Guardapolvos versus corbatas

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El conflicto que enfrenta al sector docente y al gobierno

Con un alto acatamiento al paro en su haber, el principal gremio docente deberá decidir el sábado cómo transcurre el segundo capítulo de un plan de lucha que supera el planteo salarial. Las denunciadas persecuciones “al estilo montielista” no contribuyen al acercamiento de posiciones. En tanto, a la marcha realizada hacia la Casa de Gobierno el martes, se sumaron dirigentes santafesinos en lo que puede constituir una nueva modalidad de reclamo: la nacionalización del conflicto y la lucha de unidad. “Si el poder se organiza en la Región Centro, los trabajadores también tenemos que avanzar en una integración”, advirtieron.

Jorge Riani

Los estribillos que pusieron música a la bronca docente y supieron repiquetear en los indiferentes tímpanos de funcionarios radicales, despertaron de su letargo y salieron amplificados por los altavoces rumbo, esta vez, a otros destinatarios. Fue así como transcurrió la manifestación más nutrida y ruidosa contra la actual gestión provincial de Jorge Busti, con un renovado pliego de reivindicaciones.

Una compacta columna de dos cuadras y media marchó en la primera jornada de protesta que acompañó, el martes, el inicio de la huelga de 96 horas dispuesta por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y que fue convocada por la Seccional Paraná.

A la novedosa modalidad de control de asistencia desplegada por el Consejo General de Educación, donde se les pidió a los trabajadores estatales y municipales que se sumaran a la tarea de inteligencia y delación de maestros que adhieran al paro (ver “La resolución...”), los docentes paranaenses le antepusieron una no menos novedosa forma de protestar: la de invitar a otros gremios, incluidos los de la vecina provincia de Santa Fe.

Las opiniones de los huelguistas de la primera jornada de paro se debatieron entre el reconocimiento al gobierno provincial de dejar una puerta abierta al diálogo y la fuerte molestia que causó la acción casi policíaca desplegada por el titular del CGE, Felipe Ascúa, para desalentar el éxito del paro, que finalmente superó la barrera del 90 por ciento de adhesión en la primera jornada, cuando esta edición estaba en su cierre.

En el fragor de la marcha, el secretario general de la Seccional Paraná de AGMER, César Baudino, disparó con municiones de comprobada acción en el imaginario bustista, y fue la comparación que hizo del actual gobernador con su antecesor Sergio Montiel al momento de hacer frente a una huelga. “Busti aprendió la práctica más autoritaria, reaccionaria y espantosa de Montiel, al punto que la directora Departamental de Escuelas de Paraná llamó personalmente a los docentes y empleados que son los afectados políticos de este gobierno. No tienen vergüenza, y se llenan la boca de peronismo, mientras persiguen a los trabajadores”, espetó con crudeza en diálogo con ANALISIS.

Es en ese clima en el que están inmersos no pocos dirigentes que deberán decidir el sábado, en un nuevo congreso de AGMER, cómo transcurrirá el segundo capítulo de la lucha docente.

Cuando se indaga en las variables que jugarán en forma determinante en la decisión que adopte el principal gremio docente el sábado, surgen elementos de disímiles pesos. Lo primero que se evaluará es el nivel de acatamiento que tuvo el paro, y es ahí cuando se genera el interés del gobierno de desinflar los porcentajes de adhesión. Pese a eso, en una sorprendente actitud de sinceridad, el vocal del CGE, Víctor Migueles, dijo que “el porcentaje de acatamiento al paro ha sido elevado, ya que superó el 90 por ciento”, y admitió que “los números reflejan una situación que nosotros no teníamos prevista porque se trabajó intensamente para que el inicio de clases sea normal de acuerdo al calendario escolar”.

El segundo elemento que se tomará en cuenta en el congreso de AGMER está referido al modo en que el Poder Ejecutivo y el CGE hicieron frente a la medida de fuerza. El calificativo de “apriete” que el gobernador Busti hizo del paro no cayó nada bien, como tampoco la respuesta positiva de algunos intendentes justicialistas que desplegaron personal municipal para desalentar la huelga.

A las horas de comenzar el paro, se denunció en la Justicia Penal que un concejal justicialista de Colón, junto a un grupo de presuntos empleados de esa comuna, “impidieron movilizarse a los docentes, con aprietes y amenazas”. Por eso reclamaron una explicación al intendente Hugo Marsó.

La lógica del reclamo

Aparte de las evaluaciones y declaraciones que dispare el paro de 96 horas, lo docentes centran la suerte de la relación con el gobierno en un largo rosario de reclamos que superan la cuestión salarial. Desde el gremio central con sede en Avenida Rivadavia de la capital entrerriana se indicaba en una entrevista con este medio, que el gobierno de Jorge Busti intenta mostrar una visión reduccionista del problema al limitarlo a lo salarial y al tomar como eje de toda referencia los duros años del gobierno montielista donde se llegaron a deber meses y meses de sueldos, luego saldados con los depreciados bonos federales.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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