Por Jorge Pedro Busti
Ex gobernador de Entre Ríos

Gary Webb, en agosto de 1996, cuando trabajaba para el diario San José Mercury News, reveló al mundo cómo los barrios negros del país fueron inundados de crack en medio de un tráfico destinado a abastecer de dinero y armas a la CIA y con las ganancias de ese comercio criminal e ilegal lo utilizó para financiar las operaciones de la guerra contra revolucionaria en Nicaragua. La CIA trataba de derrumbar al gobierno sandinista.

Alberto Nisman, el fiscal de la Nación, que el 13 de enero de 2015 había denunciado al Poder Ejecutivo y a parte del gabinete por el acuerdo con la República de Irán, hasta días antes de su muerte tuvo el reconocimiento por su investigación por parte de la comunidad judicial y del periodismo especializado. Después de su sospechosa muerte fue blanco de una sistemática campaña de difamación por parte de los servicios de Inteligencia, que supuestamente eran los encargados de cuidar su seguridad física y también fue fustigado por el periodismo oficialista militante intentando desacreditar su vida personal y la tarea investigativa.

El periodista norteamericano, que con su trabajo también tuvo los más altos reconocimientos por parte del periodismo especializado, recibió en dos ocasiones el Premio Pulitzer. Pero muy a pesar de esto, comenzaron, a través de la presión de la CIA, una campaña de descrédito personal, generando una fuerte tensión en su entorno familiar y simultáneamente los grandes periódicos como el Washington Post, el New York Times y el Los Angeles Times se distinguieron en el trabajo sucio para destruir la reputación de Gary Webb. El organismo de Inteligencia americano y los grandes diarios de ese país se asociaron en la Operación Ruiseñor para proteger los intereses de la CIA, lograron que el periodista desde su renuncia no consiguiera un nuevo trabajo y fue encontrado muerto en su apartamento en 2004 con dos balas calibre 38 en la cabeza con el mismo diagnóstico del fiscal argentino: Suicidio.

Luego de la muerte de Nisman, el 18 de febrero se realizó una marcha más conocida como 18 F, que fue encabezada por los fiscales federales Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Carlos Rívolo, Raúl Pleé y Carlos Stornelli y contó con la participación destacada de numerosos dirigentes políticos. Esa recordada marcha fue calificada por la Presidente Cristina Kirchner como el bautismo del Partido Judicial.

El poder en ambos casos actuó de la misma manera: ocultando la verdad, manipulando la investigación, acudiendo a la desacreditación y descalificando a los denunciadores en forma despiadada a través de sus organismos de inteligencia o medios adictos que cumplen su tarea con la distorsión y la desinformación.

No fue muy distinta la muerte del periodista del periódico californiano. Un 10 de diciembre de 2004, su cuerpo fue encontrado sin vida con dos balas de calibre 38 en su cabeza; fue el Coronel Robert Lyons el oficial de justicia que realizó la breve investigación, emitiendo rápidamente su dictamen: Suicidio.

Como toda historia, deja una enseñanza y eso no es otra cosa que lo que debería ocurrir en nuestro país que estamos próximos a vivir un cambio. Debemos exigir que ese cambio sea profundo y que de una vez por todas, las comisiones parlamentarias de control de los organismos de inteligencia tengan el poder y la eficacia para controlarlos, para que no se transformen en un poder autónomo, oscuro y contrapuesto a los principios de la República.

Ojalá que el ansiado cambio democrático traiga un renovado pedido de justicia a la aberrante muerte de un fiscal de la nación que se animó a investigar.