Un grupo de dirigentes y empleados del Jockey Club de Paraná se movilizarán hoy a la Casa de Gobierno para pedir que se defina el futuro de la entidad luego que la Justicia ordenara el cese de la actividad administrativa y comercial, medida que aún no se ha concretado. Ante esto, hay incertidumbre en unas 200 personas relacionadas con la entidad que piden una solución a la situación.

La Justicia acaba de darle el último golpe a una institución clave de la ciudad, el Jockey Club de Paraná: el titular del Juzgado Civil y Comercial Número 8, Mario Quinteros, ordenó el cese de la actividad administrativa y comercial en el marco del proceso de quiebra ya decretada, lo cual supone que 50 empleados que dependen en forma directa de la institución pierdan su fuente laboral, y que otras 150 personas que actúan en forma directa y viven dentro del predio del Hipódromo Almafuerte deban abandonar el lugar.

La medida, sin embargo, todavía no se ha concretado. Por estas horas, el juez Quinteros aguarda que la Policía le informe qué costo tendría la tarea de custodia y preservación de todos los bienes del Jockey, una institución fundada en 1922 que ocupa un predio de 22 hectáreas, cuyo valor de mercado ronda los 22 millones de pesos. Aunque para hoy está previsto que autoridades y empleados de la institución se movilicen hasta Casa de Gobierno, donde a las 11.30 esperan ser recibidos por el ministro de Gobierno, Sergio Urribarri. El encuentro, juzgan en la institución, podría ser clave para el futuro del Jockey.

Según dijo Claudio Princich, gerente del Jockey, la expectativa es que el Gobierno pueda definir el futuro de la institución mediante un instrumento legal que cambie el status jurídico, y la transforme de entidad deportiva en sociedad anónima. “De esa forma, se facilitaría el ingreso de inversores privados que tomarían a su cargo el gerenciamiento y se harían cargo del pasivo de 6 millones de pesos, con lo cual se podría levantar la quiebra. Para eso, necesitamos que el Gobierno nos dé vía libre para transformar el Jockey en una sociedad anónima”, explicó Princich.

El Jockey Club entró en zozobra a principios de año cuando se conoció una sentencia del juez Quinteros que hizo lugar a un pedido de remate de una parcela de 2.546 metros cuadrados de la pista hípica impulsado por el Banco de Entre Ríos a raíz de la falta de cancelación de un crédito, tomado en diciembre de 2000. La subasta se había fijado para el 15 de febrero, a las 11.30, al mejor postor, y con una base de 28.364 pesos, aunque pudo ser pospuesta a raíz de gestiones hechas ante el banco.

Pero en el fondo la situación no varió. En segunda instancia, la Justicia confirmó la quiebra del Jockey Club de Paraná, y lo único que resta ahora es una resolución final de los tribunales luego de que las autoridades presentaran ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso de inaplicabilidad de la ley de quiebras.

El Jockey carga sobre sus espaldas con un pasivo de seis millones de pesos producto de acreencias impagas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná y un grupo de empleados despedidos. En junio de 2003 la Justicia decidió intervenirlo y desplazar a sus autoridades que ahora dan batalla a nivel judicial para poder retomar el control de la institución.

Ya en febrero último Princich había planteado distintos caminos que evitasen la quiebra judicial. Un camino a seguir sería el remate del predio ubicado sobre avenida Almafuerte; otra vía sería la venta del Hipódromo, lo que permitiría saldar el pasivo, pero dejaría al Jockey sin actividad; y la tercera, la más buscada, ubicar un grupo inversor que asuma la renegociación de la quiebra, y aporte fondos.

“Yo estoy trabajando por la tercera alternativa, buscando a gente que se haga cargo del gerenciamiento. En este período en que yo estuve a cargo he procurado no ampliar el pasivo, y traté de que el presupuesto se equilibrara. Veo que hay posibilidades concretas de que un grupo de Buenos Aires ligado al rubro hotelería se haga cargo del pasivo, porque entiendo que esto cierra como negocio, sólo hay que saber administrarlo bien”, había señalado.

El más firme candidato al gerenciamiento, dijo ayer Princich es un consorcio de Buenos Aires y San Luis, con experiencia en el rubro hotelería, que ya tendría un proyecto listo. “Esa propuesta todavía está latente, y para eso esperamos que el Gobernador nos dé vía libre para un gerenciamiento. Necesitamos una resolución que transforme al Jockey de entidad deportiva en sociedad anónima”, planteó.
Para forzar una decisión en ese sentido, hoy marcharán autoridades, empleados y jockeys, con caballos incluidos, hacia el Centro Cívico. La concentración se hará a las 10.

Advierten sobre el impacto social

Diego Cruz, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del Jockey Club Paraná y empleado de la institución desde hace 17 años, advirtió sobre el impacto social que tendrá el cierre dispuesto por la Justicia.

Por un lado, se refirió a los 50 empleados reconocidos por la entidad que quedarían desafectados y, por otro, a los más de 150 personas que viven dentro del predio del Hipódromo desde hace décadas y que forman parte del circuito laboral que funciona en torno a la actividad hípica. Entre estos últimos, mencionó a los cuidadores de los caballos, los peones, los jockey, los herreros y la familia de cada uno de ellos que, en el transcurso de años, se fueron afincando en las instalaciones del club.

“Si esto no se para, todos vamos a quedar sin trabajo y muchos en la calle”, expresó Cruz. Así, describió la incertidumbre y zozobra que se viven por estas horas. Hasta ayer, la disposición judicial no se había aplicado; pero “no sabemos si mañana (por hoy) vamos a poder entrar a trabajar”, añadió.

Cruz señaló que los trabajadores se enteraron el viernes de la disposición judicial, que —según averiguaron— fue emitida por el juez Quinteros el martes 26. Sin embargo, aseguró que hasta ayer la entidad no había sido notificada. Así las cosas, informó que los empleados participarán hoy de las movilizaciones previstas, esperanzados en poder salvar la institución.

Con la misma intención: preservar el club, se expresaron integrantes del grupo que practica jockey sobre césped en la institución desde hace más de una década.
Celina Comba, quien habló en nombre suyo y de Perla Carulli, impulsoras de las actividades, expresó la preocupación por el destino de la institución donde practican más de 100 niños y un grupo de adultos. En estos años, detalló Comba, construyeron instalaciones, canchas, baños, quinchos y llevan el nombre del club.

Por el aumento del pasivo

El juez Mario Quinteros, al frente del Juzgado Civil y Comercial Número 8, había informado a El Diario que la orden para que cese la actividad en el Jockey Club es para evitar el incremento del pasivo. Y explicó. Cuando se decreta la quiebra, el magistrado puede decidir si sigue o no el funcionamiento de la entidad o comercio, tras sopesar razones de “conveniencia” para las partes y hasta tanto se concrete el remate.

En este caso, Quinteros resolvió la continuidad tras el informe dado por el síndico, al frente de la institución; pero con el único requisito de que el funcionamiento no debía incrementar el pasivo. Si así ocurriera, el juez está obligado por ley a disponer el cese de la actividad. Eso es lo que ocurrió con el Jockey Club, según informó el doctor Quinteros, luego de que el sindico, contador José Furlán, le comunicara que la actividad en el Jockey Club había empezado a dar déficit, por lo que aconsejaba al Juzgado “hacer cesar inmediatamente la actividad”.