Al conocerse ese veredicto, el magistrado manifestó en declaraciones radiales que su exhorto “se basa en un mandato constitucional y es que, en este caso, el Municipio es el que debe tener el contralor y producir los mecanismos necesarios para atender a esa persona que vive en la vía pública”, informó Uno.

En su sentencia, Torres no sólo ordenó a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que traslade a Arellano un hogar de ancianos, donde se le deberá brindar toda la atención sanitaria necesaria, sino también la exhortó a que construya un albergue para personas indigentes.

“Como magistrados debemos hacer prevalecer el mandato de la Constitución nacional y como juez, tengo facultades para ordenarle al Municipio que tome las medidas necesarias para que la gente no esté viviendo en la vía pública”, acotó Torres.

El magistrado actuó en el caso de Arellano, curiosamente por una presentación que hizo la propia Municipalidad, al tomar conocimiento de la situación del hombre que decidió montar una suerte de carpa, muy precaria, en una plaza pública. “Creo que lo más novedoso de este fallo, es que también exhortó a la Municipalidad a que cree un albergue para indigentes”, dijo Torres, al analizar su propio fallo.

Este caso comenzó cuando Arellano, un hombre de aproximadamente 56 años, hace más de un mes decidió instalarse en la plaza de bulevar Yrigoyen. En el relato de los vecinos, el hombre no habría aceptado la ayuda que se le brindó. Incluso, quienes conocen a Arellano dicen que ya han intentado “sacarlo” de otras de las esquinas, pero “vuelve”.

Y pese a la decisión de Arellano, el magistrado entendió que es la Municipalidad la que debe brindar protección y velar por el bienestar del hombre que vive en la vía pública.

En el decir de los vecinos, en varias oportunidades el área de Bienestar Social ha intentado ayudar al hombre pero éste la rechaza o sale corriendo. Aunque muchos coinciden que Arellano no es violento, la preocupación radica en el estado de abandono y desprotección en que se encuentra.