Pese a que el juicio por la reestatización de YPF figura en el acuerdo con el FMI, el Gobierno no lo consignará en el Presupuesto 2026. Argumenta que la causa aún está judicializada en EE.UU., y por eso no puede computarse como pasivo ni asignarse partida alguna. La demanda fue iniciada por el fondo Burford, que compró los derechos del caso a la Justicia española. Se estima un eventual pago mínimo de US$ 16 mil millones. La Corte Suprema estadounidense será la última instancia.

Argentina no incluirá en el proyecto de ley de Presupuesto para el 2026 el potencial pago de los US$ 16 mil millones, de piso, correspondientes al eventual pago a los demandantes del juicio que el país perdió en primera instancia por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012. Este dinero no estará computado como pasivo de deuda, y no será mencionado en el proyecto de ley que en septiembre el Ejecutivo enviará al Congreso para su aprobación antes de que termine el año. Este proyecto de Presupuesto será el primero en ser enviado al Poder Legislativo para su aval desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre del 2023, e incluirá todos los capítulos cerrados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Facilidades Extendidas firmado en abril pasado; y que incluyen las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas en el Banco Central, además de los objetivos inflacionarios, de crecimiento y términos sociales. Sin embargo, y pese a que el juicio por YPF figura en los articulados del acuerdo con el Fondo, no habrá partidas asignadas para la reestructuración de esta deuda.

El motivo para esta posición tiene su explicación. Según la posición del Ejecutivo, bajo recomendación de la Procuración del Tesoro que maneja legalmente este tema dentro del Gobierno, no se puede avanzar en el pago del juicio o el presupuesto de esa liquidación, mientras la causa esté judicializada y haya alternativas de apelaciones. En este tiempo, la causa se encuentra hoy en segunda instancia de resolución en los tribunales de los Estados Unidos, dentro de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, sin fecha exacta de tratamiento. Siguiendo el razonamiento del Gobierno, y una vez que haya decisión en este nivel, aún quedará la opción de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y que este Máximo Tribunal resuelva luego si el caso amerita o no ser uno de los pocos que se toman por año para su definición. O si lo rechaza. Recién luego de este momento, en una u otra opción, la causa en los Estados Unidos quedaría cerrada, a favor o en contra. Y en ese tiempo podría el Ejecutivo, teórica y legalmente, avanzar con alguna negociación con los demandantes, sin el temor de incumplir con normas locales y, quizá, algún tipo de juicio en contra de las personas que acepten negociar con los fondos especulativos que vencieron en el juicio.

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya habían abandonado el proyecto y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles. Ya conocidos los fallos, se confirmó tanto en la Justicia de los Estados Unidos como en Buenos Aires, que el grupo financiero quedó fuera del litigio. Y, obviamente, dejó de ser parte de la trifulca.

Burford, luego de comprarle el caso a la Justicia de Madrid donde estaba radicada la causa por ser la residencia legal de Repsol-YPF; mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente, al mismo tribunal en el que la Argentina litigaba contra los fondos buitre: el de Thomas Griesa. Sabía Burford que el juez norteamericano le haría un lugar al reclamo, ante el malhumor generalizado que en 2013 tenía Griesa contra el país por la batalla que el kirchnerismo hacía en ese juzgado por la demanda contra los fondos buitre.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem.

Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina, obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de solo el 51% de las acciones.

Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la Bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución.

La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres y sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur.

Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden, a su vez, vender esos papeles o comprar una porción mayor. También pueden figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.

En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años.

Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$ 440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$ 30 millones a la Justicia española.

¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el “juicio del siglo” cerrado en 2016. O incluso puede ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona particular.

Se trata en realidad de algo habitual en Burford, un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertise son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realizó la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes. Lo que Preska podría conocer ahora, es si hay algún actor de aquellos tiempos del 2012, que posee acciones de la causa para cobrar. Y, en consecuencia, si se cometió algún ilícito.

Fuente: Perfil, Carlos Burgueño.