En representación de la provincia participaron directivos de la Asociación Hotelera Gastronómica Paraná, Asociación para el Desarrollo de Concordia, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Cámara de Industrias Frigoríficas de Entre Ríos, Consejo Empresario de Entre Ríos, Corporación para el Desarrollo de Paraná, Federación Agraria Argentina, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación de Transporte Automotor de Carga, Federación Cooperativas Entrerrianas, Federación Económica de Entre Ríos, y la Unión Industrial de Entre Ríos.

El trabajo se denominó Propuesta de Reforma Tributaria Integral para la República Argentina y consta de unas 50 páginas, que comenzó a elaborarse en setiembre de 2009, en la localidad de San Francisco, Córdoba.

En el documento se insiste en que “se reduzca la presión fiscal sobre el sector que paga efectivamente impuestos y ataque duramente los altos niveles de evasión y elusión que existen en la actualidad. Argentina es el país latinoamericano cuya presión fiscal es la que más creció en el período 2002-2009. Una presión fiscal excesiva no favorece el desarrollo de la actividad productiva y económica en general, sustrayendo capital de trabajo del sector privado hacia el sector público. En tal sentido, el impacto de los derechos de exportación sobre el sector agropecuario merece un análisis especial y particular”.

Asimismo, el informe brega como “una tarea urgente e impostergable” la derogación de la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 y su sustitución por un nuevo régimen de coparticipación, en cumplimiento de la manda constitucional de 1994. “El gobierno nacional adopta con frecuencia una vía para sustraer recursos a su aplicación creando mecanismos de distribución específicos, con lo que el Congreso nacional en la práctica modifica la Ley de Coparticipación Federal sin contar con el acuerdo de las provincias. Esto plantea el interrogante respecto de la legalidad de las cláusulas que establecen mecanismos de distribución específicas de recursos para impuestos determinados”, plantea el informe.

Otro de los énfasis está puesto en la reducción de la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Existe una fuerte regresividad con la tasa actual del 21% que impacta fuertemente en el bolsillo de los que tienen menores ingresos. Este impuesto nació con una tasa general del 13 por ciento y una diferencial sólo para artículos suntuarios del 21%. Hoy, frente a una realidad de país diferente al de 1975, se está gravando casi todo lo que se consume como si fueran artículos suntuarios de aquella época”.

Así, las entidades empresarias sostienen que el elevado nivel de alícuota general “es un incentivo a la evasión” y exige una eficiencia total por parte del organismo recaudador a fin de que el balance recaudación/devolución sea el óptimo. Por tal motivo, se cree conveniente reducir la tasa general y la alícuota en bienes esenciales o de la canasta familiar.

Por otra parte, se sostiene la necesidad de derogar los tributos municipales cuya base imponible se determina con el monto neto de ventas, en pos de la armonización fiscal, evitando la múltiple imposición y simplificando el sistema. En ese marco se plantea que los municipios deberán poner énfasis en la percepción de tasas por servicios individualizados, concretos y efectivos. Y podrían desarrollar legislativamente la alternativa escasamente implementada de tributos ecológicos.

“Del mismo modo –acota la propuesta– debe propenderse a la derogación de las tasas sanitarias sobre mercaderías en tránsito, por no corresponder a la potestad tributaria municipal y por ser lesivas de la carta magna, ya que importan restricciones al libre tránsito, obrando como aduanas interiores”, reprodujo Infobae.