Asimismo agregó que restaría convocar a una mesa de diálogo para construir “colectivamente la mejor ley posible y la mejor regulación”: “Nos parece saludable este llamamiento y estaremos atento a los pasos siguientes”, señaló.

El letrado adelantó que desde M´Biguá aportaran antecedentes que han quedado de la anterior Ley de Arrendamiento: “A nuestro entender no fue bueno desde el punto de vista económico, como tampoco desde el cuidado del ecosistema del Delta”, dijo, y agregó: “Es necesario hacer un ordenamiento territorial del Delta, porque uno habla de él como si fuera una sola cosa, y en realidad es una serie de ecosistemas que están interrelacionados, que funcionan bien sólo si esas interrelaciones son posibles; entonces quizás no es necesario una misma regulación para todo el delta, sino tener consideraciones especiales”.

También opinó que se debería tener una certificación de la producción que sale del delta, porque “sabemos que es producción de excelente nivel, la calidad es muy buena siempre cuando se usen sistemas adecuados”.

Más adelante, Rodríguez explicó que “esta ley establecía, en primer lugar, un sistema de arroz que necesita un alto contenido de productos químicos; en segundo lugar habilitaba a hacer cualquier actividad productiva y, al derogar la ley anterior, derogaba la prohibición de la utilización de productos químicos para esta zona, lo cual abría una puerta a la utilización de paquetes tecnológicos no adecuados”.

A su vez, destacó que “la concesión directa a una sociedad anónima por 99 años, si bien aquí se puede discutir si se trata o no de una privatización de las islas, otorga directamente los terrenos públicos, lo cual condiciona mucho”.

Finalmente, subrayó que la Constitución de la provincia establece algunos lineamientos que deberían ser atendidos y que no estaban “claramente” incorporados en la ley derogada: “La nueva ley debería contener estos lineamientos y debería empezar a ejecutar la Constitución de Entre Ríos”, sostuvo en declaraciones FM Litoral.

El gobernador Sergio Urribarri propuso derogar la Ley Nº 10.092 de tierras fiscales, la cual establecía que éstas deberían destinarse al desarrollo de actividades ganaderas y avícolas, quedando prohibida la explotación agrícola. También autorizaba a la creación de una sociedad anónima para desarrollar el cultivo de arroz.

Ciudadanos autoconvocados

Los integrantes de los grupos “El Delta no se toca” y “El Paraná no se toca” señalaron que su lucha no terminará hasta que la norma efectivamente se derogue: “Queremos asegurarnos que el Delta no se destruya porque posee una gran parte la flora y fauna silvestre de la provincia; el mismo tiene 17.500 km² y una longitud de 320 km. Además el mismo es parte del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y es de vital importancia su preservación, ya que solo el 0.27 % del agua dulce se encuentra disponible para el consumo humano en ríos, lagos, etc. Es por eso que nuestra lucha seguirá hasta que esto se logre”, indicaron en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL.

“Como ciudadanos queremos que se cumpla el Art. 41 de la Constitución Nacional que establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”, resaltaron.

“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”, agregaron.