“Vamos a tratar de que ese expediente se incorpore en los temas previstos para el trabajo en comisión”, dijo Federik y sintetizó: “Yo quiero que se trate”.

La UCR ratificó hace un par de semanas atrás su decisión de reactivar el juicio a Pañeda fundado en que “la Junta Electoral Nacional que integra, con la disidencia de Gustavo Zonis, desconoció y tornó de imposible cumplimiento la resolución de la Cámara Nacional Electoral por la que se habilitaba la oficialización de las boletas del Frente Progresista Cívico y Social”. Asimismo, afirmaron que, a raíz de la historia partidaria de la UCR, tienen que “adoptar esta resolución, en defensa de la independencia del Poder Judicial y la limpieza del proceso electoral como expresión transparente de la voluntad popular”.

Según la UCR, “la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos violentó disposiciones expresas de la legislación electoral vigente y configuró un cuadro de notable confusión y desconcierto en la ciudadanía a pocas horas del comicio” y recordaron que la Cámara Nacional Electoral (CNE), dos días después de las elecciones, consumada la irregularidad que denunciamos, nos dio la razón: en los considerandos del fallo 4737 de la CNE, se sostiene que ‘el Tribunal no puede pasar por alto que la Junta Electoral Nacional de Entre Ríos se apartó sin fundamento de la jurisprudencia claramente aplicable al caso’ ”.

Asimismo, comentaron que la CNE resolvió llamar la atención a la Junta Electoral provincial, más allá de declarar que “carece de interés jurídico pronunciarse en la presente causa”, por haber ya transcurrido las elecciones, con el daño irreparable consumado por el ilegal accionar de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos. Según el centenario partido “como resultado del accionar de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, se votó el pasado 23 de octubre en un escenario manifiestamente irregular, lo que adquiere una enorme gravedad institucional”, según publicó Recintonet.

Además, habían manifestado que la decisión de impulsar el juicio político “no pretende en absoluto constituir la explicación central del resultado electoral, del que nos hacemos cargo, ni afectar la legitimidad de los gobernantes electos”. Y agregaron: “Sin embargo, es nuestra obligación política y moral denunciar la conducta de las magistradas cuestionadas; no hacerlo constituiría una falta grave de nuestra parte, y nos haría de alguna manera cómplices de una intolerable irregularidad”.