“Dale, dale, con 500 arreglamos antes que llegue mi compañero”, fue la frase que terminó por llevar al cabo de la Policía de Entre Ríos, N.N.B. a una condena. El hombre que se desempeña en el 911 fue denunciado por un motociclista que es policía retirado por pedirle una coima para no cobrarle una multa. Tras el juicio desarrollado la semana pasada, el juez Rafael Cotorruelo lo sentenció este martes a la pena de un año y dos meses de prisión condicional.

El 7 de junio de 2017, el conductor había dejado la moto estacionada en calle Urquiza, frente a la sede de Sidecreer. El motorista del 911 paró a controlar la documentación y el dueño del vehículo se había olvidado todo, no tenía licencia, seguro ni cédula. El hombre recién salía de sacar un crédito del banco Bersa ubicado en la esquina y el policía pudo verle en su billetera un fajo de billetes, por lo cual decidió pedirle plata para no multarlo. No obstante, el motociclista le dijo: “No, qué voy a arreglar con vos si yo también soy policía retirado”.

La semana pasada, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, había pedido una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años en sus tareas en la Policía. En tanto que el abogado defensor Carlos Albornoz solicitó la absolución por no haberse probado el delito, con la hipótesis de que la denuncia fue una venganza por haberle impuesto una multa.

El juez Cotorruelo en la sentencia sostuvo: “El análisis integral de la prueba producida me permite afirmar que los hechos ocurrieron tal como los describen la víctima y el ocasional testigo presencial, sin que el peso probatorio de la clara incriminación que ambos formulan se vea afectado por la restante prueba producida, de cuya apreciación surge por el contrario, un contexto que en todo caso es compatible con el proceder delictivo endilgado al encartado”.

Asimismo, consideró que “no existe ninguna explicación lógica que permita servir de argumento racional para sostener que ambos sujetos han formulado una falsa imputación, la cual fue sostenida durante todos estos años”.

“Se trata en el caso de un funcionario policial integrante de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, detentando B. la jerarquía de cabo, actuando en la ocasión en el marco de su competencia en orden al cumplimiento de directivas generales superiores que le imponían verificar que los rodados que circulan por la vía pública posean la documentación habilitante para ello, como asimismo la potestad y deber de labrar las pertinentes actas y secuestros en caso de verificar infracciones. Consistiendo el abuso funcional en ofrecer al eventual infractor, omitir cumplir con su deber a cambio de recibir una suma de dinero”, fundamentó el magistrado.

Por esto, le impuso la pena de un año y dos meses de prisión condicional, y el doble de tiempo de inhabilitación para sus labores en la fuerza de seguridad provincial.

Fuente: Uno