Por Hugo Alconada Mon (*)

En silencio y por debajo de los radares públicos, el otrora director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio “Jaime” Stiuso, logró revertir una investigación judicial en su contra. Y logró, también, que la Justicia pase a investigar la posible comisión de múltiples delitos por sus enemigos y contendientes, dentro y fuera del espionaje, según se reconstruyó en base a fuentes tribunalicias y documentos oficiales.

La trama tiene visos escandalosos. Comenzó en 2011, con la apertura de una “precausa”, abarcó desde entonces cuatro juzgados, otras tantas fiscalías y la Cámara Federal de Comodoro Py, y aglutina una explosiva lista de ilícitos nebulosos. Incluye datos sobre posibles coimas a jueces y amenazas de carpetazos entre funcionarios, hasta el seguimiento ilegal a periodistas, el presunto rol del teniente general César Milani en supuestas tareas de inteligencia interna, datos íntimos sobre el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y zancadillas cruzadas dentro de la SIDE, entre otros.

El primer paso ocurrió en octubre de 2011, cuando la SIDE le pidió al juez Sergio Torres –por entonces titular del Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py y hoy ministro de la Suprema Corte bonaerense– que interviniera teléfonos y una cuenta de correo electrónico vinculadas a una consultora privada llamada Dark Star Security. La acusó de “desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera”, publicó La Nación.

Más de 82 carpetas y 16.400 fojas de transcripciones telefónicas después, el entonces fiscal federal Federico Delgado concluyó que la hipótesis era infundada. Y a principios de 2015 le recomendó al juez Torres que archivara el expediente, pero también que extrajera testimonios de los posibles delitos que habían salido a la luz durante la pesquisa para que otros jueces los investigaran, como el entonces titular del Juzgado Federal N° 2, Jorge Luis Ballestero.

“No surgió ningún elemento que permita, por lo menos indiciariamente, corroborar la hipótesis inicial [contra Dark Star]”, indicó Delgado, aunque remarcó que de las escuchas sí surgía con claridad que la SIDE –o una de sus facciones– quería conocer las actividades de esa firma y de otro consultor. ¿De quién? Leonardo Scatturice, que hoy sigue en el candelero. ¿Por qué? Porque asesora desde Miami al tercer vértice del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo.

Aquellas escuchas permitieron, también, vislumbrar cómo operaba la SIDE o, al menos, un sector de la SIDE o algunos de sus agentes. “Las transcripciones –sostuvo Delgado– exhiben una suerte de organización integrada por personas que podrían ser parte formal o informal del sistema de inteligencia público, que, de manera alternativa y/o conjunta con empresarios, funcionarios, personas que desempeñan profesiones liberales (abogados, periodistas, etcétera) llevaron adelante comportamientos criminales.”

En uno de sus últimos dictámenes en aquel expediente, entonces, la Fiscalía resumió 27 charlas que definió como “puntas para investigar”. Entre otras:

• Diálogos sobre “la labor de Alberto Nisman y de funcionarios de la ex-SI, el rol del general Milani [César, jefe del Ejército] en el sistema de inteligencia y de Fernando Pocino”.
• La transcripción que señalaba “actividades delictivas del general Milani, del origen del patrimonio del empresario Matías Garfunkel, de la venta de información sobre funcionarios públicos, de la salud de la [entonces] Señora Presidente”, Cristina Fernández de Kirchner.
• Datos que ese grupo tenía del “lugar de hospedaje, reuniones y demás circunstancias relativas a la estadía del periodista Jorge Lanata en Panamá, hacia donde habría viajado con motivo del caso [Leonardo] Fariña”.
• Diálogos sobre cómo “intervenir teléfonos por fuera de una causa judicial y de compra de permisos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
• Diálogo en que se detalló que el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, “dio la orden para que la gente de Aerolíneas Argentinas ‘se deje de joder’ o aparecerían ‘papeles’ que tenía en un cajón”.
• Diálogo para coordinar “la cooptación de un periodista por necesidades derivadas de las internas del espionaje” y otro sobre “sobornos y tráfico de influencias en altas jerarquías del sistema judicial”.

En ese contexto, Delgado recomendó a Torres que informara al Congreso y al Ejecutivo. No hacerlo, alertó, sería “mirar para otro lado frente a comportamientos graves”. Y el juez avanzó por esa senda. En mayo de 2015 desestimó la investigación contra Dark Star, aunque las ramificaciones de la pesquisa original continuaron abiertas. En particular, a través de un expediente que tras quedar en las manos del juez Ballestero pasó al Juzgado Federal N°9, por entonces a cargo del juez Luis Rodríguez, hoy jubilado, y que tomó dos decisiones contrapuestas con Stiuso como protagonista.

El 3 de agosto de 2016, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el juez Rodríguez sobreseyó a Stiuso, salvando su “buen honor y nombre” y ordenó destruir las escuchas telefónicas. Pero se topó con una resistencia inesperada. ¿De quién? No de los fiscales que instruyeron el expediente –Eduardo Taiano, Diego Velasco y Franco Picardi–, sino del propio Stiuso, que consintió su sobreseimiento, pero reclamó que no destruyera las grabaciones y se profundizara “la investigación respecto de los delitos de acción pública ya verificados”.

El 7 de septiembre de ese mismo año, Rodríguez accedió al pedido de Stiuso y rectificó su propia decisión. Ordenó preservar las escuchas telefónicas y devolverlas al Juzgado Federal N° 12 –donde la causa ya estaba archivada–, aunque el periplo tampoco terminó allí. ¿Por qué? Porque tras varios idas y vueltas y un conflicto de competencia que resolvió la Cámara Federal en marzo de 2017, pasaron al Juzgado Federal N°6, por entonces a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, hoy también jubilado.

Desde entonces, la trama recorre su –al menos por ahora– capítulo más reciente, pero siempre por debajo de los radares públicos. El juez federal Ariel Lijo, como subrogante del Juzgado 6, y el fiscal federal Ramiro González todavía investigan el contenido de las escuchas telefónicas que se acumularon entre 2012 y 2015 por la posible comisión de delitos explosivos.

Y Stiuso sigue de cerca la pesquisa, cuyos primeros pasos se gestaron hace catorce años. Y que todavía hoy puede complicar a sus enemigos y rivales, dentro y fuera de la SIDE.