Por Juan Cruz Butvilofsky
La psicopedagoga Mirta Marina, coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual, aseguró en abril de este año que nuestra provincia “es pionera en trabajar en las escuelas la educación sexual y la prevención de la violencia de género”. Lo hizo en el marco de un encuentro con Marta Landó, titular del Consejo General de Educación (CGE), el órgano responsable de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (Nº 26.250) en las escuelas entrerrianas.
Sin embargo, ese carácter vanguardista que tendría nuestro sistema educativo entra en crisis cuando pasa el filtro de la realidad. De hecho, en nuestra provincia, la Educación Sexual Integral (ESI) queda sujeta al voluntarismo de docentes de la escuela pública que se capacitan y redoblan los esfuerzos para sobreponerse a la ausencia del Estado en la materia.
La ley vigente desde 2006 vino a complementar una legislación provincial que había sido sancionada en 2003. Se trata de la norma Nº 9501 por la cual se creó el Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual. Es decir, en nuestra provincia hay un marco normativo para aplicar la educación sexual en las escuelas primarias, secundarias y universidades desde hace 15 años (12 si sólo se tiene en cuenta la norma nacional).
Con la discusión sobre la legalización del aborto en el Congreso de la Nación, la educación sexual volvió a estar en el centro de la escena. Si bien no es novedad que los movimientos feministas incluyen la educación en sus causas (la triple consigna de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito peticiona “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”), la discusión por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo generó que sectores que se oponían fervientemente a la educación sexual en las escuelas, hoy la tomen como bandera contra la legalización del aborto.
En este contexto, ANÁLISIS dialogó con docentes que se encargan de llevar adelante la educación sexual en Paraná y los datos son alarmantes. De 500 escuelas (primarias y secundarias) que hay en la capital provincial, tan sólo en 20 se da la ESI. La metodología de trabajo indica que, en los mejores casos, se trata de un taller mensual por curso. Mientras que en los peores casos, “se va viendo” con qué frecuencia se le enseña a los chicos/as sobre esta temática tan importante. De hecho, aseguraron que en el interior de la provincia la situación es peor.
En materia presupuestaria la realidad no es más alentadora: el presupuesto no logró escapar al ajuste macrista y se redujo de 2017 a 2018 en un 50 por ciento en términos nominales.
Desde la Red de Educadores por la Educación Sexual Integral denunciaron una ausencia total del Estado en la materia. La falta de presupuesto y de designación de cargos es un ejemplo de la inacción de los gobiernos durante todos estos años. Si bien la información señala que puede llegar a haber nuevos cargos en los tiempos venideros, todo hace pensar que será ineficiente ante la demanda de la propia realidad y necesidad de los y las estudiantes.
(Más información en la edición gráfica número 1080 de la revista ANALISIS del jueves 21 de junio de 2018)
