Por Pedro Guillermo Guastavino (*)

Salimos con política. De la buena, de la que piensa en el conjunto, de la que se hace cerca de la gente. Paso a paso, con firmeza en las decisiones -y sin duda cometiendo muchos errores que hubo que ir corrigiendo- la nueva Argentina que asomaba fue recuperando dignidad, trabajo genuino para millones que no lo tenían, tejiendo palmo a palmo una red de contención social para que todos fueran incluidos, poniendo ladrillo sobre ladrillo en todo el país para saldar enormes deudas de infraestructura social, como escuelas, hospitales, viviendas y caminos; levantando cabeza ante el mundo y diciendo acá estamos, estas empresas nos pertenecen, esta es la forma en que queremos manejar nuestra economía. Y fuimos imaginando y creando nuevos derechos para dar cabida a la realidad, para incluir, para contener, para sumar.

Este año, la profundización de ese rumbo asumido hace ya una década requería que nos ocupemos de una gran deuda pendiente: la Justicia. ¿O no ha sido éste uno de los reclamos escuchados con más insistencia en las calles del país? justicia.

La reforma en marcha del Poder Judicial parte de un reclamo de la sociedad y busca resolver esa especie de agujero negro de nuestra democracia, que ha permitido que jueces vinculados a crímenes de la dictadura sigan impunes en sus cargos, y frente al que en tantas oportunidades nos sentimos impotentes y defraudados como ciudadanos.

La reforma camina de la mano de ese reclamo de nuestros vecinos de exigir cada vez mejores magistrados, idóneos, que puedan hacer realidad una excelente justicia. Los pasos que hemos dado en el Congreso van en ese sentido: lograr que los argentinos tengamos la tranquilidad de que la Justicia va a defender los derechos de todos en igualdad de condiciones, de que no habrá una justicia más eficiente o rápida para unos y más lenta o inexistente para otros. De que el Poder Judicial dejará de actuar como una corporación en beneficio de sí misma y de los sectores que pueden pagarle. Esta reforma busca terminar con la impunidad y la injusticia, anida en el corazón de uno de los reclamos más sentidos por la mayoría de los argentinos: sin justicia no hay libertad, ni democracia, ni derechos.

Siento un enorme orgullo y una más grande responsabilidad de vivir este momento. No dejemos que nadie nos haga sentir miedo ante estos cambios fundamentales, no nos dejemos engañar: leamos, preguntemos, participemos en las mesas y foros de debate que se propongan: no dejemos que nos cuenten la historia. Vivimos en un país que está de pie, aún con incontables problemas, como tienen todos los países del mundo. Pero estamos de pie, dignos, peleando igual que hace 203 años por nuestra independencia, por nuestra soberanía.

Millones de argentinos reconocen a diario esta tarea, y la valoran y la critican con la vara del sentimiento de su propia vida cotidiana. Reconstruir un país en ruinas no es tarea fácil: hay que tener buenas ideas y hay que animarse a llevarlas a la práctica. Criticar, critica cualquiera. Sobre todo, porque este cambio de rumbo que tomó nuestro país hace 10 años se encuentra a diario con la afrenta de quienes sienten que sus intereses son cuestionados y buscan, con mentiras y falsedades, desacreditar cada hecho y cada palabra; confundir, desinformar y minar la confianza en el modelo, en sus dirigentes y también, en el país.

Sin embargo, la Argentina avanza fundando nuevos derechos que son tomados como ejemplo y bandera en otros países del mundo. Es momento de seguir adelante, con inteligencia y compromiso ciudadano, con la misma determinación y la misma fuerza, para hacer realidad ese reclamo que tantas veces salió de nuestra propia boca: JUSTICIA.
  
(*) Senador Nacional / Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales