Por Delma Abt (*)

La continuidad del proyecto de refacción de la peatonal San Martín pasa casi inadvertida para muchos paranaenses que hoy se encuentran más preocupados por el día a día como consecuencia de una crisis económica indefinida en el tiempo que no da tregua para la compensación del esfuerzo laboral diario ni mucho menos para pensar proyectos de vida particulares, familiares o sociales.

En ese marco, es entendible que, como ciudadanos que deberíamos estar atentos al cumplimiento de los mandatos populares y a las consecuentes políticas públicas que se ejecutan, pongamos un velo ante lo que, creemos, no podríamos modificar porque su ejecución ya está decidida, aún más allá de la legalidad.

Gestión tras gestión, muchas veces sin evaluar prioridades y sin dinero en las arcas, se comienzan o continúan obras públicas sin que hayan estado previstas en lo que debería ser la plataforma de gobierno del partido que asume.  

Este 2020 parecía que obligaba a detener todo emprendimiento que no fuera de estricta necesidad ciudadana, dadas las consabidas circunstancias económicas que se atraviesan. Pero no fue tan así. Las proyecciones políticas no entienden de tiempos de calma y reorganización y siguen su curso porque, para ascender o retener el espacio, hay que mostrar obras.

Probablemente no resultaría tan cuestionable la decisión si no fuera porque, a cada paso en el recorrido de la ciudad, se ven falencias, desidias, olvidos, que fácilmente podrían revertirse con una gestión ordenada y algo de aplicación.

Así, una vez más, se concretará la ejecución de una obra conjuntamente con la de algunas vidas. En poco tiempo, quizás solo días, veremos desaparecer de la peatonal San Martín los últimos refugios verdes que quedaban para amainar las altas temperaturas propias de la región, dando paso a la continuidad de un proyecto del que poco se conoce pero que ya luce inerte antes de ver la luz.

Las pérgolas coronadas de frondosas bignonias tienen sus días contados y seguirán el destino de las palmeras pindó que completaban el paisaje de esa cuadra, frente a la plaza 1º de Mayo. Argumentos varios, que no vale mucho la pena transcribir aquí, se esgrimen para ratificar su sentencia de muerte.

La alternativa a este tipo de decisiones inconsultas, en tiempos sociales que se avecinan diametralmente diferentes, es la gobernanza, una nueva forma de gestionar la democracia moderna que implica el consenso entre el Estado y la sociedad civil. Para ello habrá que comenzar con el cumplimiento de los principios básicos constitucionales y con las leyes de ordenamiento ambiental.

En esa línea de acción, la obligación de realizar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, antes de tomar decisiones sobre la ejecución de un proyecto, permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que una obra o actividad puede causar al ambiente. Este procedimiento técnico – administrativo, está previsto en la Ley General del Ambiente (25.675) con carácter preventivo a efectos de que la Autoridad competente tome una decisión informada respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto con la debida transparencia y participación pública en el proceso de planificación y decisión, sumado a la exigencia de resguardos preventivos de los potenciales impactos sociales y ambientales que puedan asociarse al emprendimiento.

Así mismo, la participación ciudadana mediante la consulta o audiencia pública, constituye uno de los pilares fundamentales del procedimiento de Evaluación de impacto ambiental, máxime cuando, amen de la Ley general del ambiente, la Nación argentina ha adherido recientemente al Acuerdo de Escazú que propicia, justamente, la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Todo esto parece teórico pero no lo es. De hecho, organizaciones sociales e individuos de muchas jurisdicciones argentinas defienden celosamente estas disposiciones constitucionales.

Sin embargo, en la ciudad de Paraná, los emprendimientos urbanísticos se aprueban sin las exigencias legales antes mencionadas.

Muchas preguntas se disparan a renglón seguido. ¿Cuántas otras obras públicas están proyectadas sin que se cumpla con el procedimiento de Evaluación de impacto ambiental? ¿Los ciudadanos paranaenses, que sostenemos cada uno de estos desarrollos con nuestra contribución tributaria, no merecemos la información y consulta previas? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo como cada gestión municipal destruye para volver a construir, con el agregado de la falta absoluta de responsabilidad civil por las obras deficientes que nos han costado el doble de su valor?

¿O quizás preferimos seguir siendo pasivos observadores de los antojos oportunistas de cada gestor de gobierno?

Bajo el amparo indulgente de la parsimonia entrerriana, algunos aprovechan para hacer su negocio edificando donde no se debe, destruyendo preciadas reliquias de la arquitectura o destruyendo los pocos puntos verdes generadores de sombra sobre el cemento abrazador de las veredas, plazas y peatonales cada vez menos atractivas para caminarlas. Modelos de maquetas extrapoladas de sitios antagónicos a la geografía y cultura local se insertan sobre espacios que gritan tan solo por mantenimiento y conservación. Desapariciones de árboles y plantas añosas, trasplantadas a un destino incierto, cuando no, directamente talados porque molestan o implican un obstáculo para el “proyecto”.

Hace más de treinta años, ante la absorta mirada de los paranaenses, fue saqueada del Rosedal aquella bellísima réplica de la Venus de Cánova. Desde ese entonces parece que tenemos que aceptar la idea de que una cosa se reemplaza por otra sin importar su valor intrínseco. No es así. El patrimonio urbanístico es un conjunto de valores individuales engarzados de modo tal que dan identidad a una ciudad. Su conservación es una obligación social y su disfrute, un derecho que debemos custodiar.

Sepan, señores funcionarios, que algunos, todavía, los observamos.  

(*) Directora del Instituto del Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos