“Yedro en un principio convalidó la toma de posesión del Estado provincial pero luego se resistió a la orden judicial e inició una acción civil tendiente a demostrar que el inmueble no era de él. Eso está justamente en vías de resolución por parte de la Justicia y mañana estarían cumpliéndose las 48 horas de plazo que se le dio para que desalojo las tierras”, explicó el fiscal de Estado en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
Rodríguez Signes recordó además que “el problema se suscitó porque cuando fuimos a tomar posesión del inmueble nos dijo que tenía un recurso de queja interpuesto, pero la Corte no admite ni lo rechaza, así que Yedro dice que si se revierte la sentencia él iba a sufrir un perjuicio enorme por eso quedó trabaja la cuestión. Pero el recurso no suspende la ejecución de las tierras”.
El ex senador provincial y quien fuera su cónyuge fueron condenados en diciembre de 2005 por la Cámara Penal de Concordia, compuesta por Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay, a prisión condicional (tres y dos años respectivamente) por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, se dispuso el decomiso de un campo (valuado en 6 millones de dólares) ubicado en la zona de Guardamonte y se impuso una multa de 90.000 pesos.
En mayo de 2008, Yedro transformó la sociedad que tenía como administradora del campo, Del Rubio & Hunmendi, en una empresa familiar. Cuando estalló la investigación por enriquecimiento ilícito -a partir de una denuncia periodística de este semanario, en julio de 1996-, la sociedad estaba integrada por sus amigos Juan Orabona (a quien conocía del barrio, desde la infancia), Juan Martín Telayna, Jorge Cutro y su ex esposa, Silvia Yolanda Torres. En el 2008, Yedro dejó la sociedad a nombre de sus tres hijas: Fátima (25), Luciana (22) y Lara Yedro (19), aunque nunca se las observa por las tierras de la zona de Guardamonte (Tala).
Yedro, a través de su abogado Jorge Romero –el ex fiscal de Estado por 60 días, quien fuera también defensor de Augusto Alasino en la causa por enriquecimiento ilícito- siempre resistió la entrega del campo, dispuesta por la Justicia concordiense a fines de 2005. Cuando en septiembre de 2008 se apersonó en el campo el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, para tomar posesión, a los pocos minutos apareció Yedro, a los gritos y totalmente fuera de sí por la presencia del funcionario de Sergio Urribarri. Pero Yedro nunca se fue del campo, argumentando diversas presentaciones judiciales que poco a poco fueron cayendo.
Islas Las Lechiguanas
“El recupero de las parcelas en las islas forma parte de un criterio que venimos teniendo desde 2008 para tratar de recuperar lo que es de dominio público y que ha sido usurpado o mal vendido. En el caso estas tierras si se recuperan, va a ser una zona muy importante ya que está frente el puerto de Ibibuy”, indicó.
Asimismo añadió: “La gran mayoría de las superficies fueron vendidas en los gobierno de facto y muchas no fueron escrituradas, por eso iniciamos las acciones correspondientes. Hay casi un millón de hectáreas en estas condiciones y son alrededor de 200 mil que fueron intrusadas y el resto mal vendidas”.
Luego explicó: “Nosotros dictamos un decreto a pedido de la Fiscalía declarando la lesividad, pero esto lo tiene que declarar el Poder Judicial. La empresa a la cual se vendieron estas tierras no está regularizada y además nunca se hizo la escritura de esa venta, así que esperamos que el recupero sea rápido”.
“Todo tiene que retrotraerse al momento anterior a la venta, por ahora nos concentrando en la tarea de recupero, y después si hay posibilidad se hará la acción civil correspondiente”, indicó.
Remarcó que “es muy importante recuperar las tierras, pero también es un trabajo complicado porque hay que ir lote por lote para ver quién tiene posesión de las mismas”.
Más adelante subrayó que “se debe tomar posesión efectiva y conservarla, pero es necesario mantener la continuidad y el apoyo. Por eso quizás sea necesario que los permisos de uso que se otorgan, es decir, los cánones vuelva en obras de infraestructura o en fondos para la Policía rural para que cuide la zona.
En referencia a las tierras en Mazaruca, el fiscal contó: “Se está trabajando en eso, aunque todavía no se ha logrado que pasen a manos de la provincia. Yo recorrí la zona y es impresionante la condición natural que tienen los terrenos”.
