José María Chemez; María Carolina Castagno y Alejandro Cánepa integrarán el Tribunal que evaluará el acuerdo alcanzado entre la defensa del sindicalista y ex diputado, José Ángel Allende, y el Ministerio Público Fiscal, supo ANÁLISIS este martes. Dada la jubilación de Daniel Malatesta, el vocal Cánepa ocupará ese lugar.   

Tras la conformación de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el Tribunal de Juicio ya se expidió sobre la competencia de las causas en las que fue investigado Allende. Los vocales consideraron la incumbencia en todos los legajos. Entendieron que todas las conductas que se le atribuyen al imputado involucran a sujetos y/o instituciones de especial protección constitucional.

Es que se investigó a Allende por amenazar a un periodista (Martín Carboni); a una mujer y funcionaria pública provincial (la ministra de Salud Sonia Velázquez); y por ir en contra de la administración pública. Los vocales consideraron respecto los damnificados, que surgen estándares internacionales concretos a seguir y velar. Y serán citados por el Tribunal a la audiencia que se fije para el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado.

Cabe señalar que el 8 de marzo de 2018, ingresó para juicio el Legajo OGA 7.436 “Allende José Ángel sobre amenazas”, contra Carboni. El 7 de junio del mismo año, el fiscal Álvaro Piérola solicitó el desafuero del entonces diputado provincial para su juzgamiento. Cuatro días después, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9, José María Chemez, dispuso la integración de un Tribunal Colegiado a los fines  de tratar la solicitud. Entre los fundamentos se destacó la gravedad institucional del caso.

En ese momento, Allende ya estaba imputado por un supuesto delito de acción pública. Y había precedentes de tribunales de Juicio de la provincia. Por ejemplo en los legajos “Zarza, José Carlos y otros-coacciones agravadas reiteradas, resistencia a la autoridad, amenazas, en concurso ideal”; “Bobadilla Wense y otros-coacción agravada”; “Canosa, Juan José/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.