De ANÁLISIS
El expediente que discute la jurisdicción de la causa Contratos, impulsado por los defensores para que se resuelva en la Justicia Federal, ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 4 de agosto pasado. No se trata del legajo original, sino simplemente del planteo de jurisdicción que encabezó el defensor Miguel Ángel Cullen, y que fue remitido el 2 de agosto.
Una de las últimas novedades sobre esta discusión ocurrió cuando la jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Barbagelata, consideró que los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos, encuadran en delitos ordinarios, dado que se trata de una supuesta asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Estos delitos, según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, fueron ejecutados en perjuicio del patrimonio de la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, por las que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, quedando el resto del dinero en poder de la organización”, escribió la jueza en su fallo.
Pese a eso, el juez federal Daniel Alonso firmó una resolución en la que decidió dar continuidad a la discusión y remitirla a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el punto. “Corresponde hacer saber a la misma que se mantiene la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Paraná -con competencia electoral- y que, en consecuencia, se elevarán las actuaciones a la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación -superior común-, invitando a la señora la jueza de Garantías N° 1 de Paraná a remitir las propias al citado superior común, al haber quedado trabado el conflicto positivo de competencia”, dijo.
Habrá que aguardar la decisión de la CSJN sobre la discusión: si la causa contratos continúa en el la Justicia provincial, donde este martes está prevista una audiencia para resolver recusaciones a los fiscales -Ignacio Aramberry y Patricia Yedro-; o pasa a la Justicia Federal porque el dinero sustraído habría sido usado con fines electorales.
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