En el texto de la demanda, Kisser refirió en primer lugar al rol y función del IAPV. Entre ellos, destacó que el organismo “antes que construir viviendas, o impulsar la edificación, tiene una misión esencial e inexcusable: la planificación urbana”, y subrayó: “Esto es importante, para advertir las serias, graves e inexcusables desprolijidades e irregularidades en que se incurrió en la ejecución/construcción de las 800 viviendas, en los tres lugares señalados al inicio de esta denuncia”. “El IAPV, como Ente Organizador de Planes de Viviendas, no puede ni debe permitir la construcción de Viviendas, máxime cuando son sociales, en cualquier lugar y de cualquier manera”, enfatizó.

Párrafo seguido, apuntó: “Igualmente, el IAPV para cumplir con sus funciones esenciales y específicas, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 10 inc. p) de la Ley 4167, puede adquirir terrenos en la Provincia de E. Ríos. Es decir, el IAPV no puede desligarse de la adquisición de los terrenos, con el cumplimiento estricto e ineludible de todos los recaudos legales, y en donde se asentarán las viviendas que serán luego adjudicadas, máxime cuando esas viviendas tienen un rol social”.

Frente a estos dos puntos, Kisser observó: “En mi modesta opinión, estas obligaciones mínimas, elementales, no se cumplieron en el caso concreto que motiva esta denuncia. Todo quedó en manos de la Empresa o Empresas privadas que resultaron adjudicatarias en la construcción de estas viviendas, pero además, se dio intervención exclusiva y excluyente a una pseudo inmobiliaria y/o financiera”.

Tras considerar que “no hay dudas que desapareció (ex profeso y con deliberada intencionalidad) el rol activo, presente, que debe tener el IAPV”, reforzó: “Más aún: se trata de un ente público con fines sociales y no comerciales, lo que en este caso –lamentablemente- fue muy distinto y sin lugar a dudas, visto desde afuera, se parece mucho más a un negocio privado, con fines de lucro, que a una acción estatal destinada a satisfacer demandas sociales vinculadas a soluciones habitacionales”.

En ese orden, advirtió que el IAPV debe tener en cuenta, respecto a la planificación de un emprendimiento habitacional, la cuestión de los servicios, los medios de transporte disponibles, la cuestión sanitaria y la educativa.

“Como se puede advertir, la improvisación y negligencia del IAPV en la planificación de las 800 viviendas, es más que evidente. Y no se trata sólo de un error político o de un diagnóstico equivocado. Se han relajado hasta límites impensables e intolerables todos los controles, y ello se fue extendiendo también (...) en la construcción misma de las viviendas. Aquí no sólo hubo improvisación, indolencia y descuidos, sino que esto fue un proceder deliberado e intencional que encubre subalternos intereses empresarios y de determinados funcionarios que nada, absolutamente nada tienen que ver con los fines sociales de un organismo estatal”, advirtió el legislador, que hizo mención también al “deterioro” de las viviendas.

Los hechos

Al hacer un raconto de los hechos, Kisser marcó que según información obtenida del IAPV “hay aproximadamente 13.000 familias esperando su vivienda propia, digna y a otorgarse la misma a través de ese organismo oficial”, pero sostuvo que “se ideó un sistema por el cual, y ésto es alevemente violatorio de la función propia del IAPV, para que esta lista de espera de 13.000 familias, sea obviada. En definitiva, terminan siendo “puenteados”. Para ello, lógicamente aparece la idea del negocio inmobiliario de las constructoras, con una Mutual que actuaría como financista, teórica loteadora de terrenos, vendedora de los terrenos donde se construirían estas viviendas, haciendo un gran “negocio”, en apariencia, porque en definitiva, es una estafa”, denunció.

Y detalló: “Según lo que se me informó en el IAPV, un buen día, hace aproximadamente cinco años, apareció una UTE conformada por Néstor Ivan Szczech, Caballi S.A., y Cemyc S.R.L., haciendo un ofrecimiento para hacer 800 viviendas en la ciudad de Paraná, ofrecimiento que le hacen al IAPV, con el argumento que tenían la anuencia del entonces Ministro de Planificación Federal; Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, y de los entonces Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José Francisco López, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Arq. Germán Nivello. Todo esto es por información lograda verbalmente en el ámbito del IAPV, pero también por relaciones lógicas que surgen de otras denuncias penales por viviendas y otros asuntos públicos en los que aparecen comprometidos los funcionarios y empresarios aquí aludidos”.

“En función de ello se “arma” todo un “proceso licitatorio” (¿?), resultando luego como empresas adjudicatarias para construir las viviendas: a) En el caso de San Benito eran 250 Viviendas, y resultaron ser adjudicatarios de la construcción, la UTE, conformada por “Néstor Ivan Szczech – Caballi S.A. – CEMYC S.R.L.” (CUIT 30-71460166-7); b) Para el caso de las 250 viviendas de Colonia Avellaneda, resultaron adjudicatarias las empresas de “Caballi S.A.”, “Szczech S.A.” y c) En el caso de las 300 viviendas de Paraná, resultaron adjudicatarias “Caballi S.A.”, “Adelco- Viano” y “RP Construcciones””. Estas empresas, además, según refleja la demanda, “debían roveer los terrenos.” “Siempre por la información lograda, el ideólogo (i.e., el factótum) de todo este emprendimiento, habría sido el Ing. Miguel A. Marizza (Ex Titular de la Cámara Argentina de la Construcción)”, quien “siempre por lo informado desde el IAPV, trae el negocio armado desde Bs.As.”, agregó Kisser.

“Es importante señalar que no sólo son estas Empresas que se constituyen en UTE para hacer estas viviendas, las que tiene el protagonismo central en esto, sino también la tiene la Mutual Modelo. Es decir, es toda una organización, estructurada y con roles delimitados a los efectos de hacer este emprendimiento, para obtener el resultado que motiva esta denuncia”.

En síntesis, indica en la denuncia Kisser, en base a la información obtenida, que “en el IAPV se toma la decisión de construir las viviendas, y se “arma” –a medida- el pliego de licitación. Recuérdese que toda la operatoria vino “armada” desde Buenos Aires, especialmente desde el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos. Esta sola circunstancia pone bajo sospecha toda la operatoria. Son públicos y notorios los pingües y sospechosos negocios que se han hecho desde ese Ministerio, encabezado a la sazón por Julio Miguel De Vido, en toda la Obra Pública, incluido las viviendas. Nada es casual. Todo es causal. Todo está claramente digitado, determinado y direccionado en la licitación pública. La licitación es solamente una mera formalidad. En concreto, bajo la figura de una supuesta Licitación, acá lo que realmente ha existido, es una contratación directa, para hacer un extraordinario negocio a costa de la necesidad de los que resultaron ser los adjudicatarios de las viviendas”.

En otro punto se refirió a los pliegos de licitación, sobre los cuales sentenció: “Son idénticos; son “sacos a medida” para estas UTE o conjuntos de Empresas”. Y advirtió: “Nadie adquirió otro pliego de licitación, salvo estas Empresas que actuaron y resultaron ser las adjudicatarias de los tres grupos habitacionales señalados”.

En otro extenso capítulo de la presentación, Kisser hace mención a la Mutual Modelo y el pago de la cuota a la que deben hacer frente los adjudicatarios y “la existencia de supuestas dos operatorias”. En un tramo citó una nota de ANALISIS DIGITAL de octubre de este año, donde se daba cuenta “que los vecinos no pueden pagar la vivienda, por el elevado costo que les representa asumir sendos desembolsos mensuales, teniendo en cuenta que tienen que abonar, por un lado, el costo del terreno (plus ganancia producto del negocio inmobiliario/financiero), que está en el orden de los $ 5.000. mensuales, más el canon de uso de la vivienda (que ni siquiera es la cuota pura que debería estar cobrándoseles a esta altura), que también está rondando en ese importe”.

Pruebas y medidas precautorias

Kisser detalla hacia el final del escrito la prueba documental e informativa, testimoniales, pericial técnica e informe socio ambiental que ofrece.

Por otro lado, “a fin de evitar que se continúen irrogando a las 800 familias adjudicatarias perjuicios graves e irreparables, con todas las consecuencias negativas que ello acarrea (en lo moral y patrimonial), a la vez poner coto a una situación delictiva continuada” solicitó “formal y expresamente se ordene a la Mutual Modelo el cese del cobro de cuotas correspondientes al terreno (que ni siquiera es de compra) por ser ellas el mecanismo o modalidad propia de este negocio inmobiliario y financiero, base de la estafa o defraudación, como al propio IAPV, a fin de que como autoridad pública en la materia y responsable directo (e indelegablemente) de velar por la transparencia y legalidad de los procesos referidos a la construcción y adjudicación de viviendas, den certeza y seguridad jurídica a los adjudicatarios de que las cuotas que mensualmente pagan y que extrañamente llaman “canon de uso”, lo son a cuenta de las cuotas normales, regulares y habituales que se abonan en estos planes de viviendas sociales y, a la par, exijan a las empresas constructoras, procedan a sanear los vicios constructivos en forma inmediata y con la calidad que corresponde”.

“Asimismo, entre el IAPV y la Mutual Modelo, deberán solucionar el aspecto concerniente a los costos de los terrenos y, en todo caso, hacerse cargo el Instituto pues, como queda evidenciado, con lo que se ha cobrado la entidad Mutual hasta el momento, se han pagado con creces los costos de adquisición de los mismos y sobre los cuales se habrían emplazado las 800 viviendas”, remarcó.