De ANÁLISIS
Este martes 22 de abril, desde las 9 de la mañana, se puso en marcha en los Tribunales de Paraná la audiencia clave que definirá si la causa conocida como “Contratos Truchos” de la Legislatura provincial avanza a juicio oral. El caso investiga maniobras fraudulentas ocurridas entre 2008 y 2018, con un perjuicio económico estimado en 53 millones de dólares, presuntamente blanqueados a través de inversiones inmobiliarias y agropecuarias. En los primeros minutos ya hubo fuertes cruces y tensiones entre la defensa y la jueza que dirige la audiencia, Marina Barbagelatta.
La audiencia será encabezada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien deberá resolver si los 18 imputados que restan en la causa enfrentarán el juicio. En un inicio, el expediente contaba con 32 acusados, pero 12 de ellos accedieron a suspensiones del juicio a prueba y se espera que, en esta etapa, se resuelva un juicio abreviado para Esteban Scialocomo y un pedido de sobreseimiento para el contador Gustavo Falco.
Según lo dispuesto por la magistrada, las audiencias se desarrollarán cuatro días por semana en doble turno, con una duración estimada hasta septiembre, aunque ese cronograma podría variar en función del desarrollo del proceso.
Como contó ANÁLISIS, la jornada de mañana comenzará con el tratamiento de los pedidos de exclusión de pruebas, a partir de los planteos defensivos que cuestionan la legalidad de ciertos elementos probatorios. La jueza dispuso que estos planteos se resuelvan uno por uno y otorgó 20 minutos por intervención a cada defensa, instando a los abogados a evitar repeticiones innecesarias.
Durante la audiencia preliminar, Barbagelata fue clara en su objetivo de evitar dilaciones y optimizar el uso del tiempo. También dejó en claro que los imputados podrán seguir las audiencias de forma virtual si así lo desean, y que se organizarán los espacios en función de la presencia o no de los acusados.
La causa, considerada una de las más relevantes en materia de corrupción en Entre Ríos, apunta a una red de contrataciones falsas en la Legislatura que sirvieron como mecanismo de desvío de fondos públicos. A partir de mañana, se abre la etapa decisiva para definir si el caso llega finalmente a juicio.
18 imputados, cerca del juicio
Los imputados que quedaron en el requerimiento de elevación a juicio, son 18: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
12 acusados, con probation
La semana pasada, 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Un abreviado y un sobreseimiento
Este martes se avanzará con el acuerod de juicio abreviado para Esteban Scialocomo, quien había sido imputado por la Fiscalía por los delitos de peculado reiterado en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita en calidad de autor. En total, se le atribuían once hechos de peculado. No obstante, en el marco del acuerdo abreviado, la condena propuesta se reduciría a tres años de prisión condicional, acompañada por el pago de seis millones de pesos.
Según la investigación, Scialocomo habría desempeñado un papel activo en la logística del grupo delictivo, llevando a los cobradores hasta el banco, supervisándolos y transportando el dinero recaudado hasta sus superiores. En algunos casos, por órdenes directas de Hugo Rubén Mena o Alfredo Bilbao, él mismo habría entregado el dinero a este último.
Según describe el MPF en la remisión, Scialocomo, registra cobrados 178 cheques contra la cuenta de la Cámara de Diputados y 122 contra la Cámara de Senadores, por la suma de pesos 2.944.000 pesos y 2.291.000, respectivamente.
Otro dato que será de interés será el pedido de sobreseimiento que efectuará el MPF en favor del contador público, Gustavo Falco, quien era parte del estudio contable Integral Asesoría que funciona en calle Misiones.
De ese estudio el único que queda para ser juzgado el contador Pedro Opromolla, ya que el resto de los integrantes han logrado acceder a la suspensión de juicio a prueba. Entre ellos se encuentran el contador Krapp, el martillero público Mansilla y el Analista en Sistemas, Beber.
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