(De ANÁLISIS)

Tal como anunció este jueves ante la Asamblea Legislativa el gobernador Rogelio Frigerio, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto del ley del Poder Ejecutivo que deroga la utilización de gastos reservados por parte de funcionarios públicos. Para este año estaban destinados 39 millones de pesos que serán redireccionados a subsidios para paliar necesidades urgentes. Estos gastos sin rendición fueron implementados en 2017 con una trampa: mientras el proyecto original los contemplaba solo para acciones de seguridad, el oficialismo de entonces hizo valer la mayoría y la ley finalmente aprobada los destinó a “situaciones de urgencia” inespecíficas, lo que permitió seguir eludiendo controles.

La iniciativa enviada por el gobierno, a la que accedió ANÁLISIS, tiene como finalidad derogar la ley 10.533, del año 2017, que estableció la existencia de créditos presupuestarios destinados a gastos reservados y le asignó carácter de “confidencial” a la información respecto de montos y utilización efectiva.
Además, el proyecto prohíbe a futuro la utilización de este tipo de recursos sin rendición “como forma de blindar a nuestra provincia de estos posibles nichos de corrupción”, según se indica en los fundamentos.

En el texto se expuso también que los gastos reservados tienen la característica fundamental de eludir los procedimientos renditivos ordinarios que deben observar las demás erogaciones del Estado. Entre Ríos es una de las 17 provincias en las que existen este tipo de fondos.

“Si bien su existencia y secretitud ha sido justificada en la necesidad de atender a través de ellos objetivos de estrategia, seguridad o prevención del delito, lo cierto es que estos dineros públicos pueden ser utilizados para financiar a la política o para enriquecer a funcionarios, constituyendo verdaderos sobresueldos”, se argumentó más adelante.

En el ejercicio 2024, según se informó, no se realizó la apertura de la partida de gastos reservados que había solicitado el gobierno de Gustavo Bordet, por 39 millones de pesos. “Serán utilizados para atender las necesidades más urgentes de la población a través de la Dirección General de Subsidios”, se informó.

Una trampa de origen

El proyecto de ley que ahora se busca derogar fue presentado en 2017 por el entonces diputado provincial Esteban Vitor (PRO), que hoy es uno de los funcionarios que participó de la elaboración de la iniciativa que apunta a su derogación.

Sucede que el proyecto original de Vitor establecía la instrumentación de este tipo de fondos, pero solamente con la finalidad de atender cuestiones relacionadas a la prevención y combate del delito.

En los fundamentos, el legislador cuestionaba el uso de fondos sin rendición por parte de gobernador, vice, presidentes de las cámaras y otros funcionarios. A su entender, constituían “sobresueldos en negro sin aportes a la Caja de Jubilaciones ni al Iosper”.

También marcaba que “a esa extralimitación” se agregaron en 2010 “gastos de representación” de la misma partida de gastos reservados para los vocales del Superior Tribunal de Justicia, el procurador general y el defensor general.

No obstante, el entonces diputado no pudo lograr que los recursos sin rendición fueran solo para “seguridad, información e inteligencia en la lucha contra el delito”, sino que el bloque justicialista hizo valer su mayoría y se aprovechó la oportunidad para dejarlos abiertos.

El artículo 1º del proyecto de Vitor decía que los gastos reservados tendrían como fin “atender la actividad del Estado para combatir el delito” y el artículo 1º de la ley sancionada añadió “situaciones de urgencia fundadas en la gestión”, donde podía englobarse cualquier cosa y seguir eludiendo los controles.