El 8 de septiembre de 2017, las abogadas Zenia Borges y Susana Schindt, representantes de los afiliados a PAMI Oscar Alfredo Alberto y Cecilia Teresita, y del Centro de Jubilados de Suburbio Sur y el Club de los Abuelos, presentaron un recurso de amparo en el Juzgado Federal, Civil y Comercial Nº 2 de Concepción del Uruguay para que la obra social retrotraiga el servicio a como era el 1 de mayo del año pasado, antes de que se desatara el conflicto entre el PAMI y el Colegio médico que dejó sin a los adultos mayores de Gualeguaychú sin servicio en médicos especialistas y prácticas ambulatorias durante 191 días.

Y si bien la presentación la hicieron dos afiliados y dos centros de jubilados, si la Justicia hubiera ofrecido una respuesta la misma habría sido aplicable a los más de 14 jubilados que necesitan de los servicios de la obra social.

En noviembre del año pasado el PAMI firmó un convenio con Nativus y puso fin a su guerra con el Colegio Médico, pero eso no significó que la atención haya quedado garantizada: la plantilla de profesionales que atienden con la empresa se vio drásticamente reducida, y los turnos a tres, cuatro e inclusive cinco meses comenzaron a ser cotidianos.

El mensaje de la bandera que ayer flameaba en el puente naranja fue el mejor ejemplo sobre la falta de celeridad de la Justicia ante la problemática de los jubilados en contraste con la efectividad que mostró ante las cautelares que presentaron comerciantes contra la ordenanza de Gualeguaychú que prohíbe la venta, el uso y el acopio del glifosato en el ejido local.

En julio último, el juez federal subrogante de concepción del Pablo Andrés Seró dio lugar a la medida cautelar presentada por cinco comerciantes de la ciudad que plantearon que la ordenanza es inconstitucional porque atenta contra su derecho a la mercantilización del agroquímico. Y todo se hizo de manera inmediata e inclusive en medio de la feria judicial. Por lo tanto, al comparar como actuó la Justicia en ambos casos, las diferencias quedan bien marcadas

“El planteo y el meollo del problema es que como sociedad tenemos que reaccionar y actuar, porque no puede ser que 14 mil adultos mayores no tengan una obra social como corresponde. Y encima, el Poder Judicial dejó bien en claro que para ellos es más importante el derecho al comercio (por el glifosato) que el derecho a la salud (por el conflicto contra el PAMI. No puede ser que tengamos Justicia Federal selectiva”, protestó Víctor Hugo Lapido, titular del Área del Adulto Mayor municipal ante la consulta de ElDía.

¿Por qué quedó en la nada la causa contra el PAMI?

Luego de la presentación del recurso de amparo en septiembre de 2017, la causa quedó en manos de la jueza Beatriz Aranguren, pero tres meses más tarde, la magistrada fue ascendida a camarista de la Cámara Federal de Paraná y dejó el Juzgado sin dictar sentencia, lo que trajo más dilaciones, que se sumaron a los recursos de quejas presentados por las letradas pero que no entraron a despacho hasta febrero de este año para que sean resueltos.

El último obstáculo fue cuando la jueza Aranguren dejó su cargo y comenzó a ser subrogante en ese puesto el juez Seró, el mismo que le dio lugar a las cautelares contra el glifosato cero. Y con el amparo de los jubilados también fue expeditivo, pero para excusarse aduciendo que es pariente del doctor Mariano Lacava, abogado del Estado Nacional.

Desde ese día, el caso de los jubilados de Gualeguaychú contra el PAMI no tiene juez a cargo y la causa quedó en la nada, paralizada y cajoneada.

“Es Justicia selectiva, y mientras tanto 14 mil jubilados, el sector más desprotegido de una sociedad, están desamparados. Para ellos la atención médica es vital: no pueden estar esperando turnos para dentro de cinco meses, y mucho menos a que la Justicia haya estado más de un año sin hacer algo”, reprochó Lapido. Mientras tanto, la bandera sigue flameando en el puente naranja.