El presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), José Cáceres, dijo que el plan de regularización de deudas impulsado para los beneficiarios de viviendas sociales tiene, hasta el momento, una repercusión “muy importante” y destacó que en Paraná “ya tenemos 1.800 boletas emitidas de adjudicatarios que han manifestado su voluntad de ponerse al día”. Esta cifra significa aproximadamente 70 por ciento de la masa de beneficiarios que pagaban regularmente antes de iniciarse el programa.

En ese sentido el funcionario indicó que en la capital provincial “la morosidad con el instituto era del 68 por ciento” y añadió que resultados similares se obtuvieron “en todas las localidades de la provincia en donde se brinda la asistencia”.

Cáceres señaló que le gustaría pensar que el buen resultado del mecanismo implementado se debe a la “convicción de la gente por entender que este es un sistema solidario y que mientras más gente pague la cuota más gente tiene la posibilidad de tener una vivienda nueva. Sobre todo ante la gran demanda que existe”.

En ese sentido aseguró que en casos excepcionales se aplica el “pago a cuenta” para aquellos deudores que no pueden ni pagar la cuota del mes pero que dan muestras querer regularizar su situación. “Hay gente que concurre al IAPV y me dice que quiere ponerse al día pero que puede pagar, por ejemplo, 20 pesos. Yo les digo que en esos casos igual sirve acercarse al organismo, porque alguna salida vamos a encontrar enfatizó”.

En el mismo sentido Cáceres indicó que, a pedido del gobernador, se están estudiando mecanismos para que puedan acceder a viviendas sociales aquellos trabajadores que no tienen una manera de certificar sus ingresos. “Buscamos la manera de hacerlo, tal vez a través de la construcción de viviendas menos costosas, con algún tipo de subsidio que después se devuelva, pero no puede ser de ninguna manera una operatoria en la que el gobierno termine avalando el trabajo en negro”, aclaró.

Cáceres ratificó que finalizada la operatoria de regularización de deudas se comenzará, en octubre, con las intimaciones a los deudores que no hayan manifestado su intención de pago y posteriormente se harán los procesos judiciales y si es necesaria “la desadjudicación” de las viviendas.

También aseguró que se implementarán controles para evitar la venta y el alquiler de viviendas que todavía no han sido canceladas y por ende están a nombre del IAPV. En ese sentido reconoció que existen numerosas irregularidades.
Consultado por los desalojos, Cáceres expresó que se trata de casos extremos, en los cuales no hay la menor intención de pago.

La operatoria –que incluye la condonación de los intereses– proseguirá hasta fin de septiembre “con facilidades de pago para todos los tipos de casos ya que se realizan planes particulares y adecuados a cada uno de los deudores”.

Fuente: Uno