(De ANÁLISIS)

Carlos Reggiardo, abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento al fiscal Álvaro Piérola. La presentación se suma a la realizada días atrás por un ex funcionario de Rossi contra el juez Walter Carballo. La esposa de Rossi, la senadora provincial Patricia Díaz (PJ – La Paz), preside el órgano que revisa la conducta de magistrados y funcionarios judiciales.

La noticia sobre esta nueva denuncia fue dada a conocer por el propio Reggiardo en la audiencia que se llevó a cabo en Tribunales, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra Rossi y Díaz. El abogado acusó a Piérola de integrar una “mesa judicial”.

Piérola es el fiscal interviniente en esta causa y también, junto a Santiago Alfieri, conduce la investigación en otra causa contra Rossi por sobreprecios en obra pública que está en etapa de juicio oral y público en la ciudad de La Paz.

Una audiencia caótica

El motivo de la audiencia no pudo desarrollarse. Había sido pedida por el propio Reggiardo para requerir el sobreseimiento del matrimonio Rossi-Díaz en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Lejos de eso, el histórico defensor del santaelenense se ocupó de exponer una denuncia detrás de otra: primero dijo que había denunciado al fiscal Piérola ante el Jurado de Enjuiciamiento, luego recusó al juez de Garantías Eduardo Ruhl (a cargo del proceso) por supuesta falta de imparcialidad para tomar decisiones y, por último, Reggiardo anunció su pretensión de recusar al fiscal Piérola. En medio de las acusaciones, también hubo menciones al director de este medio, Daniel Enz, al vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Alejandro Cánepa, a la Asociación de Magistrados, al procurador General Jorge García y a la exministra de Gobierno y actual intendenta de Paraná, Rosario Romero.     

Casi ninguno de los planteos hechos por Reggiardo pudo resolverse en la instancia, dado que fue recusado el juez de Garantías. El propio Ruhl rechazó la recusación en su contra y fundó en el acto su decisión. Sin embargo, decidió elevar toda la alocución de la audiencia al Tribunal de Juicios y Apelaciones, es decir la instancia superior para que controle su decisión.

Además el abogado de Rossi, que se mostró exaltado, interpuso una apelación contra el rechazo de Ruhl. Todo está en manos, ahora, del Tribunal de Juicios y Apelaciones que debe controlar la recusación contra el juez. Probablemente, el planteo defensivo continúe escalando las instancias judiciales superiores y desvíe el foco de la cuestión de fondo. Es decir, que la Justicia establezca si Rossi y Díaz se enriquecieron en la función pública.  

Cabe remarcar también que el planteo en el marco del proceso judicial por presunto enriquecimiento del matrimonio Rossi-Diaz, es independiente de la denuncia contra el fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento.    

“Presenté denuncia ante Jurado de Enjuiciamiento contra Piérola, por mal desempeño en funciones”, dijo Reggiardo, apenas abierta la instancia a la que también asistió el fiscal Gonzalo Badano. Después habló de “mesa judicial”, de mensajes telefónicos. Dijo que Piérola (a cargo de la Investigación Penal Preparatoria) montó “una escena”, se convirtió en “auditor personal del matrimonio Rossi-Díaz” y cambió el delito investigado. Aseguró que la causa inició “en base” a una nota periodística que es “una falacia”.

Después, Reggiardo agregó: “Debo efectuar una recusación a su señoría en este acto”. Y de inmediato atacó al juez de Garantías, por supuesta “falta de imparcialidad”. “En 8 años se nos atropellaron todas las garantías constitucionales”, afirmó, en referencia al tiempo que lleva abierta la investigación.

Entre otras cosas, el abogado defendió el rol de Patricia Díaz, senadora provincial, al frente del Jurado de Enjuiciamiento. “Lo que le recrimino a Piérola es penal”, adelantó sobre la presentación ante el órgano que controla el desempeño de magistrados en la provincia.

Quieren que se libren nuevos exhortos a Uruguay

En el marco de la investigación propiamente dicha, el miércoles pasado ingresaron al Juzgado de Garantías solicitudes de Fiscalía para que se reiteren y libren nuevos exhortos diplomáticos y se levante el secreto fiscal bancario. La idea de los fiscales era tratar esos pedidos investigativos en la audiencia pedida para instar el sobreseimiento.  

Rossi y Díaz vienen ocupando cargos en la función pública hace varias décadas. El dirigente peronista, exvicegobernador e intendente de su ciudad por sexta vez (pese a tener una condena judicial que lo inhabilitó de por vida para ser funcionario público y a las recusaciones en contra de su candidatura que no fueron receptadas por la Justicia Electoral) tiene una condena por enriquecimiento ilícito de 1997, a partir de una investigación de ANÁLISIS que reveló cuentas no declaradas en el Uruguay. En 2016 fue denunciado nuevamente por el director de este medio, por maniobras similares. Según la investigación periodística, el matrimonio no hizo constar bonos por más de 900 mil dólares y saldos en cuentas de ahorro.

En el expediente judicial extenso (se trata de delitos complejos), se requirió información a bancos uruguayos pero como no la remitían al país, hubo que hacer un juicio. Eso llevó tiempo hasta que, finalmente, se obtuvo información. Díaz reconoció que se olvidó de algunas cuentas con movimientos y recursos, con lo cual admitió que evadió impuestos.

En defensa del matrimonio sostienen que el origen de los fondos es anterior a la apertura de la última causa, es decir, consecuencia de la primera condena por enriquecimiento ilícito.

Rossi junto al denunciante Roberto Méndez, su ex secretario de Gobierno y Hacienda.

Ex funcionario de Rossi denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento al juez Walter Carballo