El gerente de la Obra Social de Petroleros (OSPE), Ariel Rodríguez, que posee 92.000 afiliados en toda la provincia, se refirió al conflicto con el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos que mantiene cortadas las prestaciones a raíz de una exigencia arbitraria de aranceles.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez planteó que “es un conflicto que lleva prácticamente un año, que viene a partir de una directiva del Colegio de Odontólogos que fija una posición de aranceles que son inamovibles y que va a toda la seguridad social, por lo cual es un espectro grande de gente la que se queda sin cobertura”.

En ese marco, señaló que “la problemática que se da es que teníamos una vinculación histórica con los Círculos Odontológicos de toda la provincia que son locales y tienen la prerrogativa de negociar convenios y dada la imposición de un arancel por parte del Colegio se ven imposibilitados a tener flexibilidad para negociar aranceles”.

Agregó que “por otro lado, desde el sector financiador veníamos con negociaciones que planteaban ajustes periódicos pero cuando surge esto, al momento de negociar notamos que el salto para llegar a las pretensiones del Colegio era enorme, lo cual rompe toda lógica de negociación porque era como pasar de 0 a 200% de una sola vez. Eso determino que todo el sector dijera que no se puede atender la problemática en estos términos y por lo tanto se decidió pasar a la modalidad de reintegro”.  

“Un dato que es clave, cuando uno tiene la responsabilidad de administrar un sistema de salud lo que quiere es que el afiliado tenga prestaciones convenidas sabiendo que tiene la accesibilidad de que no debe financiarse él. Hemos hecho acercamientos porque esto no es una especulación sino que uno se debe al afiliado, pero es muy grande la diferencia. Puede haber toda una fundamentación por parte del Colegio, personalmente hablé con su presidente, con los Círculos de varios lugares de la provincia pero la limitación más fuerte es que están maniatados y encima amenazados a cumplir con esa normativa”, aseveró.

Respecto de los intentos para lograr acuerdos, mencionó que “si bien los Círculos Odontológicos plantean la posibilidad de una negociación, pero al sentarnos a la mesa de diálogo bajan una planilla que no se puede modificar, con lo cual no hay negociación”. “En la relación normal de prestador-financiador hay normalmente un tironeo que varía entre 10-15%, es lo habitual, pero si me siento con la mejor buena voluntad y del otro lado plantean ‘es esto o nada’, se terminó el partido. Y si el dueño de la pelota es el Colegio, intentamos dialogar pero se mantiene en su postura de no negociar”, apuntó.

Mencionó en este escenario que “esto ha determinado que desde hace un año los prestadores no trabajen en los volúmenes que supieron tener, y además esto ha generado un problema en los Círculos Odontológicos porque al no tener ingresos producto de la facturación de las obras sociales no pueden sostener sus estructuras de personal, locales, logística, etc”.  

“No estamos discutiendo lo que pueden valer las prestaciones odontológicas ni los argumentos que pueden ser razonables, pero no podemos acceder a semejante cambio de una sola vez, sobre todo cuando en cualquier prestación para financiar prácticas hay que tener los recursos correspondientes. Y además hay que tener en cuenta que los recursos de las obras sociales se nutren de la recaudación de sus afiliados, que son empleados que tienen paritarias escalonadas”, explicó.

En ese marco, advirtió que “esto es la selva, no se puede decir que el afiliado deba financiar parte de la prestación; ya la crisis del sistema de salud hace que en muchos lugares tenga que haber un financiamiento por parte del afiliado lo cual intrínsecamente es incorrecto. Uno no puede tener un seguro en el auto y después cuando choca decir que una parte la tiene que pagar uno. Yo entiendo que acá hay una mirada del sector prestador con poca empatía y una situación de irrealidad en función de lo que vive el país”. “Incluso hay prestadores odontológicos que a lo mejor les sirve trabajar quizás con unos aranceles que no son los que fija de manera particular”, acotó.

Consultado por la intervención del Estado para resolver el conflicto, comentó que “lo que ha movilizado y generado mayor impronta en los medios es la situación del IOSPER que ve que se prolonga el conflicto y generó una solicitud a Fiscalía de Estado para que se expida sobre los alcances del Colegio para determinar este tipo de cosas, que finalmente necesita para fijar un arancel una anuencia del Poder Ejecutivo, cosa que hoy no está”.

“Lo que queremos es que haya prestaciones, pidiendo volver a flexibilizar algunas situaciones, e incluso podemos atender la realidad del sector pero integrándolo de una manera que acompañe el incremento de los ingresos que tenemos. Además nosotros manejamos la política arancelaria sobre una base de ecuanimidad con todos los prestadores, y hay que ver lo que significaría un caso índice planteado por la fuerza que generaría el mismo pedido de médicos, psicólogos, kinesiólogos, de todos los demás profesionales. Está fuera de discusión quien tiene razón sino que nosotros nos plantamos en la realidad y los recursos que hay, y la incapacidad que tiene la gente de sacar una moneda de su bolsillo para poder acceder a las prestaciones”, concluyó.