Mazzaferri fue detenido en diciembre de 2013 luego de permanecer prófugo desde 2009. Cuando se concretó la captura, por parte de Gendarmería, se estimó que a corto plazo se realizaría el juicio, debido a la gran cantidad de pruebas que pesan contra el ex integrante de la Policía Federal, quien por haberse fugado no fue juzgado en la causa Harguindeguy. Sin embargo, Mazzaferri comenzó a recusar a los jueces que intervienen en la causa en su contra, logrando retrasar el proceso.

Esta conducta es similar a la desplegada en la causa Área Paraná por los imputados Jorge Humberto Appiani y Cosme Demonte, quienes consiguieron dilatar el trámite judicial mediante recursos de todo tipo.

Incluso por ese motivo fueron sancionados por la Justicia. Mazzaferri recusó al juez de Concepción del Uruguay Pablo Seró y también a los camaristas Mateo Busaniche y Cintia Gómez. Además, Beatriz Aranguren se excusó de intervenir para resolver las recusaciones a la Cámara por haber intervenido en la instrucción de la causa contra el represor, por lo cual se debe designar un conjuez.

El acusado fue procesado hace seis meses por detenciones ilegales y torturas, pero el auto de procesamiento fue apelado y esa apelación se encuentra pendiente de resolución debido a las recusaciones a los miembros de la Cámara. La abogada querellante María Caccioppoli dijo a Uno que está evaluando la presentación de un recurso para que “se garantice un plazo razonable en el proceso”, ya que se estaría yendo contra lo fijado en ese sentido en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), afirmó la representante de víctimas de la dictadura.

El represor fue detenido en la provincia de Buenos Aires luego de que Gendarmería siguiera sus pasos durante largo tiempo. Había cambiado su aspecto pero no había perdido contacto con miembros de su familia.

En el juicio por la causa Harguindeguy, numerosos testigos –entre ellos las víctimas de secuestros y torturas– lo señalaron como el principal responsable del grupo de tareas que detuvo ilegalmente a –entre otros– un grupo de estudiantes secundarios uruguayenses en julio de 1976.

Además, tanto en los alegatos de los querellantes y fiscales, como en la sentencia del Tribunal, se hizo hincapié en la responsabilidad.

A la Corte por domiciliarias

Caccioppoli dijo que analiza la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego del fallo de Casación Penal que confirmó las condenas y las absoluciones dictadas en 2012 en la causa Harguindeguy.

Puntualmente, insistirá con el pedido de que las penas sean de cumplimiento en cárcel común y no bajo arresto domiciliario. “Estamos evaluando ir a la Corte porque son condenados por genocidio y delitos de lesa humanidad, pero por otro lado los mandan a su casa, teniendo condena perpetua”, dijo.

Fuente. Uno