Se trata de un par de proyectos que cuentan con el aval de una amplia mayoría de los mandatarios provinciales y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados con la firma de los líderes de distintos bloques del Senado, entre ellos aliados y opositores a Javier Milei como Juliana Di Tullio, José Mayans, Eduardo Vischi, Fernando Salino o Carlos Espínola.

El primero de los proyectos propone la eliminación de varios fideicomisos y fondos “poco transparentes” -de la misma forma que lo hizo el Gobierno- que son financiados con lo producido por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y que esos fondos se giren a las provincias para que puedan hacerse cargo de “funciones y responsabilidades asumidas por los gobiernos provinciales y municipales” en el último tiempo como consecuencia del ajuste que llevó a cabo la administración libertaria.

La iniciativa eliminaría el fondo fiduciario de Infraestructura Hídrica, el de Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda para “terminar con este mecanismo de distribución sectorial” y distribuir esos recursos según los porcentajes de coparticipación establecidos en la Ley 23.548 (Coparticipación).

Para poner en perspectiva, solo el de Transporte y de Infraestructura Hídrica, este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el ICL.

Para concretar esto el proyecto propone modificar la Ley 23.966 (impuestos - previsión social) para redefinir la distribución de lo que produce el ICL. En este caso, sería un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social (Anses).

Los fondos correspondientes a las provincias quedarían repartidos en un 25% en partes iguales entre todos los distritos, y el otro 75% según los índices de coparticipación.

El segundo proyecto es complementario y propone incorporar un nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) y establecer que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se redistribuyan según los artículos 3°, 4° y 8° de la de coparticipación. Se resalta que la redistribución se hará “diaria y automáticamente”, bajo las mismas condiciones de la ley de coparticipación.

Los proyectos son una respuesta de los gobernadores a las quejas por el corte de recursos y transferencia de responsabilidades a las provincias realizado desde la llegada a la Casa Rosada de La Libertad Avanza.

En la mesa de negociación entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los ministros de economía provinciales se rechazó coparticipar el remanente del fondo de ATN y en cambio la oferta fue coparticipar la parte que va a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos, transfiriéndoles también las rutas, informó La Nación.

Desde el Gobierno adelantaron que, como se hizo en el pasado, cualquier ley que vaya en contra del equilibrio fiscal sería vetada. Así lo plasmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en recientes declaraciones. No obstante, los gobernadores esperan sortear aquel recurso del Ejecutivo alegando que se trata de un redireccionamiento de los fondos desde los mencionados fideicomisos que no dañaría el equilibrio fiscal.