José Ángel Allende y sus abogados Lambruschini y Rusconi. (Foto: ANÁLISIS)
Los abogados defensores del exdiputado provincial y líder sindical José Ángel Allende, Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, anunciaron que apelarán el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito dictado por el juez de Garantías Pablo Zoff, al considerar que la medida es preliminar, no está firme y no implica culpabilidad alguna.
La defensa también cuestionó los fundamentos del juez, argumentando que la pericia oficial contable, elaborada por el Cuerpo Técnico del Poder Judicial con participación de todas las partes, contradice la hipótesis de la Fiscalía. Según los abogados, ese estudio no determinó un incremento patrimonial ilícito ni desproporciones injustificadas entre ingresos y egresos.
El procesamiento fue dictado este lunes 30 de junio. El juez Zoff imputó a Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, fueron procesados como partícipes necesarios su esposa Adriana Guadalupe Satler, su exesposa Diana María Cristina Traverso y su hijo Julio Alejandro Allende, por ambos delitos. Su hija Victoria Allende fue procesada solo por enriquecimiento ilícito, mientras que fue sobreseída en la acusación por negociaciones incompatibles.
La investigación, que se extendió por 13 años, se originó en una nota periodística de la Revista ANÁLISIS del 19 de abril de 2012, titulada "Los negocios del diputado"
El descargo de la defensa
En un comunicado difundido esta tarde, la defensa de Allende sostuvo: “En primer lugar, debemos aclarar que la resolución no está firme y será recurrida. El auto de procesamiento dictado por el Juzgado no representa una sentencia condenatoria ni implica culpabilidad alguna. Se trata de una medida preliminar que no ha adquirido firmeza y será apelada por la defensa en los términos procesales correspondientes. En este sentido José Allende ejercerá todas las vías legales que le confiere la Constitución Nacional para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el respeto a su buen nombre”.
También señaló que “la pericia oficial desarrollada en la instrucción desacredita la hipótesis de la Fiscalía y contradice los fundamentos del procesamiento. En el marco de esta investigación, se produjo una pericia contable oficial realizada por peritos del Cuerpo Técnico del Poder Judicial, y con la intervención de todas las partes. Dicha pericia no concluyó que exista un incremento patrimonial ilícito, ni determinó desproporciones injustificadas entre ingresos y egresos, tal como lo afirma el auto de procesamiento”.
“Lejos de avalar las afirmaciones del fiscal, la pericia tuvo por acreditados movimientos patrimoniales sin emitir juicio valorativo alguno sobre su legalidad ni sobre una supuesta ilicitud en su origen; incluso, la pericia reconoce la existencia de ingresos no contemplados originalmente en la acusación y que aportan coherencia contable a la evolución patrimonial de Allende”, agregaron los abogados.
En esa línea, manifestaron que “el juez, sin justificación alguna, ha optado por desconocer el valor técnico de la pericia oficial y ha adoptado, sin más, la versión acusatoria del Ministerio Público, sin una debida valoración crítica ni imparcial de la prueba producida en el expediente. Esto no solo viola el principio de imparcialidad que debe regir toda decisión judicial, sino que revela una clara inclinación por construir una narrativa penal sin sustento fáctico ni respaldo técnico sólido. Muy posiblemente estemos ante la presencia del primer caso en la historia judicial argentina en el que se procese a los imputados con la pericia oficial que arrojó resultados favorables a ellos”.
“Esta defensa, por su parte, ha acompañado informes económicos, documentos bancarios, declaraciones impositivas y explicaciones detalladas que, junto con la pericia contable oficial, demuestran que no hay delito que reprochar. Por ello resulta inadmisible que una resolución de esta magnitud ignore de manera arbitraria los informes técnicos producidos por el propio sistema judicial, y ello será puesto de manifiesto con claridad en la apelación que presentaremos ante la instancia superior”, puntualizaron en otro pasaje.
Remarcaron además que “José Allende ha puesto a disposición de los tribunales toda la información patrimonial, bancaria, fiscal y personal requerida. En ningún momento ha obstaculizado el avance del expediente ni se ha negado a comparecer. Ha actuado siempre con transparencia, respeto por las instituciones y plena disposición a dar las explicaciones que correspondan”.
“No escapa a ningún observador imparcial que esta investigación ha sido explotada mediáticamente con una clara intencionalidad política, buscando dañar la imagen de uno de los dirigentes sindicales más representativos de Entre Ríos. A lo largo de su trayectoria, el Sr. Allende ha enfrentado poderosos intereses corporativos y sectores que han pretendido silenciar su voz en defensa de los trabajadores. Esta causa se inscribe en ese contexto”, sostuvieron.
Finalmente, expresaron que “resulta doloroso e injustificado que se pretenda involucrar a miembros de su familia en esta causa sin elementos probatorios consistentes, con el único fin de extender el efecto estigmatizante del proceso penal. Ninguno de ellos ha ejercido función pública ni ha cometido delito alguno, y su inclusión responde a una estrategia punitivista que será refutada judicialmente”. Destacaron que su defendido “reafirma su inocencia, su confianza en el Poder Judicial imparcial y en el valor de la prueba objetiva”.
