Juan Carlos Vega, el especialista en derecho internacional y apoderado del gobernador, Jorge Busti, y el vicegobernador, Pedro Guastavino, fue notificado hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo lugar a la petición que presentaron la semana pasada en Washington. Asimismo, se otorgó 30 días al Estado uruguayo para que conteste la demanda planteada e informe a la Comisión si existe algún estudio de impacto elaborado sobre el tema. “El estado uruguayo puede jurídicamente pedir una prórroga porque el reglamento de la Comisión se lo permite”, explicó el abogado, quien acotó que “este último también tiene una cláusula que dice que, si se dilata la respuesta, se presumen como verdaderos los hechos denunciados”. Por su parte, el primer mandatario provincial celebró esta confirmación y destacó que “han considerado nuestro pedido por la fuerza de su estructura jurídica y contenido fáctico ante la alta contaminación que traerán estas papeleras”.

El gobernador recordó que “la semana pasada fuimos a Estados Unidos, y en cuatro días, por una parte, la ombudsman del Banco Mundial hizo lugar a la medida cautelar, y al término de una semana, hizo lo propio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y aseguró que “estos tiempos no son usuales en este tipo de trámites porque, muchas veces, demoran meses en expedirse, y de las miles peticiones que se presentan, hay muchas a las que ni se les da curso”.

Por su parte, recordó que la petición fue presentada por Busti y Guastavino, en su carácter de ciudadanos, contra el estado uruguayo por haber permitido la instalación de las fábricas ilegalmente. Al respecto, señaló que “es ilegal porque viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica”.

Asimismo, resaltó que el tribunal “recibe por año 2000 denuncias contra los 34 países de la OEA y Argentina recibe aproximadamente 200 denuncias. De ese total dan trámite sólo al 9 por ciento. Es decir que el hecho que en una semana la denuncia formulada el 19 de septiembre pasado, haya recibido hoy una comunicación oficial que da trámite a la misma, habla de la sólida construcción jurídica que acompaña esta denuncia y de la importancia que tiene el caso para la CIDH”.

A su vez, informó que en la notificación que recibió hoy la comisión le da 30 días al estado uruguayo para que conteste la demanda planteada por los ciudadanos Busti y Guastavino e informe si existe estudio de impacto ambiental elaborado por el gobierno de Uruguay. “El estado uruguayo puede jurídicamente pedir una prórroga porque el reglamento de la Comisión se lo permite. Pero este último también tiene una cláusula que dice que, si se dilata la respuesta, se presumen como verdaderos los hechos denunciados”, agregó.

Vega dijo que “a partir de aquí se abre un espacio de fuerte significado político y jurídico que tiene que soportar el gobierno de la República Oriental del Uruguay”. En este sentido, ratificó que “la intención de Busti y Guastavino nunca fue enfrentar a Argentina con Uruguay, sino simplemente defender los derechos de los entrerrianos lo que significa decir que las empresas Botnia y Ence en realidad se apoderaron del Uruguay y lo que tendrían que haber respetado son lo stándares legales y ambientales que se les exige en Europa”.

Finalmente, aseguró que los estudios de impacto ambiental solicitados por la Comisión Interamericana “existen, pero fueron realizados por las propias empresas”. No obstante, subrayó que “el instrumental jurídico que usamos es acertado, operamos jurídicamente bien con una opción correcta”, aseveró Vega al tiempo que aseguró que en Washington “Jorge Busti y Pedro Guastavino realmente mojaron la camiseta”.