Por Luis María Serroels

Especial para ANALISIS

La arraigada polémica que en los últimos años se viene planteando con respecto a ciertos privilegios de que gozan los magistrados judiciales, de tanto en tanto se reaviva. Un asunto puntual se vincula con la exención para abonar el Impuesto a las Ganancias tomando como argumento la intangibilidad de los haberes del sector.

Estos días ha sido reavivado el tema, con el aditamento de que se cuestiona la existencia de haberes superiores a los jueces en otro poder, como si existiese un mecanismo medidor de responsabilidades funcionales que determinen una escala salarial.

Desde tiempos inmemoriales se desarrolla un debate que siempre ha chocado contra una pertinaz resistencia. Como se dice habitualmente, existe una biblioteca para cada lado, aunque la excepción esgrimida atenta claramente contra preceptos de la Carta Magna. Si este contrato fundamental de la Nación habla taxativamente de la igualdad ante la ley, no se puede admitir que algunos ciudadanos se obstinen en ser privilegiados en una sociedad que aspira y merece una equidad plena.

La reactualización de una cuestión ciertamente grave, ha generado alegatos muy discutibles y hasta irrespetuosos en busca de evitar los efectos de un gravamen que debe regir para todos o en su defecto para nadie.

La Ley Suprema reza que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Cuando era senadora nacional, Cristina Fernández y al borde de asumir su primer mandato presidencial, propició que los jueces paguen Ganancias, una excepción que definió como “una deuda de la democracia” (la ley 24.631 derogó el privilegio pero una Acordada de la Corte Suprema dictada en 1996, consideró inaplicable la imposición, en una decisión inadmisible porque fue adoptada por los mismos involucrados. Cristina sabía que ello ocurriría).

Cuando surge alguna iniciativa destinada a poner a los magistrados en igualdad con el resto de los trabajadores, aparecen respuestas realmente insólitas como la del ex titular de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, Luis María Cabral, quien en su momento señaló que no habría inconvenientes en aceptar el gravamen pero a condición de que el descuento sea compensado con algún ítem para no ver reducidos sus ingresos.

Es el mismo argumento que en estos días se viene escuchando de boca del titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ) entrerriano. Recuérdese una desafortunada decisión de varios jueces que hace unos años se auto excluyeron del descuento para el IOSPER entendiendo que los servicios de este organismo no eran satisfactorios, y ordenaron a la Tesorería tribunalicia que ese monto les sea agregado a los haberes ordinarios, destinándoselo a la medicina privada.

La medida unilateral mereció fuertes críticas porque mediante una mera Acordada se consagró una reprobable excepción, siendo que el IOSPER fue creado por el Decreto Ley Nº 5.326/73 y ratificado por la Ley 5.480, en cuyo art. 3º declara “obligatoriamente comprendidos en este régimen a funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los Poderes del Estado Provincial y Municipalidades” (años después el Poder Judicial dejó sin efecto la arbitraria decisión unilateral, aunque el perjuicio para la obra social ya se había consumado). Es difícil convencer a la sociedad de que una ley pueda ser reformada mediante una Acordada. El ámbito donde ello sucedió es lo que más molestias generó.

No menos dura ante la amenaza de descuentos fue la reacción del jez Penal Tributario, Javier López Biscayart, al advertir que tal imposición “vulnera la independencia de los magistrados” y hasta vaticinó que ello generaría una renuncia masiva dentro de la magistratura. ¿Tan arraigada era la vocación de cierto sector de la magistratura?

Instalar que la exención para abonar Ganancias busca asegurar la independencia ¿qué significa? ¿Quizás para evitar algún tipo de situación que altere la serenidad, la sana crítica y la libre convicción? La lentitud judicial seguramente no se debe al nivel de remuneraciones.

Como decíamos, algo de estos conflictos se está dando por estos días en nuestra provincia a raíz de declaraciones periodísticas del presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, donde compartió el citado criterio aplicado por Cabral sosteniendo que se debe mantener el monto de bolsillo.

El verborrágico magistrado entrerriano sostuvo: “No creo que haya problemas en que integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto, pero lo que se debe tener claro es que no se puede disminuir el salario”. Su propuesta nada conciliadora de que se incrementen sus emolumentos para que las deducciones no hagan mella en sus bolsillos, causa gracia. No debe perderse de vista que la justicia provincial está favorecida en sus haberes por la denominada Ley de Enganche que determina aumentos automáticos tras cada incremento de la Corte Suprema.

La referencia de Castrillón (quien acaba de anunciar su retiro de la actividad judicial) a que aquella decisión de eximirse de pagar los aportes al IOSPER podría ser aceptada como una determinación que dependa de cada uno y su aplicación similar frente al descuento por Ganancias, resulta infantil. Debe recordarse que los sueldos en el sector judicial se reajustan automáticamente según el índice de inflación.

En resumen, si para no incomodar el bolsillo de los jueces el Estado empleador debe hacerse cargo de sus obligaciones impositivas en una suerte de “suma cero”, terminaría en que el Poder Judicial pagaría ganancias sí, pero no. La sociedad exige actos que exhiban una genuina vocación por compartir igualitariamente las cargas que a todos alcanzan. 

El recordado pensador, escritor y político Arturo Jauretche, dijo que “si la manta no es para todos, que para todos sea el frío”. Detrás de esta sentencia hay un alto grado de sabiduría. Aunque a algunos les incomode.

Pero hay más: “Una ex fiscal, ahora jueza de la mano de Angelici y que acaba de sobreseer a Cristóbal López, decide si reabre o no una causa clave”. El columnista de Clarín, Ricardo Roa, se refirió a aquella que involucró al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito y en la cual fueron sobreseídos mediante maniobras vergonzantes y en tiempo récord por el juez ahora jubilado Norberto Oyarbide. El magistrado confesó haber sufrido amenazas y prometió que “se van a enterar de quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner”.

La pregunta obligada es: ¿Qué tiene hacer el presidente de Boca Juniors operando dentro de la Justicia? ¿En qué nivel del escalón judicial figura?

Como si todo esto fuese poco, acaba de revelarse que los bloques de senadores peronistas están reteniendo desde las PASO los pliegos de designación de centenares de jueces y fiscales federales que legítimamente y por unanimidad del jurado ganaron sus respectivos concursos en las diversas ternas.

Se trataría de una operación obstruccionista del kirchnerismo que especula con la posibilidad de que tras un eventual triunfo del Frente de Todos en las próximas elecciones, se pueda modificar la nómina cambiando los candidatos con magistrados y fiscales que le garanticen la impunidad a personas imputadas por corrupción y narcotráfico. En tal caso, se podrán retirar pliegos del Senado pero quienes sean finalmente aprobados deberán provenir de las ternas salidas del Consejo de la Magistratura. No hacerlo sería una página negra que nos haría quedar muy mal en el concierto jurídico internacional.