Los mandatarios provinciales buscan respuestas ante la crisis de ingresos y la parálisis de obras. La reunión promete ser el lunes y Axel Kicillof quiere formar parte. El rol de Guillermo Francos.

La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores está en un momento de particular tensión. La semana pasada, una gran parte de ellos se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y expresaron preocupación por la caída de la coparticipación, ingreso fundamental para las arcas provinciales. En esa línea, está muy presente el reclamo hacia el Gobierno para que reactiven los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el mantenimiento de rutas nacionales y obras públicas de infraestructura.

Estos asuntos (y otros particulares más) serán tema de conversación de una reunión que los gobernadores le pidieron la semana pasada al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. Esta se concretará esta semana, previéndose hacer el lunes en la Casa Rosada. El encuentro estaba terminándose de cerrar en la Jefatura de Gabinete, todavía no cursaron las invitaciones formales.

Luego de la reunión del CFI del martes pasado, varios gobernadores se hicieron presente en Casa Rosada para adherir al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias que el Gobierno implementó para incentivar la circulación de dólares ahorrados. El clima de adhesión de las provincias sobre esa medida resulta diferente al que se presenta con otras decisiones de Nación.

Allí mismo, el santacruceño Claudio Vidal le pidió a Francos que se conforme una reunión extraordinaria para poder llevarle los reclamos que se acordaron en el Consejo Federal de Inversiones. El jefe de Gabinete aceptó y acordó que un grupo minoritario -a acordar por los mismos gobernadores a través de una comisión propia- lo fueran a ver la semana próxima. Es una forma de descomprimir la relación entre Nación con las provincias, que no está exento de desgaste después de un año y medio de motosierra libertaria.

Se espera que fueran Claudio Vidal, Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El número de mandatarios que asistan será mayor y la transversalidad ideológica de la reunión puede ser mayor a otras: Axel Kicillof (Buenos Aires) también quiere sentarse en el Salón de los Espejos de la Casa Rosada y movilizar los pedidos.

En el Gobierno esperan que los reclamos no sean diferentes a lo que los gobernadores conversaron días atrás en el CFI. La principal preocupación que se vertió ahí fue la caída de la coparticipación hacia fin de año producto de la menor recaudación de impuestos nacionales que impactan sobre ella.

“Las proyecciones de coparticipación para el presente ejercicio no son nada alentadoras”, indica uno de los últimos informes que estuvo en manos de los gobernadores. Allí se estima que las transferencias automáticas a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) caerán un 4,2% en 2025. Esta disminución representa una pérdida de casi 2,5 billones de pesos, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PIB).

El documento proveniente de la Comisión Federal de Impuestos subraya que esta fuente de recursos constituyó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios superiores al 60% en un grupo de 12 jurisdicciones. El informe resalta que la dependencia de las provincias respecto a las transferencias automáticas varía considerablemente.

En 2024, La Rioja encabezó la lista con un 86% de sus ingresos anuales provenientes de esta fuente, seguida por Formosa (84%), Catamarca (80%) y San Luis (79%). En contraste, CABA registró el menor porcentaje, con solo un 18% de sus ingresos anuales provenientes de transferencias automáticas.

Entre las causas identificadas para explicar esta dinámica, el informe destaca en primer lugar las “decisiones de política tributaria del Gobierno Nacional”. Entre estas medidas se encuentran la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión referidos a la percepción del impuesto a las ganancias y al IVA, la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades, el diferimiento de la actualización del impuesto a los combustibles y la reciente reducción o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados.

El documento también señala la influencia de “ingresos no recurrentes en 2024”, como los provenientes del REIBP y el pago extraordinario del impuesto a las ganancias por parte del sector financiero. Además, la lenta recuperación de los niveles de consumo impacta negativamente sobre la recaudación del IVA, que presentó una caída del 1,9% durante abril, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en una economía que crece en torno al 5%.

A pesar de que esa será una cuestión nodal para el reclamo, en muchas provincias no creen que Nación vaya a proponer una solución significativa. Por ahora, el Gobierno solo se apresta a escuchar todo lo que suceda en la reunión. “Después de eso se hablará con cada área”, justifican en los despachos libertarios, dando a entender que Francos no irá con una batería de propuestas al encuentro.

“Vamos a ir de manera responsable con las cuestiones institucionales, pero si vamos siempre es para definir cosas, concretar o intentar destrabar alguna cuestión particular. No nos gusta pasear y mucho menos perder el tiempo”, dijeron en una provincia.

El temario aún estaba por definirse, pero la reactivación de la obra pública nacional y el pedido por mayores transferencias no automáticas (llamadas comúnmente como ATN) también estarán en el ágape.

El recorte en obra pública fue de 51% en mayo y de 52,1% en los primeros cinco meses del año. De las 2.337 obras bajo jurisdicción nacional que había al inicio del gobierno libertario, la Nación se quedó con 183, solo el 7 por ciento. De ese último número, 122 fueron reiniciadas y 61 están paralizadas. Otras 500 obras fueron transferidas a la órbita de los gobernadores y otras 1.600 fueron dadas de baja.

“Mientras tanto, acumulan lo que se recauda específicamente para la realización de las mismas a través de diferentes impuestos y tributos”, alegan desde Buenos Aires. Esa cuestión depende directamente del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. En Casa Rosada aseguran que los fondos destinados para el mantenimiento de las rutas viales están siendo descongelados desde hace meses. “No se nota”, retruca uno de ellos.

Hay desfinanciamientos indirectos que también suman presión a las arcas provinciales. La baja de erogaciones al Plan Sumar+ hizo que en algunas provincias se incremente la cantidad de personas que focaliza su atención en los hospitales provinciales. También hay reclamos sobre pedidos de endeudamiento que, presuntamente, no estarían siendo movilizados de parte de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

En Nación responden que las provincias gozaban con altos márgenes presupuestarios antes del ajuste libertario. “Hay provincias que se quejan, pero que siguen teniendo superávit fiscal. Si quieren llegar holgados a fin de mes que empiecen ajustando por casa”, rematan desde Casa Rosada.

Todas estas cuestiones están atravesadas por un período clave del año: el comienzo gradual del panorama electoral nacional, que culminará con las elecciones generales del 26 de octubre. Son 24 panoramas distintos, entre los que se ubican gobernadores que mantienen negociaciones abiertas con La Libertad Avanza.

Entre ellos se encuentran Gustavo Valdés, de Corrientes, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. La relación entre la Casa Rosada y Alfredo Cornejo, de Mendoza, se presenta más tensa. Aunque no lo dicen siquiera en privado, es probable que los libertarios no quieran conceder recursos o reclamos específicos a la provincia de Buenos Aires cuando en tres meses se llevarán a cabo las elecciones locales, que tiene la candidatura de Cristina Kirchner como atractivo principal.

Aunque aparece en un plano secundario, el Gobierno precisa ratificar algunas lealtades en el Congreso de la Nación, donde el año próximo prevé tratar las reformas estructurales para la segunda mitad del mandato. El miércoles, varios gobernadores facilitaron la media sanción de la batería de proyectos impulsados por la oposición no dialoguista con el Gobierno, las cuales tienen un impacto fiscal significativo.

“No estamos preocupados de que hayan hecho eso. Ni nos esforzamos en pedirles un favor, estamos guardando esa carta para más adelante”, esgrimió una fuente inobjetable de La Libertad Avanza.

Sin la presión de la Casa Rosada, el acto-reflejo de varios gobernadores no es apoyar la hoja de ruta libertaria, menos cuando muchos de ellos alegan que no tienen otros interlocutores más allá de Francos o el asesor presidencial Santiago Caputo, y consideran que sus pedidos no fueron tomados en cuenta. Pero en la cúpula violeta afirman que ellos están casi obligados a apoyar al Gobierno: “Su deuda está atada a la nuestra, a ellos les conviene votarnos los cambios clave a pesar de que no le damos lo que quieren”.

Fuente: Infobae, Julián Alvez.