Proponen una herramienta que busca soluciones.
El Poder Ejecutivo provincial reafirma su objetivo de darle a Entre Ríos un perfil distinto al que mostró en los últimos años. En ese marco envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el que crea un “régimen general” de concesiones de obras, infraestructuras y servicios públicos, que alcanza, además, a entes descentralizados y autárquicos.
Vuelve a la Legislatura un debate que la atravesó en la década del noventa, cuando se habilitó la posibilidad para que empresas del Estado, como la de energía o el banco de Entre Ríos (en el que entonces tenía mayoría la provincia) pasen a ser administradas por el sector privado.
Una experiencia que podrá ser antecedente, aunque la época empuja a no entrar en detalles. Cruzó demasiada agua bajo el puente y, como se suele decir, pasaron cosas. La empresa de Energía, crisis mediante, terminó otra vez en manos del Estado. El banco sigue en otra órbita y presta el servicio de agente financiero. Lo que viene, se verá.
El proyecto
El Poder Legislativo tendrá que analizar su rol en un proceso sensible. El Ejecutivo, tratando de generar dinámica en un sector afectado por la retirada del gobierno nacional, busca contar con herramientas para intervenir, marcando prioridades y cuidando de sus recursos.
La situación de la trama vial indica que no se puede desentender. Se trata entonces de intentar soluciones.
Podrán ser concesionarios sociedades privadas, mixtas, empresas públicas, privadas o privadas con participación estatal, como así también uniones transitorias y entes públicos.
Una novedad interesante es la puerta que se abre para que “municipios o municipios y comunas vinculados entre sí, por mancomunidades u otra figura jurídica legalmente admitida, puedan también hacerse cargo.
¿Impacta en la estructura del Estado?
Una pregunta que dispara la iniciativa es cómo impactará hacia el interior de una administración que ante la escasez debe, inexorablemente, reinventarse.
Se asentó una postura que ya nadie rebate: no se pueden aumentar los impuestos para sostener una estructura que, por ineficiencia o malas decisiones políticas (el orden es indistinto), es objeto de crítica por falta de respuestas.
Cabe preguntarse qué papel jugará en el futuro mediato la Dirección Provincial de Vialidad. ¿Habrá que modificar su ámbito de incumbencia? ¿Podría darse una descentralización efectiva buscando que agilice su capacidad de respuesta? ¿Habría otro modo de administrar sus recursos materiales y humanos?
Es que de aplicarse finalmente el proyecto propuesto habrá concesiones a plazo fijo o variable, total o parcial, sobre obras, infraestructuras y servicios, nuevo o existente; y se otorgarían para la ejecución, conservación, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los mismos, mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones.
El subrayado es nuestro, porque se desprende que alcanza lo inherente a la red vial. ¿Cómo se haría? El proyecto propone algunos procedimientos.
No hay plata se oye una y otra vez. Por eso la concesión está pensada para obtener fondos “para la construcción o conservación de otras obras, que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con la concesionada, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario”.
Habrá que afinar el lápiz para profundizar sobre los costos y posibles sistemas de recupera en los emprendimientos, como así también sobre controles durante la ejecución de obras y posteriores.
Tipo de concesión
En el articulado se indica que las concesiones podrán ser:
a) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado Provincial u organismo concedente;
b) Gratuita;
c) Subvencionada por el Estado, con una entrega inicial durante la construcción o con entregas en el período de la explotación reintegrables o no al Estado. No se considerará subvencionada la concesión por el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente. Solo se podrá percibir peaje respecto de concesiones viales sobre las rutas provinciales; o nacionales si mediare previo acuerdo de concesión a favor de la Provincia, conforme se regula en la presente ley.
El Estado de la trama vial no es el mejor. Está en la mira y no desde hace poco. Hasta el Kun Agüero en un paso por la provincia dijo lo suyo sobre cómo percibía los caminos por donde se desplazaba. Eso fue en 2022 y después el tema lo retomó el actual gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio. El debate y la demanda siguen y aparece una idea que sin duda hunde sus raíces en posturas lejanas y no tanto.
Acordar con el Estado Nacional
Otro de los elementos que incluye la normativa a discutirse es que Entre Ríos apunta a lograr convenios con la Nación sobre las rutas que atraviesan la provincia. Una idea que el gobernador Frigerio tiene desde que asumió.
Ahora está en marcha un proceso de concesión de tramos esenciales en las comunicaciones del Mercosur, como son la ruta nacional 14 que recorre la costa del río Uruguay y también el Puente Victoria – Rosario.
Se menciona concesión, mantenimiento, operación, administración, explotación y/o cesión de uso de las rutas nacionales, existentes o que se crearen, ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de la Provincia, para ser administrada por ésta o a través de terceros contratistas o concesionarios, y en los términos que los convenios que se puedan suscribir especifiquen.
Peaje
Un apartado sensible de las iniciativas es el relacionado al peaje. Aquí la atención de los potenciales usuarios, receptores de servicios, eleva sus alertas. Si una empresa privada invierte, habrá que establecer cómo hace el recupero. Un régimen de potenciales sanciones también es parte del proyecto y hasta incluye cómo se distribuiría lo recaudado.
La legislatura tiene la posibilidad de estudiar cómo se haría la selección de los concesionarios. Se propone la licitación pública aunque exceptúa cuando sean “entes públicos” los que se hagan cargo.
Seguramente los privados entrerrianos interesados en participar serán oídos por los legisladores para ir encontrando los mayores consensos posibles.
La magnitud de los alcances implica que se va cambiando la responsabilidad del Estado, el modo de gestionar hacia adelante. Una nueva dinámica que responde a una época donde se le da al sector privado un valor y rol preponderante, aunque no exento de responsabilidades.
Por eso se establecen los alcances de los contratos y causales para rescindirlos. Se trata de una materia sensible que no estará exenta de controversias.
Hay que observar lo que pasó en las últimas décadas con algunas concesiones. Concluyeron abruptamente, los resultados en muchos casos no fueron los esperados. Un conjunto de experiencias que serán puestas en el centro del debate parlamentario.
Argumentos
Es interesante analizar el mensaje de elevación. Denota la existencia de un análisis que excede la coyuntura. Busca aventar incertidumbre jurídica y muestra las limitaciones del Estado para sostener con sus recursos algunas intervenciones.
Muestra que se analizaron todos los antecedentes normativos históricos que incluyen el concepto de concesión de la obra pública, recordando que décadas pasadas Entre Ríos adhirió a la ley nacional 23696 de 1989, que posibilitó la intervención y privatización de las empresas públicas.
El Ejecutivo intenta con la iniciativa salvar todas las falencias que en materia de normativa pudieran existir. Por eso busca una nueva herramienta. Lograr un texto que logre equilibrio entre las responsabilidades del Estado y el sector privado, es ahora responsabilidad del Poder Legislativo Provincial. Aparece un debate que puede resultar interesante, que por sus objetivos incluye a todos los niveles del Estado (Nación, Provincia, Municipios, Comunas).
En el mensaje de elevación se afirma que la posible aprobación del proyecto “representa un paso trascendental y estratégico para el desarrollo de nuestra Provincia”, porque permitiría “dar un impulso significativo a la modernización y expansión de la infraestructura y los servicios públicos, la ejecución de proyectos viales, de saneamiento, energéticos, y otros que son vitales para el progreso de la provincia y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”.
