J.A.

(De ANÁLISIS)

El caso del ucraniano hallado en el baúl de un auto el 3 de septiembre de 2020 llegó a juicio en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Los imputados son el santefesino dueño de armerías Juan Manuel Clucellas y el propietario del vehículo que habría pergeñado y encargado el viaje, otro santafesino, pero radicado en Corrientes, Raúl Sopérez. El fiscal general José Ignacio Candioti pidió penas de prisión efectiva para ambos y el próximo miércoles se conocerá el veredicto del juez Roberto López Arango.

El episodio ocurrido en plena pandemia había tenido ciertos ribetes cómicos por la imagen de Víctor Melnik, un exmilitar de elite de Ucrania de 2 metros de altura un más de un centenar de kilos, metido en el baúl de un Chevrolet Corsa. En un operativo de control del puesto caminero de Paso Telégrafo, en la ruta 12 al norte de Entre Ríos, los policías detuvieron la marcha del vehículo y su conductor, Clucellas, no era claro sobre el viaje y se mostraba reticente a abrir el baúl. Primero dijo que llevaba un ciervo axis que había cazado; luego tuvo que reconocer que había un hombre escondido.

Según relató el oficial a cargo del procedimiento en el juicio, no podían abrir la tapa del baúl porque el ucraniano la agarraba desde adentro. Luego inclinaron el asiento trasero del vehículo y le dijeron que no intentara nada porque los policías estaban dispuestos a lo que fuera necesario. Nada pasó a mayores.

Melnik y Clucellas estuvieron detenidos unos días y luego fueron liberados. Sobre el ucraniano no hubo ningún cargo, pero sí sobre el conductor y quien luego fue identificado como el dueño del auto, Clucellas y Sopérez, quienes fueron procesados por el delito de tráfico de personas en el Juzgado Federal de Paraná, en este caso por el traslado de un extranjero que ingresó al país en forma ilegal.

La gravedad del episodio y la relevancia de esta causa judicial se iba a conocer un mes después, cuando el dueño de ese vehículo cayó preso en una causa por narcotráfico internacional, con 400 kilos de marihuana y armamento ilegal en su complejo de cabañas de Itá Ibaté, un pueblo ubicado frente a Paraguay, río Paraná de por medio. Sopérez fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Y también iba a resonar nuevamente aquel episodio en la ruta 12, un año y tres meses después, cuando en enero de 2022 Víctor Melnik fue detenido en Paraguay en una operación en la que se incautó casi una tonelada de cocaína. La Fiscalía de aquel país lo considera una pieza clave para el tráfico internacional de drogas por el río Paraná, el principal nexo entre las organizaciones narcocriminales paraguayas y las europeas.

Además, Sopérez era un hombre muy conocido en el norte de Corrientes, donde fue candidato y accedió a una banca en el Concejo Deliberante de Itá Ibaté.

Contradicciones y careo

Clucellas había declarado aquella vez que había levantado al ucraniano que hacía dedo en la ruta 12, unos 25 kilómetros antes, y que le pidió meterse en el baúl al ver el procedimiento policial en un contexto donde había que mostrar sí o sí el permiso para circular por la cuarentena.

Sin embargo, al momento de declarar en el juicio el lunes dijo otra cosa: que se encontraba muy mal económicamente por la situación del país y por la pandemia que afectaron sus armerías, entonces aceptó la propuesta de una persona que le ofrecía “una propina” por hacer llegar desde Corrientes hasta Paraná a hombre. Recordó que viajó el 2 de septiembre, se alojó en una de las cabañas de Sopérez en Itá Ibaté y al día siguiente emprendió el viaje. Dijo que pasaron dos controles en Corrientes pero que en el puesto caminero de Entre Ríos el grandote dijo que quería meterse en el baúl. “Y ahí fue el final del viaje”, dijo.

A simple vista fue un relato que trató de acomodar a las evidencias que había en la causa, principalmente en su celular. El fiscal Candioti le preguntó, por ejemplo, por los reiterados mensajes de Sopérez acerca de cómo iba el viaje y la recomendación de que no se olvidara de borrar todos los mensajes; así como otro anterior al viaje en el cual le decía a otra persona que iba a “traer a uno” y que por ello le iban a pagar mucho dinero. Clucellas no fue muy convincente en sus respuestas.

Sopérez siguió el juicio por videoconferencia desde su complejo de cabañas en Itá Ibaté, ya que si bien está con la larga condena de prisión efectiva ya confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, tiene el beneficio de la prisión domiciliaria que le otorgó el TOF de San Martín. Desde allí también declaró brevemente: “Él tuvo la osadía de aprovecharse de mi bondad, él lo ha hecho entrar, si es que pasó y lo hizo entrar a la cabaña. A mí no me consta que ese señor haya estado aquí, yo no lo conocía”, dijo.

El fiscal pidió un careo que se produjo muy brevemente porque cada cual se mantuvo en sus dichos.

Coautores, los roles y el contexto

Al momento de los alegatos, el fiscal general Candioti acusó a ambos como coautores del delito de tráfico ilegal de personas, infracción al artículo 117 de la Ley 25.871. Consideró que ambos tuvieron el dominio funcional del hecho y se dividieron los roles.

Para Sopérez pidió la pena mayor de cuatro años de prisión porque afirmó que se fue quien aportó los medios materiales y la logística para el viaje, que iba monitoreando permanentemente por celular. Para Clucellas solicitó tres años y dos meses de prisión. En ambos casos es una pena efectiva.

Candioti analizó detalladamente los mensajes hallados en el celular de Clucellas, como los previos al viaje en el que decía que estaba “esperando que cruce alguien”, lo que dejaría claro que sabía que una persona debía cruzar la frontera, y que le “pagaban mucho” por el traslado de ese sujeto. De hecho, al momento de ser detenido tenía 800 dólares en su bolsillo, mientras que el ucraniano tenía unos 3.500 más.

El fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy se refirió al contexto en el cual sucedió el hecho, especialmente la condena a Sopérez por aquel procedimiento por narcotráfico, y la detención de Melnik en Paraguay, catalogado como una pieza clave de banas narcocriminales de nivel internacional.

El defensor de Clucellas, Christian Panceri, y la defensora de Sopérez, solicitaron la absolución de ambos o, subsidiariamente, una pena de prisión condicional.

El viernes pasado, la defensa de Clucellas había solicitado la probation (suspensión de juicio a prueba) porque la escala penal del delito contempla la aplicación de este instituto, así como por el perjuicio laboral que le provocaría una condena al imputado.

El fiscal Candioti se opuso por un criterio de política criminal del Ministerio Público, como la obligación de velar por los intereses generales de la sociedad, especialmente ante hechos delictivos de criminalidad organizada que acarrean un grave daño social.

El juez López Arango rechazó el planteo de la defensa por los fundamentos planteados por el fiscal, tal como ha sucedido con otras causas de gravedad.

El magistrado informó que el miércoles 5 de junio adelantará el veredicto.