Los representantes legales de los familiares de las víctimas de la masacre de Margarita Belén pidieron la detención de varios ex militares que habrían tenido participación en el asesinato y desaparición de 22 militantes, ocurrido en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Entre los militares sobre los que se solicita el arresto figuran los nueve que el año pasado fueron indagados por el juez Carlos Skidelsky; y también el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, que era secretario general de la Gobernación en ese tiempo.
El planteo, que lleva la firma de los abogados Horacio Rodríguez y Mario Bosch, fue presentado ante el juez Skidelsky ante la presencia de miembros de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencios), familiares de las víctimas -entre los que se contaba Amanda Mayor, la madre de Fernando Piérola, que se encuentra desaparecido-, ex presos políticos y manifestantes que se dieron cita en el Juzgado Federal.
En la lista de quienes se ordenó la detención, figuran Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renés, Rafael Carnero Sabol, Norberto Raúl Tozzo, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme; diez de los ex militares sindicados como responsables de la masacre de Margarita Belén, que el año pasado estuvieron presos y fueron liberados el 22 de julio del año pasado por de la Cámara Federal que le retiró la causa al juez Skidelsky y la derivó a la Cámara Federal de Rosario, donde estaba la sede del II Cuerpo de Ejército, del cual dependía la delegación chaqueña.
Pero en el escrito también se solicita que se detenga a los ex jefes militares Cristino Nicolaides, Antonio Facundo Serrano, José Zucconi, Ricardo Brinzoni, Alberto Valussi, Edgardo Eugenio Vicente, Armando Hornos, Miguel Aurelio Baguear, Carlos Alcides Thomas, Wenceslao Ceniquel, Gabino Manader, Juan José Cardozo, capitán Bianchi, capitán Rampulla, capitán Carnero, capitán Bértoli, capitán Romero Pavón y capitán Schenone, este último comisionado municipal en ese época, que podrían haber tenido algún grado de participación en el hecho.
La lista también menciona a Luis Ángel Córdoba, Carlos Flores Leyes y Domingo Reska, que en ese momento eran el fiscal Federal, el secretario y el prosecretario del Juzgado Federal de Resistencia, respectivamente. “Estos tenebrosos personajes del Juzgado Federal compartieron el asado que se hizo a pocos metros de los cadáveres. Esto nos da una pauta de cuales son las garantías de la Justicia Federal en el Chaco”, señala el documento citando un informe elaborado en 1984 por la Cámara de Diputados de la provincia.
En el texto, citado por el matutino local Primera Línea, se agrega que “Flores Leyes y Roberto Domingo Mazzoni, actuales fiscales Federales, con su impunidad y continuidad en los cargos, avergüenzan al Poder Judicial de la Nación y a las instituciones de la democracia”, y respecto al juez, consigna que “no tiene la facultad sino el deber jurídico de perseguir a los delincuentes y proceder a su detención”.
Por su parte, Skidelsky reiteró su compromiso de trabajar en la búsqueda de la verdad, al afirmar que “la Justicia es una responsabilidad que debe asumir el Estado, más allá de los reclamos de los familiares de las víctimas”.
