan a la nueva gestión. Por eso estamos un poco atentos y alertas pero hay que llevar tranquilidad de que hoy las farmacias en Entre Ríos van a seguir dando prestaciones normales y las cadenas de provisión son normales en este momento”, describió.
El comunicado textual del Colegio de Farmacéuticos emitido el 1 de diciembre pasado:
“Comunicado Urgente sobre Productos Médicos: cuando se pretende regular lo ya bien regulado”
“El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos solicita al Sr. Gobernador de la provincia que ejercite su facultad de veto de una futura ley sin sentido y que, de promulgarse, acarrearía muchos más problemas que soluciones.
Se ha tomado conocimiento que, de manera oculta y especulativa, aprovechando el inminente cambio de gobierno, fue aprobado un proyecto que pretende regular las actividades de fabricación y comercialización de los llamados “productos médicos”, ignorando por completo la existencia de reglamentaciones ya vigentes a nivel nacional y provincial.
Es por ello que es una obligación ineludible el manifestarse y poner en conocimiento a las autoridades y la sociedad de esta grave y perjudicial situación. Así, bajo el disfraz de una pretendida innovación, potenciación económica local y bienestar sanitario, se esconde una jugada política que aumentará el gasto público, sin aportar beneficios en los aspectos de seguridad para el pueblo entrerriano.
Hay que tener presente que la fabricación de productos médicos se encuentra fiscalizada y controlada de manera eficiente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) en todo el territorio del país. Este organismo cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales que involucran al MERCOSUR y a la OMS.
De tal forma, la pretensión de lograr los estándares equivalentes de seguridad para la población entrerriana es un argumento erróneo, por ser ello innecesario y, además, contraproducente. Ello por cuanto los productos médicos producidos de la manera ahora pretendida en la provincia no tendrán competitividad fuera del territorio de Entre Ríos.
La aplicación de esta ley pondrá a Entre Ríos en la condición de una ISLA SANITARIA, con productos médicos de origen local que no podrán traspasar las fronteras limítrofes de la provincia para ser comercializados o empleados de manera no onerosa, en otras provincias del país y menos todavía fuera de la Argentina; ya que no contarán con el aval de un organismo del calibre de ANMAT.
Por otro lado, y en cuanto a la comercialización de productos médicos, también ya se encuentra reglamentada en los aspectos de habilitación, fiscalización y control a nivel provincial, por un robusto cuerpo normativo que comprende desde Leyes hasta resoluciones Ministeriales en Salud, las cuales atienden de manera particular y eficiente cada aspecto y actor de la cadena sanitaria (Droguerías, Ópticas, Farmacias, Casas de Ortesis, entre otras).
Por todo lo expresado, la única conclusión posible es que el motivo de la implementación de esta nueva ley no tiene por objeto la mejora de la calidad y seguridad en lo referido a productos médicos, sino que la impulsa la necesidad de favorecer intereses particulares, que aumentarán el costo del presupuesto provincial (más cargos públicos y mayores gastos administrativos y técnicos).
En suma, el proyecto recién aprobado por la Cámara de Diputados adolece de errores conceptuales y yerra en su espíritu, ya que pretende regular lo que ya está regulado de manera correcta.
Hacemos votos para que el Sr. Gobernador, en uso de sus facultades constitucionales, proceda a su veto para evitar el perjuicio que tal normativa ocasionaría a la sociedad entrerriana”.
