Se trata de una resolución más para evitar que la inflación se desboque, luego de superar el 7 por ciento durante el primer trimestre, según la última medición del Indec. A través de la resolución 29, Costa dispuso la creación de un “Régimen informativo de precios”. El mecanismo obliga a que las empresas productoras de insumos y bienes finales presenten mensualmente sus listas de precios. Ahora bien, alcanza a aquellas que mueven el amperímetro del consumo: todas las que facturen más de 183 millones de pesos por año.

Para el caso de las distribuidoras y comercializadoras, deberán rendir cuentas si sus ventas superaron los 250 millones de pesos el año pasado. Los valores excluyen el IVA y los impuestos internos.

Con este horizonte, la Secretaría de Comercio pretende contar con información documentada sobre la formación de precios. Con ella, el Ejecutivo tendrá más herramientas con las que sancionar a los responsables de aumentos desmedidos que sean denunciados por inspectores o empresas. Asimismo, recolectará lo que pasó en las góndolas durante los primeros meses del año, a fin de medir cómo impactó la devaluación.

El texto de la resolución explica que se busca “corregir conductas que desalienten la competitividad genuina de las cadenas de valor” o que impliquen “distribuciones de renta irracionales”, consignó Infobae.

Y advierte: “La información obtenida tendrá carácter reservado y confidencial y sólo podrá ser utilizada para garantizar el abastecimiento, precio y calidad de los bienes y servicios comercializados en el mercado interno, propendiendo además al resguardo de los derechos de los consumidores y la defensa de la competencia”.

La nueva normativa pone de manifiesto la preocupación del Gobierno por el alza inflacionaria y las limitaciones del programa Precios Cuidados, que, si bien favoreció al consumidor, su acotada canasta de productos nunca pudo servir de referencia para el universo total de mercaderías como se pretendía.