Comenzará este miércoles en el Senado el debate del proyecto de ley impulsado por el gobierno para regular la industria y comercialización de cannabis -para uso industrial y medicinal-, con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El encuentro se realizará desde las 15, en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; Seguridad Interior y Narcotráfico; presididas por los senadores oficialistas Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Caserio y Dalmacio Mera, respectivamente.

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.

Consiste, principalmente, en establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados.

Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal. Asimismo, incluye la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo aclaró que el mismo “no incorpora definiciones referidas al uso o aplicación terapéutica del cannabis”, cuestión que debe quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, sino que “está exclusivamente dirigido a promover y regular el desarrollo de la cadena productiva del cannabis de uso medicinal y el cáñamo”.

En primer término, la iniciativa dirige el otorgamiento (y posterior control) de las licencias a una serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica (empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas, etc.).

Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), publicó Parlamentario.

La ARICCAME tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

Entre sus funciones tendrá la de regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.

Su directorio estará constituido por representantes del sector público con rango y jerarquía de secretario o secretaria, y será el funcionario/a designado/a por la cartera que conduce Kulfas quien ejercerá la presidencia.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.

El gobierno argumentó que “durante los últimos años, la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial (una variedad específica de cannabis con nulo o muy bajo contenido del cannabinoide psicoactivo THC y aplicaciones múltiples en la industria y la construcción) ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil”.

“En un marco internacional en el que las iniciativas productivas y marcos legales de promoción del sector florecen, nuestro país debe generar las condiciones para impulsar su propio desarrollo. Con el establecimiento de un marco legal e institucional apropiado, la República Argentina podrá entrar en un sendero de convergencia en materia de desarrollo de capacidades productivas y de generación de empleo y logrará ponerse rápidamente a la altura de sus competidores regionales inmediatos, los cuales ya cuentan con algunos años en el desarrollo del sector”, agregó.