El coordinador de Juicios por Jurados del Poder Judicial provincial, Fermín Bilbao, dio una nota al programa En el dos mil también (FM Costa Paraná) y aclaró que cuando corresponde constitucionalmente, la modalidad del juicio por jurados “no está a disposición de las partes”. Es decir, si el delito acusado, el monto de la pena en expectativa y otras condiciones como el momento en que ocurrió (si fue simultaneo o  posterior a la entrada en vigencia de la ley), implican que el juicio se desarrolle con jurados populares, ese no es un punto que las partes puedan discutir o requerir.  

En el informe radial que se emitió este martes por la tarde se precisó que en la provincia, desde que entró en vigencia la ley, se realizaron 57 juicios con jurados populares. De ese total, 13 fueron en Paraná (el 28,8 por ciento); 9 en Concordia; 17 en Concepción del Uruguay; 12 en Gualeguaychú y 6 en Gualeguay.

En los últimos meses, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió anular algunos de esos procesos dada una recomendación de la Sala Penal por los inconvenientes que generaba la pandemia. Al respecto, Bilbao precisó que “la Sala Penal anuló sólo dos procesos”. “Se trata de dos procesos, uno por el delito de homicidio en grado de tentativa y otro por el delito de abuso sexual. El más reciente, del 16 de agosto, ya había atravesado el juicio oral, había pasado la revisión casatoria y llegó a la Sala Penal que tomó conocimiento de la causa completa. Muchas veces la Sala Penal atiende recursos sin conocer el legajo completo. En los dos casos la Sala Penal consideró que se les dio un trámite irregular, por fuera de la ley de jurados afectando el juez natural que prevé y garantiza la Constitución. No son decisiones contradictorias con las disposiciones por la pandemia, porque la resolución del 10 de septiembre de 2020, dictada por el vocal Ángel Giorgio como presidente de la Sala a raíz de un recurso de revisión por disposición de OGA, fue solamente sobre un caso particular. Sólo en ese caso puntual, Giorgio entendió que por las particularidades extremas del caso (las personas acusadas llevaban penas de 25 y 30 años) y la rapidez que ameritaba el juzgamiento, no se aplique la modalidad de jurados”, manifestó el funcionario judicial y acotó que “además, para esa fecha todavía no había padrón de jurados”.

Bilbao contó que “luego de esa resolución de Giorgio sobre el caso puntual, el 14 de agosto, 20 de agosto, 16 de octubre, 19 de octubre y 21 de octubre llegaron similares planteos en cuanto a lo recursivo no en cuanto al contenido. Es decir que se estaba dando trámite a una causa por la modalidad de jurados y las partes presentaban recursos para que se aplique un procedimiento distinto que no sea por jurados. En todas las resoluciones sucesivas del mismo año, Giorgio atendió cada uno de los recursos rechazando que se haga por un juicio tradicional”. “No se trató de decisiones expansivas. La Sala Penal, en modo alguno está queriendo ir en contra de todo este procedimiento. Justamente los dos casos que anula, uno es la tentativa de homicidio y el otro abuso sexual (resoluciones de abril y junio de este año) la Sala Penal dice que se aplique el juicio por jurados, que es el procedimiento constitucional para estos casos y no está a disponibilidad de las partes”, subrayó Bilbao.

Evitar el dispendio

Esta es una postura que se debe tomar ante otros planteos similares que puedan ocurrir. “A raíz de la resolución del caso de abuso que no llegó a juicio sino que en instancias previas se discutió si era aplicable o no un sistema u otro, la Sala Penal advirtió que podía haber eventuales consecuencias. Desde la OGA en Paraná y cada jurisdicción se hizo un relevamiento de todas las causas que no habían llegado a juicio. Para evitar el dispendio, se puso en conocimiento a los vocales de los tribunales de juicio que tienen esas causas para que tengan en cuenta esa resolución y eviten el dispendio”.

“La Sala Penal hizo estas dos intervenciones y trajo consecuencias. Con un criterio fijado sobre el mecanismo y procedimiento, cuándo hay que aplicar el juicio por jurados, evitar el dispendio”, remarcó.

Dificultades operativas

En el último tramo de la entrevista, Bilbao refirió a las cuestiones operativas que supone la realización de juicios por jurados.

“Al padrón de jurados recién lo tuvimos en octubre de 2020. Con lo cual el primer juicio por jurados se realizó en noviembre de 2020 si bien la ley había entrado en vigencia en diciembre de 2019. Hicimos 57 juicios por jurados, tenemos el 58 en curso y el 59 empezará pasado mañana (por este jueves) en Concordia. Es una cantidad muy importante en cuanto a la cantidad que ocurrieron en la provincia. En Neuquén, donde la ley tiene 7 u 8 años hizo sólo 80 juicios por jurados, un promedio de diez por año. Nosotros, a esta altura estamos haciendo un promedio de 25 o 26 juicios por jurados por año, con dificultades para convocar a los jurados. Los jurados no quieren participar, nos cuesta; los recursos; y una cantidad importante de casos que se pensaba que serían menos. Lo cierto es que tenemos una ley de amplia competencia. Es decir, llega a juicio por jurados por ejemplo un caso de narcomenudeo agravado por asociación ilícita, porque lleva una pena de 20 años, o un robo calificado por el uso de arma. No voy en contra sino que hay muchos casos e implican un esfuerzo enorme”, planteó el coordinador de Juicios por Jurados.