Imponer la ley y la justicia frente a la corrupción

Por Luis María Serroels (*)

Durante la semana transcurrida y con oportuna coincidencia, fueron publicados en el sitio de ANALISIS dos cuestiones que la pantalla política –y especialmente en los organismos partidarios del PJ-, dejaron sellados con destino de grave problemática.

Uno de los asuntos fue un escrito que con título de “La Justicia entrerriana ¿camino de su domesticación total?”, redactó el ex diputado provincial UCR (mandato cumplido), Alberto Rotman.

El párrafo que aparece como “la mayor preocupación de los distintos gobiernos peronistas fue, entre otras cosas, dejar antes de irse, sus espaldas bien cubiertas en la justicia”.  Más duro se observa cuando alude a que “este P.E.P. no siga este camino, manchando más a esa señora de ojos vendados y balanza en sus manos”.

El ex legislador no se ahorra su afirmación de que “nuestra provincia no es la excepción de esta desnaturalización de la Democracia, a pesar de ello, vemos que algunas causas resonantes que involucran a personajes también resonantes y que seguramente incomodan al oficialismo, fueron abiertas por el Ministerio Público Fiscal”.

La cartelera que tapiza las andanzas por el Código Penal del mandatario dos veces gobernador entrerriano, en vez de enfrentar a los fiscales y jueces para limpiar su conciencia, fueron a recibir sendas bendiciones del presidente Alberto Fernández y el ex canciller Ingeniero Agrónomo Felipe Solá, como si semejantes bendiciones resultasen supletorias para incursionar en el mundo de la diplomacia. Y como si fuese poco haciendo funcionar la aspiradora de las conciencias.

Rotman aludió a que “esto aparentemente ya estaría en marcha  a través de un pedido de Jury al procurador General y además los votos para abrir otro a la procuradora Adjunta. O sea que  con el guiño de la política, la provincia de Entre Ríos se prepara para, nada más ni nada menos, descabezar al Ministerio Público Fiscal”.

Las expresiones lanzadas por el ex diputado provincial le da espacio para advertir que “en los corrillos de la Casa Gris y de los pasillos tribunalicios dan por cierto que esta situación sobrepasa los intereses puramente jurídicos”, rematando que “la realidad persigue dejar en claro las consecuencias que pueden sufrir quienes pretendan inmiscuirse en algunos intereses que moleste al poder político”. Y se interroga: “¿Qué serenidad de espíritu tendrá un juez cuando  deba emitir una sentencia, sabiendo que, si esta no agrada, su cargo corre peligro?”.

La despedida del mandatario Gustavo Bordet con el flamante embajador, fue sellada mediante un fuerte abrazo. ¿Esto exigen las reglas de ceremonial?

Un documento hecho público por el ex gobernador de Entre Ríos, Mario Moine, descarga los tramos más graves de la vergonzosa incursión de un hábil personaje con “guantes blancos”, organizado desde el poder político y por un ex doble mandatario y sus acólitos. Una banda aceitada e impune, muy bien preparada y a la que Daniel Enz, director del medio periodístico ANALISIS, desnuda crudamente  y pone a la luz con pelos y señales este jueves 25 de noviembre.

Moine  detalla que en la Legislatura alguien se deglutió 53 millones de dólares sin el menor pudor ni vergüenza (posado en una banca legislativa), carente de una mínima investigación por los organismos disciplinarios del partido. ¿Qué actuaciones se impulsaron ante semejante  desfalco? ¿Jamás hubo un mecanismo que profundice la búsqueda de la verdad?  ¿Qué razones obstaron a no revelarlo públicamente? 

Se supone que los organismos partidarios –de cualquier extracción- están dotados de los elementos eficaces para mantener moral y políticamente a los cuerpos dirigenciales.

¿Qué elementos podrá aportar prestamente el justicialismo (en especial su principal dirigencia), para no desprestigiar a las instituciones de la República?

En el desarrollo de las extenuantes y agotadoras jornadas de jueces, fiscales y técnicos, que con gran responsabilidad acometen semejante tarea salvaguardando la ley y el orden, pareciera que alguien más se preocupa pero en salvaguardar otros intereses que tienen que ver con el producto delictual. La ciudadanía sana y decidida debe enfrentar a los delincuentes saqueadores del Estado. Y a los que los tapujan sin pudor alguno.

¿Qué autoridades específicas dentro del Estado entrerriano asumen la gran responsabilidad de defender los intereses sagrados de una provincia señera y además apuntalar a las autoridades comprometidas con la justicia?

Cada vez se van agrupando más dirigentes de diversas extracciones de la provincia, con el propósito de alumbrar ideas firmes y luchar por un Estado grande y fecundo.

Hablamos de los que honran la verdad y los códigos a rajatabla y no de los que optan por disfrazarse con el atuendo de la probidad, para ocultar el rostro de la mentira. El gobierno entrerriano (el que honró Justo José), deber asumir la responsabilidad de borrar a los corruptos del mapa.

“El hipócrita tiene tantas caras, que después no sabe cuál usar”.

(*) Especial para ANALISIS

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