De ANÁLISIS

El tribunal de Juicios y Apelaciones integrado por Carolina Castagno, Juan Francisco Malvasio y Alejandro Grippo, se constituyó este viernes en La Paz para escuchar los argumentos en torno a la recusación contra el fiscal Álvaro Piérola. La discusión se da en el marco del intento de juicio por presuntos sobreprecios en el asfalto de Santa Elena, que tiene como imputados al intendente Domingo Daniel Rossi y exfuncionarios de su gestión municipal entre 2011 y 2015.

Piérola fue recusado en la causa por el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo que, además, lo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside la propia esposa de Rossi, la senadora Patricia Díaz. El defensor del exvicegobernador pretende apartar al fiscal de la causa porque dice que “integra una mesa judicial” y es pariente de políticos. Al pedido de Reggiardo se plegó el otro defensor en el legajo, el abogado César Jaime.  

Por la contraparte, el planteo recusatorio fue respondido por el fiscal de La Paz, Facundo Barboza. Ahora el tribunal debe resolver si da curso o no a la recusación planteada. Posteriormente se espera la continuidad de la audiencia, la resolución sobre cuestiones de salud de uno de los imputados y sede dé lugar al juicio oral.

“Nos investigan sin respetar las garantías”, dijo Reggiardo este viernes en la audiencia de La Paz y apuntó contra el fiscal Piérola. Aseguró que se había ofrecido un acuerdo de juicio abreviado el año pasado y esa posibilidad se cayó debido a “la interna peronista porque Rossi pretendió ser candidato enfrentando la línea interna que lidera” un familiar de Piérola.

“Se efectuó una recusación ante un órgano que no es competente. Eso debería ser suficiente para sellar la suerte de la recusación intentada por parte de Reggiardo”, contestó el fiscal Barboza y señaló que una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento y una recusación “procede en casos en los que la objetividad se vea seriamente afectada”. “Ninguna de las razones (si es que se las cataloga como tales) incluidas en el pedido de recusación contra Piérola, reúne ese requisito”. “En modo alguno, a partir de elucubraciones, pueden afirmarse hechos o actos que nos permitan decir que la objetividad estuvo afectada”, subrayó.

Asfalto en Santa Elena

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) por presuntos sobreprecios en cuadras de asfalto de Santa Elena comenzó en 2016 y se elevó a juicio en 2020. Cuatro años después, el debate sigue en veremos.

Los fiscales asignados para llevar adelante la acusación pública son Santiago Alfieri y Álvaro Piérola. Los jueces que conforman el Tribunal que deberá controlar la legalidad del contradictorio y resolver la discusión son Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio. 

Los imputados son Rossi en su rol de intendente de Santa Elena, Zenón Ortiz como exresponsable técnico del programa Más Cerca; Carlos Roberto Méndez como exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena; y María Inés Martínez como contadora municipal. En tanto, durante la sustanciación de la investigación falleció el ingeniero Rubén Clivio Benítez que también estaba imputado. 

Los delitos que se acusan son peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. A Rossi lo acusan como autor y al resto de los imputados como partícipes necesarios.

Durante la investigación también estuvo imputado el empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech (padre de Néstor Iván), y el ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano. Los dos consiguieron una suspensión de juicio a prueba o probation en 2022, como ha ocurrido en la mayoría de las causas por corrupción en la provincia de Entre Ríos. Los empresarios resuelven las imputaciones con probation y multas.

El supuesto sobreprecio en 20 cuadras de asfalto fue denunciado por el cuñado de Rossi, Silvio Moreyra, que fue intendente de Santa Elena entre 2015 y 2019. Moreyra efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet, ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.

En la remisión de la causa a juicio, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi el municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.

En paralelo a la causa penal también hubo una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados -entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de resarcimiento por el perjuicio económico al Estado municipal. Pero ese pleito se superó durante la siguiente gestión de Rossi: la demanda llegó a  su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.