El santafesino apuntó a la oposición por defender a los grandes medios de comunicación accionistas en Papel Prensa S.A y cuestionó que cuando se debatió hace dos años la Ley de Medios "los diputados de la oposición se fueron del debate y estaban en un hotel acá cerca con los empresarios de esos medios".

"Después, cuando el Gobierno dio a conocer el informe La Verdad (sobre Papel Prensa), la oposición corría de un despacho a otro para defender lo que nunca pasó, porque pensaban que la Presidenta iba a expropiar la empresa", afirmó Rossi.

El diputado radical Oscar Aguad rechazó sus expresiones y le gritó: "¡Mentiroso!".
"No se enojen. Es un reconocimiento que les hago, porque hoy han decidido debatir", agregó el titular de la bancada K. La sesión había comenzado a las 12.40, cuando la diputada del FpV y titular de la comisión de Comercio, Juliana Di Tullio,
explicó el dictamen del Gobierno y subrayó que "viene a salvar una situación muy inequitativa de nuestro país".

"El objetivo central es garantizar la libertad de imprenta de todos aquellos que necesitan tener ese bien para poder expresarse a través de un medio escrito", aseguró la legisladora.

Sostuvo que además del tratamiento en comisión, el proyecto fue debatido a lo largo de cinco audiencias públicas en 2010, a las que fueron invitados todos los diarios, pero de las que no participaron "ni la oposición ni Clarín y La Nación".

"¿Presidente, usted sabe lo que significa que un diario le tenga que comprarle el papel a su máximo competidor? Es una situación de inequidad absoluta", añadió Di Tullio.
Por la UCR, Juan Pedro Tunessi advirtió que el oficialismo busca "verdaderamente democratizar la comercialización".

"El Gobierno quiere estatizar Papel Prensa y no lo dice", subrayó el radical y recordó que "fue este Gobierno el que llevó a crear el mas grande monopolio de la comunicación que se recuerde de la historia del país".

El diputado del Frente Peronista, Eduardo Amadeo, afirmó: "Quiero que quede claro que no estoy defendiendo a Clarín y La Nación, porque fui funcionario y no me gustó como me criticaron. Si el Gobierno le quisiera hacer algo al grupo Szpolski lo defendería, aunque lo detesto profundamente".

Su compañero de bloque, Alberto Assef, consideró que la ley "es una formidable compuerta que se abre para usos discrecionales de parte del Estado". El titular del bloque PRO, Federico Pinedo, sostuvo que con esta norma se dará "otro paso más contra la libertad".

"La intención de confiscar Papel Prensa no es un hecho aislado sino un eslabón más de una larga cadena de acciones dirigidas a controlar los medios de comunicación", agregó el macrista.

Por el Frente Amplio Progresista (FAP), Margarita Stolbizer, explicó que su interbloque "no acompaña el proyecto del Poder Ejecutivo, ni el dictamen de la mayoría".

"Ha sido un mal reingreso del Gobierno definir su agenda de prioridades con los proyectos del decreto de convocatoria a extraordinarias. Todos apuntan a crear herramientas de concentración de poder y a perseguir a todo aquello que se les
ponga adelante", agregó.

La diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich, a su turno, evaluó que "de ser quien controla, va a pasar a ser controlada".

"Van a empezar a apretar más y más a los medios, como en el modelo Santa Cruz, donde no vuela una mosca", resaltó Bullrich. El referente de la Coalición Cívica, Carlos Comi, rechazó la iniciativa y dijo que "el dictamen de mayoría va a violentar la letra de la Constitución Nacional".

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, dijo que el rechazo de los grandes medios de comunicación "viene de que se le terminan negocios históricos".
La diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, a la vez, consideró que la ley "otorga un excesivo poder al Ministerio de Economía y Finanzas, a la medida de los guantes de box del secreterario de Comercio", Guillermo Moreno.

De todas formas, anticipó que los tres integrantes de su bloque iban a abstenerse en la votación. La iniciativa que impulsa el Gobierno y es rechazada por los diarios La Nación y Clarín, principales accionista de la empresa Papel Prensa S.A, declara de "interés público" la producción y distribución del papel para diarios.

A la vez, establece el precio único de pago de contado y fija un régimen de inversiones.
El texto dice que Papel Prensa S.A deberá operar al pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel y presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones.

Ese artículo deja la puerta abierta a que el Estado incremente su participación en la empresa, si es que la misma no cumple en tiempo y forma con esos aportes. Según el proyecto, si los fondos para las inversiones que haga Papel Prensa son provistos en mayor cantidad por el Estado que por los otros dos socios, entonces el Estado acrecentará sus derechos políticos sobre la empresa.

La norma también establece un control parlamentario sobre la actividad y designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la ley. Detalla, además, los principios de cuidado ambiental para la producción de papel, al tiempo que crea una comisión federal asesora.