La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 345 y 346, que implican la disolución de organismos históricos como el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la degradación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), generó un amplio rechazo en distintos sectores de la sociedad, especialmente entre artistas, referentes culturales y legisladores de la oposición. La medida, enmarcada dentro del proceso de reestructuración del Estado que impulsa la actual gestión, es percibida por muchos como un retroceso en materia de políticas culturales públicas.

El INT, creado por la Ley 24.800 en 1997, se constituyó como un organismo fundamental para el fomento y desarrollo de la actividad teatral en todas las regiones del país. A través de subsidios a producciones, giras, festivales, mantenimiento de salas y programas de formación, desde siempre fue promotor de la escena independiente y comunitaria, trabajando continuamente para tener presencia en territorios donde la cultura no siempre tiene llegada desde los circuitos comerciales. Su eliminación pone en riesgo la continuidad de numerosos proyectos y el sustento de miles de trabajadores del ámbito artístico.

En paralelo, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, fundada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870, es una herramienta vital para la democratización del acceso al libro y la lectura en el país. A través del apoyo a más de 1.500 bibliotecas populares distribuidas en todo el suelo nacional, la Conabip hizo a la formación de lectores, al sostenimiento de espacios comunitarios y al fortalecimiento de la vida cultural en pueblos y barrios. Su degradación institucional es leída por muchos como un golpe directo a una de las redes más amplias y federales de promoción de la cultura escrita.

La reacción no tardó en llegar. Desde figuras conocidas hasta colectivos teatrales y bibliotecarios, se multiplicaron las expresiones de rechazo. La diputada nacional Margarita Stolbizer calificó la medida como un intento de "desmembrar la memoria y el conocimiento de la Argentina", y sostuvo que se está frente a "una gestión que atenta contra la historia, los libros y el arte nacional". Legisladores de distintos bloques ya anunciaron su intención de rechazar en el Congreso los decretos emitidos por el Ejecutivo.

Estas decisiones forman parte de un paquete más amplio de reformas que también alcanzan a otras áreas, como el sistema científico nacional. En ese sentido, el Conicet enfrenta una redefinición de su estructura interna, con propuestas que reemplazarían la tradicional carrera de investigador por contratos temporarios y que condicionarían las lineas de investigación al interés comercial inmediato, dejando afuera a disciplinas como las ciencias sociales. Este cambio se da en un contexto donde el organismo acaba de ser reconocido por séptimo año consecutivo como la principal institución pública de investigación en Latinoamérica, según el ranking internacional Scimago.

Por todo lo anterior, en numerosas provincias se están organizando asambleas, lecturas públicas, manifestaciones y pronunciamientos colectivos en defensa de estas instituciones.