"El objetivo es tener en cuenta la relevancia del acusado y el monto estimado del daño económico, que está desactualizado porque hoy es de 1 millón de pesos, para evitar la burocratización penal de la OA", señaló.

Además, prometió abocar "mucha energía en la prevención" del delito de corrupción -la ex diputada ya envió a todos los funcionarios un protocolo que incluye explicación sobre cómo manejarse ante los obsequios que reciban- y dijo que impulsará "una reforma del sistema de compras y contrataciones" por parte del Estado.

Alonso tiene en análisis de qué forma se dará "marcha atrás con la reforma hecha por el anterior gobierno en 2013 con respecto a la presentación de declaraciones juradas" de los funcionarios.

Como primera medida concreta, Alonso anticipó que la semana que viene firmará un dictamen en el que obliga a todos los directores por representación del Estado en empresas privadas (cuya presencia va desde YPF hasta el grupo Clarín y Techint) a cumplir con ley de Ética Pública por lo cual "deberán presentar declaración jurada".

La ex diputada del PRO reiteró que su prioridad para 2016 en el aspecto legislativo será impulsar la aprobación de la ley de Acceso a la Información (de la cual hay un dictamen de comisión de 2010 firmado por ella y la diputada massista Graciela Camaño), de Extinción de Dominio y del Arrepentido.

Con respecto a las causas abiertas contra ex funcionarios del gobierno anterior, Alonso dijo que participará "como querellante de algunas causas relevantes, pero eso se definirá en los próximos días", en diálogo con Télam.

Desde la Casa Rosada quieren que el campo de acción de Alonso también sea en la esfera internacional, para "levantar el perfil de Argentina en la lucha por la transparencia y contrarrestar los malos resultados en rankings como los de Transparency International", según dejaron trascender.

Por eso, con aval de Presidencia, la titular de la OA participará a fin de febrero en Lima de la Conferencia de la Iniciativa de Transparencia en Industrias de Extracción (EITI, según sus siglas en inglés) y de la cumbre internacional de lucha contra la corrupción convocada en Londres para mayo próximo por el gobierno del Reino Unido.