El asesor de la empresa finlandesa Botnia, que intenta instalar una de las plantas de celulosa en Fray Bentos, frente a la costa entrerriana del río Uruguay, Carlos Faroppa, brindó una charla técnica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Concordia, en el marco de la Maestría en Ingeniería Ambiental que dicta esa universidad. Si bien el hecho tenía una relevancia que iba mas allá de lo académico, la Universidad se encargó de no difundir la visita. Al referirse al rechazo a la radicación de las fábricas debido a los problemas ambientales que ocasionarán, aseguró que todos los estudios que esgrime la empresa “están sustentados en las investigaciones que lleva adelante la Universidad de la República, en Uruguay”. Al respecto, añadió: “Pretendemos revertir el camino, ya que hoy se tergiversa la información y por ende la sociedad está desinformada” y consideró “un error negarse al desarrollo porque las autoridades fracasen”.

Durante su alocución, el ingeniero explicó que la elección del lugar para levantar la fábrica, se debió a que la cuenca del Río Uruguay “era el único caudal de agua dulce suficiente para la operación de planta”, y en ese marcó reiteró que “en Finlandia las ciudades se encuentran rodeadas de plantas celulósicas”. En ese sentido, contó que las ciudades “establecen un convenio con las empresas, previendo el estado de los efluentes, lo que da lugar al tratamiento de los mismos o a su estabilización en vez de salir crudo”.

Según consignó Diario Noticias, en un intento por remarcar uno de los efectos positivos que podría significar para Entre Ríos la puesta en marcha de las plantas, Faroppa explicó que la cuenca forestal entrerriana “es riquísima”, lo que permitiría “pensar a las empresas forestales de la provincia como posibles proveedoras de las plantas”. “Las plantas de celulosa prevén una producción de pulpa de eucalipto de un millón de toneladas secas por año, requiriendo 3,5 millones de metros sólidos de madera en el mismo período”, señaló.

Respecto a los mecanismos de control, enumeró el estado de evaluación del impacto ambiental; la autorización ambiental previa y los planes de gestión ambiental, así como los controles del proceso industrial, sobre lo cual destacó que cuentan con “las mejores técnicas para reducir las emisiones atmosféricas” y afirmó que “si se controlan las emisiones, se tienen controladas las consecuencias”.

Por último, afirmó que “el Estado argentino no es que no acepte la instalación, está en proceso de evaluación” y agregó que “hay que darle tiempo a que verifique si los estudios expuestos en materia medioambiental son factibles y garantizan el bajo impacto sobre las aguas del río Uruguay”.