Por Betiana Spadillero Gaioli
de ANALISIS DIGITAL
En la audiencia de este miércoles, desfilaron cinco testigos ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Las declaraciones forman parte de la denominada Área Gualeguaychú, la cual se acumula a las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en Concordia y Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.
En esta parte del proceso están imputados el ministro del Interior de facto Albano Harguindeguy; el entonces jefe del Regimiento con asiento en Concordia, Naldo Miguel Dasso; quien fuera jefe del Ejército en Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino; Santiago Kelly del Moral, retirado del Ejército con el grado de teniente coronel; y los ex policías de la provincia Marcelo Pérez y Juan Carlos Mondragón.
“Había mucho ensañamiento”
La primera declaración de la jornada fue la Manuel Do Pozo, quien fue detenido -junto a su hija- el 16 de agosto de 1975, en el negocio de electrónica que poseía en Concepción del Uruguay. “No me exhibieron nada. Fui llevado a dependencia de la Policía Federal y después me pasaron al penal, donde estuve con gente de Salto Grande. A mi hija la dejaron libre a los dos o tres días. A fines del ’75 fui trasladado a la cárcel Gualeguaychú”, relató.
En esa línea, precisó que compartió cautiverio con Víctor y Raúl Ingold, así como los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino. Sobre éstos últimos, manifestó que arribaron “en muy mal estado”, y agregó que “había una celda en la planta baja para los compañeros que estaban muy heridos y después de un tiempo los asimilaban a las otras celdas”.
Señaló que el primer tiempo estuvo en una celda, con otras diez personas, en el último piso. Posteriormente, los trasladaron en forma individual y les tapiaron las ventanas para que no tengan contacto con el exterior. También dijo que supo que “llevaban a algunos detenidos a una Casita que estaba cerca del Regimiento, donde les practicaban submarinos y torturas bastante bravas”.
Respecto al funcionamiento de la penal, indicó que el jefe de Seguridad, Pedro Queirolo, era quien organizaba los operativos. Además, contó que en una ocasión escuchó al subdirector, Miguel Capobianco, arengar a los celadores, a los cuales les decía que “había que matarlos a todos y tirarlos al río”, en referencia a los detenidos políticos. “No escondía su desagrado por los que llamaba ‘terroristas’ o ‘ponebombas’”, afianzó.
Si bien lo sobreseyeron mientras estaba en Gualeguaychú, quedó a disposición del Ejecutivo Nacional. La privación ilegal de su libertad continuó en Resistencia, hasta donde fueron llevados en un avión Hércules: “Nos esposaron, nos hacían simulacros y golpeaban permanentemente. Cada golpe que nos daban, nos decían que le fuéramos a reclamar a la OEA (Organización de Estados Americanos)”, confió; y recordó que hicieron una parada y bajaron a algunos detenidos, que fueron trasladados al penal de Coronda.
En la ciudad chaqueña, primero los llevaron a la alcaidía, donde fueron golpeados ferozmente y luego encerrados en una celda subterránea, para que no los vean los integrantes de la Cruz Roja Internacional. “Había mucho ensañamiento, un odio infernal”, remarcó, al tiempo que aseguró que el trato fue empeorando. En Resistencia permaneció hasta fines del ’79, “a pesar de que en el diario decía que había salido un año antes”.
Sobre las posibles causas de su detención, apuntó que era “simpatizante” del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y que la fuerza de seguridad encontró unas revistas en su negocio. Incluso, mencionó que su hermano Alberto desapareció al año siguiente en Capital Federal, porque militaba en ese espacio.
“Cuando me interrogaban, querían saber dónde estaba el campamento operativo de ‘los guerrilleros’. Parece que había causado mucho revuelo lo de Cáceres Monié (general asesinado por Montoneros). Me decían que estaban violando a mi hija, que dijera algo; y a ella le decían que me estaban torturando”.
El testigo rememoró que uno de interrogadores tenía tonada porteña y que días antes a su detención había ido al negocio. “Ese me siguió cuando fui al entierro de Zaragoza, un militante del Partido Comunista (PC)”, añadió. La Policía de la provincia también había “visitado” el local un mes antes, “pero no pasó nada”.
Al final de su declaración, narró que tras su liberación pasó la noche en la casa de personas del PC y que al día siguiente tomó un colectivo rumbo a Buenos Aires. “Cuando llegamos detuvieron a mi compañera de asiento, así que me escapé. Dejé las valijas, todo, antes de que me agarren. Es decir, que tenían el dato de que viajaba”. Do Pozo se radicó en esa provincia junto a su madre y sus hijas, donde mantuvo contacto con organismos de derechos humanos y continúo su militancia política.
No sabe, no contesta
–¿Prestó servicios en la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú, y en qué años? –inquirió el fiscal Federal José Ignacio Candioti.
–Desde 1977 hasta 1981. Empecé como segundo del doctor Roberto Altuna. Trabajé con él más de un año. El sistema consistía en que los internos se anotaban para ser atendidos. Había un libro interno, dejábamos registro de cada práctica. En esa época eran todos presos comunes.
–¿Había presos que no sean comunes?
–-Que yo sepa, no.
El médico Marcelo Rossi, una de las testimoniales más esperada de esta parte del proceso, se dedicó a negar cualquier dato vinculado a la represión ilegal en Gualeguaychú. Su declaración redundó en su presunto desconocimiento de la existencia de presos políticos y la total imposibilidad de que él participase de las sesiones de torturas, a pesar de los relatos de las víctimas del terrorismo de Estado.
Según reafirmó, cuando ingresó a la cárcel ya no había detenidos “a disposición del Ejecutivo nacional, porque habían sido trasladados a Resistencia”. El único preso que admitió haber atendido fue el ex gobernador Enrique Cresto. En ese marco, negó haber conocido a los hermanos Ingold. “No me consta lo que les pasó”, aseveró; y refutó haber atendido a Raúl Ingold o bien que el doctor Altuna le haya manifestado que llegó al consultorio “un preso que estaba desfigurado y con quemaduras”.
En cuanto a la mecánica de atención, puntualizó que llevaban una historia clínica “minuciosa”, sobre todo, por el tema de los “auto castigos”, que supuestamente se infringían los detenidos. “Se daban la cabeza contra la pared. Se cortaban con papel los antebrazos. Una práctica que pareciera que era bastante común entre ellos”, deslizó.
Siguiendo esa línea, la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, lo interpeló respecto a cómo sabía que no atendía a presos políticos. “Es un perfil de gente absolutamente distinto, un perfil fisionómico diferente”, esbozó.
La sentencia generó nuevas preguntas por parte de la letrada, mientras el médico se acomodaba en la silla y buscaba evitar dar explicaciones. “Es una apariencia. Hay diferencias en el trato, el léxico, la formación…”.
En relación a sus visitas al Regimiento local, las vinculó exclusivamente a la actividad hípica. “Crío caballos, me dedico mucho al polo, así que cada tanto iba”, se limitó a decir. Además, reconoció que conocía a Gustavo Zenón Martínez Zuviría (segundo Jefe del Escuadrón), pero no abundó en detalles de esa relación “amistosa”. Y desestimó la presencia de patrulleros o móviles de la Policía en el lugar.
Tampoco admitió que había detenidos civiles en el Ejército ni que se realizaban torturas en la denominada Casita. De hecho, desmintió que ese predio sea de su propiedad: “Rodeando el Regimiento hay campos de un Rossi, pero de un Rossi que no soy yo”.
Para completar el cuadro, se calificó como “víctima” de la dictadura, porque fue detenido por una riña callejera y “sometido a apremios ilegales” por parte de Gendarmería. Refirió que primero estuvo en Gualeguaychú y luego en Concepción del Uruguay, donde lo pusieron a disposición del Ejecutivo Nacional.
Silencio cómplice
Juan Carlos Pereyra fue jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, entre 1973 y 1976. Al prestar testimonio, negó que se haya llevado a cabo un operativo el 24 de marzo de 1976 y endilgó cualquier detención o procedimiento al Ejército. El único preso político que dijo recordar fue uno de los hermanos Ingold, quien a su entender permaneció unos pocos días en la delegación.
Si bien admitió que se realizaban patrullajes en búsqueda de militantes de Montoneros, sostuvo que las detenciones estaban a cargo del Regimiento local. Según dijo, la Policía sólo interrogaba a sospechosos y hacía trabajos de inteligencia, “cosa que siempre se hizo”.
Declararon ex conscriptos
Dos ex conscriptos que realizaron el servicio militar en 1976 señalaron que supieron de detenidos políticos en el Regimiento. Aníbal Watters comentó que Raúl Ingold permaneció unos diez días y que familiares le llevaban comida. También aludió a la instrucción que recibiía de Kelly del Moral, quien los advertía sobre el accionar de la “guerrilla”.
Por su parte, Enrique Eduardo Pérez agregó que además de Ingold vio a uno de los hermanos Martínez Garbino. No obstante, no presenció el arribo de los mismos.
