(De ANÁLISIS)

El gobernador Rogelio Frigerio promulgó este lunes la ley que autoriza un incremento del 300% para los honorarios de los abogados. En tiempos de mayor conflictividad producto de la crisis, el trámite legislativo que culminó con la sanción fue cuestionado porque no se hicieron consultas por fuera del Colegio de la Abogacía. Desde el Iosper, que continuamente afronta amparos, se llegó a pedir el veto del artículo que posibilita la suba. Y desde el Ministerio Público de la Defensa se advirtió sobre el incremento de la demanda de defensores públicos, mientras está pendiente la creación de nuevos cargos. No obstante, el mandatario firmó la promulgación de la ley, que lleva el número 11.141, antes de emprender viaje a España, adonde se encuentra invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

La ley fue sancionada el miércoles en la Cámara de Diputados. Dispone una nueva metodología de determinación del jurista, que es la unidad en la cual se calculan los honorarios profesionales. A partir de ahora, será equivalente al 1,5% del sueldo de un juez de primera instancia e irá atado a los aumentos salariales.

La suba supone un incremento en los honorarios del 300%. Un divorcio, por ejemplo, pasará de costar 600 mil pesos a 2 millones. Y los honorarios por un amparo de los 50 mensuales que afronta el Iosper pasarán de 500 mil pesos a 2,2 millones, aproximadamente.

La suba fue cuestionada por el presidente de la obra social, Fernando Cañete, que llegó a pedir al gobernador que vetara el artículo que permite el aumento. También se quejó porque, si bien le planteó el tema al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, no fue convocado al debate en comisiones.

Desde el Ministerio Público de la Defensa, su titular, Maximiliano Benítez, advirtió a su turno sobre el incremento en la demanda de defensores públicos que tendrá lugar con estos nuevos costos. Dijo que le falta personal, que hay un proyecto de creación de cargos que aún está en tratamiento y que deberá priorizar los temas.

Primero se atenderán cuestiones urgentes, como los alimentos, y para después quedarán los divorcios y cualquier otro tipo de trámite que no sea considerado de máxima prioridad.

La ley fue impulsada y defendida por siete diputados y senadores de distintos partidos, todos abogados. Data del período anterior y su autora fue la justicialista Carina Ramos, que presentó el proyecto con el acompañamiento de sus compañeros de bloque Ángel Giano, Mariana Farfán y Juan Pablo Cosso. 

En el Senado la defensa estuvo a cargo de Cosso y de Rafael Cavagna (UCR) y en Diputados el miembro informante fue Marcelo López (UCR).