La nota argentina fue entregada este martes al número dos de la embajada uruguaya en Buenos Aires, Carlos Gitto, y dice que la decisión del gobierno uruguayo “constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas” establecido en distintos artículos del Estatuto del Río Uruguay de 1975 “que se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay”.

“El gobierno argentino lamenta que el gobierno uruguayo, a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente, haya adoptado esta medida. Esta interrupción unilateral constituye una nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010. Dicha autorización se inscribe también en la constatación del incumplimiento por parte de la planta de UPM (ex Botnia) de los estándares establecidos pertinentemente y que se verán agravados si la autorización de aumentar la producción se implementara”, dice la comunicación.

Por ese motivo, Argentina reclama que Uruguay deje sin efecto la autorización, entregue la información complementaria pendiente sobre la planta de UPM que solicitó el país vecino en la Comisión Administradora del Río Uruguay y se atenga al procedimiento de información del Estatuto del Río Uruguay.

“De no proceder así Uruguay, Argentina considerará que la controversia que surgió no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay”, termina la comunicación firmada por el canciller argentino Héctor Timerman y dirigida a su colega uruguayo Luis Almagro.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya ya determinó en 2010 que la planta de UPM (ex Botnia) ubicada en las cercanías de Fray Bentos podía continuar funcionando.

El Estatuto del río Uruguay establece, precisamente, que toda controversia acerca de la interpretación de sus disposiciones que no pudiese solucionarse mediante tratativas directas puede ser sometida, por cualquiera de las dos partes, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La semana pasada, Timerman acusó a la planta de UPM de distintos incumplimientos a la normativa ambiental y anunció que esperaría dos días antes de comenzar el procedimiento para plantear el asunto en La Haya. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), de Uruguay, sostiene que los efluentes de la planta cumplen con todos los estándares ambientales y que es sometida a intensos controles.

La Cancillería uruguaya ya entregó una respuesta a la encargada de la sección económico-comercial de la embajada argentina, Andrea Rosconi, por ausencia del embajador, Dante Dovena, cuyo contenido no trascendió.

Una de las figuras más visibles de la oposición a UPM es el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, leal al gobierno nacional, muy fuerte electoralmente en su provincia y que suena para ocupar la jefatura del gabinete argentino luego de las elecciones parlamentarias de este mes. El político entrerriano tiene, además, ambiciones presidenciales.

El gobierno uruguayo había optado en los últimos días por mantener silencio. El presidente José Mujica reiteró su voluntad de volver a negociar sobre el punto luego de las elecciones argentinas. “Primero vamos a conversar” ya que eso es “mejor que mandar una nota”, dijo. Cuando Mujica anunció que autorizaba a UPM a producir 100 mil toneladas reconoció que su decisión podía generar problemas con Argentina pero explicó que debía velar por las fuentes de trabajo en Uruguay.

La decisión de Mujica se produjo luego de que el 1° de octubre Almagro mantuviera una larga reunión en Buenos Aires con Timerman para intentar un acuerdo que desactivara la férrea postura contraria al aumento de la producción por parte de Argentina. La reunión fracasó y el gobierno uruguayo anunció su decisión de acceder parcialmente al pedido de UPM que originalmente pretendía subir su producción en 200.000 toneladas antes de noviembre. Mujica también le pidió a UPM una serie de inversiones ambientales para bajar la temperatura de sus efluentes.

Almagro dijo que Argentina buscó un “veto implícito” sobre el incremento de la producción de celulosa de UPM dilatando, más allá de lo razonable, el proceso de consulta. El canciller consideró que Uruguay cumplió con todos los pasos previstos en el estatuto del Río Uruguay.

Por su parte, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, pidió ayer a Timerman que informe a los diputados nacionales de Entre Ríos sobre los daños que, a su juicio, provoca la planta de UPM. También solicitó al intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, que difunda los resultados de los estudios de monitoreo del aire en esa localidad. Según informó la Agencia de Prensa de Entre Ríos, también se envió otra carta a Timerman para pedirle que “desafecte” al personal del paso de frontera de la ruta 136 que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Los asambleístas sostienen que esos trabajadores se ven afectados por las emisiones gaseosas de UPM.

La evaluación uruguaya del impacto ambiental de UPM es radicalmente diferente. Los representantes uruguayos en el Comité Científico binacional entienden que es en la desembocadura del río Gualeguaychú, en Argentina, donde se constata contaminación.

Argentina defiende el cobro de visas

La Dirección Nacional de Migraciones argentina emitió ayer un comunicado en el que justificó el cobro de visas de 100 dólares a los artistas uruguayos que llegan a ese país para realizar sus espectáculos. El cobro de la visa y de abultadas multas para quienes no cumplen el requisito generó polémica y rechazo de autoridades del gobierno y miembros de la comunidad artística.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina informó ayer que se trata de una “reglamentación de larga data” que “está destinada a todos los extranjeros que llegan para trabajar temporariamente, sean profesionales, deportistas, científicos o artistas”.

“Los extranjeros que arriban al país para desarrollar una tarea lucrativa transitoria deben gestionar en su país el visado de trabajo en el consulado argentino correspondiente”, sostiene el comunicado. De no hacerlo, y si ingresan como turistas para efectuar actividades remuneradas “deben tramitar en Migraciones y/o sus delegaciones la autorización necesaria para ese propósito, la cual se resuelve en el día y tiene un valor de 1.000 pesos argentinos (2.850 pesos uruguayos)”.

En el caso de no cumplir con la normativa, “el organismo -como parte de sus tareas de control de permanencia- concurre a las salas de espectáculos y se labran actas por infracción”, agregó el comunicado.

A partir de las informaciones de publicidad y promoción, la DNM argentina releva los shows programados. “Si encuentra que los artistas que se presentan no cuentan con el debido permiso laboral, se pone en contacto con la empresa contratante para notificarla del trámite pendiente”, informó.

El ex canciller Didier Opertti dijo a El País que la medida argentina violenta los acuerdos del Mercosur.

Por su parte el director nacional de Cultura, Hugo Achugar, dijo el lunes que el Ministerio está “muy preocupado” por el cobro e informó que se están “coordinando” los pasos a seguir con Cancillería, puesto que es un tema “de relaciones bilaterales”. Cancillería no informó ayer si inició gestiones para tratar el tema con Argentina.